El Grupo Vasco apoya por "responsabilidad y coherencia" el decreto de vivienda que protege a las personas vulnerables y mejora la situación de los pequeños propietarios, y reitera su rechazo al segundo

El Grupo Vasco será “coherente” con la postura defendida hasta ahora y actuará con “responsabilidad”, de forma que mantendrá su voto favorable al Decreto Ley de medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible que se ha aprobado este martes y reiterará su rechazo al decreto ley que apunta a la renovación automática de los contratos.

La portavoz del Grupo Vasco, Maribel Vaquero, ha comunicado, en rueda de prensa en Bilbao, la decisión de EAJ-PNV respecto a estos decretos ley tras haber constatado que el texto del primero introduce algunas modificaciones propuestas por la formación jeltzale al Ministerio de Vivienda. La semana pasada el Grupo Vasco señaló que el texto tenía “importantes carencias” técnicas y ha trabajado para que el Gobierno mejore la redacción de la norma y queden garantizadas las dos cuestiones fundamentales que defiende EAJ-PNV: “Protección de las personas vulnerables y defensa del pequeño propietario, bajo el principio de seguridad jurídica”, en palabras de Vaquero.

Vaquero ha explicado que la formación mantiene las reservas sobre el alcance real de este decreto y ha apuntado que sigue siendo un “parche” que no soluciona el actual problema de la vivienda, por lo que ha señalado que EAJ-PNV seguirá trabajando para impulsar nuevas medidas: “Desde una visión integral para que lo que se decide sea efectivo. No sólo para proteger a los que hoy están, sino también a los que quieran acceder en el futuro. No hay vivienda suficiente, se necesita construir más y dar seguridad a los propietarios, que en Euskadi aportan hoy el 81% del total de la vivienda de alquiler, mientras las instituciones públicas aportan el 16%, que es el doble que en el Estado, pero aún insuficiente”.

Asimismo, Vaquero ha defendido que el decreto limitará más la compra por parte de los llamados fondos buitre -por debajo del 70% del precio del mercado- “reforzando la protección a los inquilinos vulnerables”.

Igualmente, el Grupo Vasco ve positivo que se regule el alquiler de temporada, “la gran fuga de vivienda habitual”, tal y como denunció el Grupo Vasco durante la tramitación de la Ley de Vivienda de 2023. “Los que aprobaron la ley en 2023 dejaron la puerta abierta al fraude de ley. En Euskadi han bajado las fianzas de alquiler habitual en un casi 28 % y se ha incrementado en más del 52 % las de alquiler temporal”, ha explicado.

Respecto al decreto ley por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, que tiene como eje principal la renovación automática de los contratos, Vaquero ha explicado que el Grupo Vasco mantiene su posición: “Supone un ataque al pequeño propietario” y sería “contraproducente” para el objetivo que dice buscar. Es más, la formación jeltzale entiende que esta propuesta del Gobierno español es un “ataque” al pequeño propietario y retraería la oferta de la vivienda de alquiler en el mercado y, por tanto, sería “perjudicial” para la ciudadanía.

Valoración sentencia del TC sobre amnistía

Vaquero también ha valorado positivamente la decisión adoptada hoy por el Tribunal Constitucional acerca del alcance de la amnistía: “En EAJ-PNV siempre hemos defendido que la ley de amnistía debía entenderse en su integridad y no solo en parte. Ese fue siempre el espíritu de la ley que el Congreso, democráticamente, aprobó por mayoría. El TC lo ha entendido así y es una muy buena noticia la decisión que ha adoptado hoy”.

La sentencia, que afirma que la amnistía debe aplicarse también a la malversación por la que se condenó a varios líderes catalanes que participaron en el procés, tiene su origen en los recursos presentados por Jordi Turull y Dolors Bassa, pero “la doctrina es clara” y desencadena a su vez que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya levantado la orden de detención que pesaba sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont.

“Las causas políticas no deben terminar en los tribunales. Este asunto nunca debió llegar a los juzgados. Nos alegramos de que finalmente la sentencia se haya puesto del lado de la política y sea coherente con lo que dijo y aprobó una mayoría parlamentaria.”.