El Congreso inicia a instancia del Grupo Vasco el trámite para suprimir la obligatoriedad de la negociación extrajudicial en los procesos de familia con menores

El Congreso aprueba este martes iniciar la tramitación de una Proposición de Ley impulsada por el Grupo Vasco para agilizar los procesos de familia con menores de edad con el fin de proteger el interés superior del menor en los casos en los que el enfrentamiento entre los progenitores dificulta el acuerdo.

El objetivo de esta iniciativa, como ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Grupo Vasco, Maribel Vaquero, es “agilizar” estos procesos cuando la discrepancia entre los progenitores “puede perjudicar al menor, por eso la Proposición de Ley plantea, entre otras cosas, eliminar la obligación de acudir previamente a medios de solución de controversias cuando estén en juego derechos de los menores como la alimentación, la vivienda o la relación con ambos progenitores”.

La Proposición de Ley de reforma de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia en el servicio público de Justicia y de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto a los procesos de familia con personas menores de edad, registrada por el Grupo Vasco y apoyada hoy por la mayoría del Congreso sostiene que “el objeto de las discrepancias en el ejercicio de la patria potestad suele estar relacionado con cuestiones que deben resolverse con cierta urgencia, como la autorización para cambio de colegio, un viaje, un acto religioso, una actividad extraescolar o el inicio de una terapia”.

“Todas y todos conocemos las peculiaridades emocionales que presentan las rupturas inamistosas de las parejas o las discrepancias en el ejercicio de la patria potestad”, ha explicado el diputado jeltzale Mikel Legarda durante el debate. “Son casi siempre situaciones de duelo” de alta intensidad emocional y “el filtro de la racionalidad, que con carácter general puede suponer el requisito de procedibilidad para propiciar acuerdos tempranos que eviten la apertura de los procedimientos judiciales” no suelen tener el resultado urgente que se necesita. “En los procedimientos de familia, que en más ocasiones de las deseables son conflictos emocionales envenenados, la presencia de menores reclama no dilatar estas situaciones de alta conflictividad a través de un obligatorio trámite previo a la demanda, porque además de añadir tensión a las relaciones entre la pareja expone a los menores a situaciones perjudiciales de incertidumbre que les desprotege”, ha añadido.

Así, el texto propone que queden excluidos de las medidas de resolución de controversias, entre otros, los casos en los que hay una interposición de una “demanda ejecutiva”, una “solicitud de diligencias preliminares” o una “separación, divorcio y nulidad matrimonial o demanda de medidas paterno filiales, solicitud de medidas cautelares, medidas provisionales previas a la demanda y demanda de modificación de medidas, cuando en dichos procedimientos se soliciten, entre otras medidas, las que afecten a derechos de los menores”.

Igualmente se propone una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que se añada que será “preceptiva la celebración de vista” y que la incomparecencia sin causa justificada de una de las partes “podrá determinar que se consideren admitidos los hechos alegados por la parte que comparezca para fundamentar sus peticiones sobre medidas definitivas de carácter patrimonial”.

Esta Proposición de Ley ha sido defendida por el Grupo Vasco en el Congreso mediante enmiendas a otras iniciativas y como Proposición no de Ley durante toda la legislatura y busca que cuando las circunstancias vitales llevan a los progenitores a procesos de separación o conflicto, el ordenamiento jurídico ponga el menor número de pegas posibles a la resolución de la disputa para garantizar el interés superior del menor.

La formación jeltzale defiende la mediación o la conciliación previas a un juicio, pero considera que en los procesos de familia con menores no está surtiendo el efecto deseado. “No hay un descenso sostenido de los asuntos judiciales en favor de un crecimiento equivalente de los mutuos acuerdos. En la práctica se estima que existen más de 17.000 demandas en los despachos de los abogados pendientes de formalización de la demanda previo cumplimiento del requisito del MAC”, ha apuntado Legarda, quien ha detallado que “anualmente en España aproximadamente se encuentran 300.000 menores afectados por procesos judiciales de familia como consecuencia de rupturas de parejas matrimoniales".