EAJ-PNV vota a favor de un presupuesto europeo para 2028-2034 más ambicioso e insiste en la implicación de las regiones en la gestión de fondos

La eurodiputada de EAJ-PNV, Oihane Agirregoitia, ha apoyado este martes la posición negociadora del Parlamento Europeo sobre el presupuesto de la UE para el período 2028-2034, que pide un aumento de la financiación de al menos el 10% respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea (hasta el 1,27% de la Renta Nacional Bruta), asignaciones financieras diferenciadas para agricultura, pesca y cohesión y la “plena implicación” de las autoridades regionales y locales en la planificación y ejecución de los programas relativos a la política de cohesión, la cooperación regional, la política agrícola y el desarrollo rural, la pesca, la seguridad, el asilo y la inmigración.

“Las autoridades regionales y locales son las que están más cerca de la ciudadanía y por tanto son quienes mejor conocen sus necesidades. Por eso, tienen que poder participar en el diseño, el seguimiento y la ejecución de los fondos como hasta ahora. Hemos logrado un informe que incluye partidas específicas para la Política Agrícola Común y la Política Pesquera, para la Política de Cohesión, para el Fondo Social Europeo y los Asuntos de Interior. Con este informe decimos no a la renacionalización del presupuesto. Tenemos que evitar que los planes de asociación regional y nacional propuestos por la Comisión aumenten la complejidad del sistema, diluyan las partidas y abran la puerta a que sean los Estados los que dicten a las regiones cómo y en qué gastar”, ha valorado Agirregoitia.

El documento aprobado por mayoría, con 370 votos a favor, 201 en contra y 84 abstenciones, alerta de que el plan único por Estado miembro planteado por el equipo de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, podría socavar las políticas de la UE, reducir la transparencia y dificultar el reparto de la financiación. De ahí la petición de dotaciones claramente definidas, basadas en una sólida dimensión territorial. También aboga por implicar a las autoridades locales y regionales en la definición de hitos y objetivos, en la ejecución de los programas y en garantizar un acceso más director a la financiación de la UE. “Las autoridades regionales y locales tienen que estar plenamente involucradas en este ejercicio”, ha insistido Agirregoitia en relación a un informe que también alerta de que la simplificación y la flexibilidad no pueden ir en detrimento ni la rendición de cuentas ni del control democrático ni de la transparencia.

La intención de la Eurocámara, que ya está lista para iniciar las negociaciones con el Consejo, es lograr un aumento de fondos para reforzar la competitividad, la innovación, la transición verde y digital, las infraestructuras, la salud, la educación y la cultura de la UE porque buena parte de ellas son claves para impulsar la autonomía estratégica de la UE. Para ello, proponen un aumento del presupuesto destinado a programas como el Fondo Europeo de Competitividad, el programa Horizonte Europa, el Mecanismo Conectar Europa, Erasmus+, AgoraEU y el mecanismo de protección civil, además de financiación específica para las acciones del programa EU4Health, las acciones relacionadas con el LIFE y las regiones ultraperiféricas como Canarias que la Comisión había propuesto eliminar y el Parlamento Europeo ha vuelto a incluir.

En relación a la campaña de “Mi voz, mi elección (My voice, my choice)”, el texto reitera que deben destinarse recursos adecuados para la lucha contra la violencia de género y al apoyo a la salud y los servicios sexuales y reproductivos, a las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y a las iniciativas y organismos de la UE que promueven la igualdad real entre las personas, independientemente de su género, edad, orientación sexual o raza.

Por último, el informe deja claro que la adopción de nuevos recursos propios, aunque es prerrogativa del Consejo, es requisito necesario para que el Parlamento Europeo de su consentimiento a la aprobación del nuevo marco financiero plurianual. El objetivo es generar entorno a 60.000 millones anuales. Entre las posibles alternativas figuran un gravamen sobre los servicios digitales, un gravamen sobre el juego en línea, una ampliación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) o un gravamen sobre las plusvalías de criptoactivos.