Aprobada la modificación de la Ley de Empleo Público impulsada por EAJ-PNV para consolidar el modelo de euskaldunización de la administración vasca
El nuevo texto legal es un paso adelante para el euskera y permitirá avanzar con seguridad jurídica en una política proporcionada, razonada y eficaz de la planificación lingüística
25Junio25 Junio |
Parlamento Vasco
El Parlamento Vasco ha aprobado esta mañana la proposición de Ley impulsada por EAJ-PNV para modificar la Ley 11/2022 de Empleo Público Vasco. Este nuevo marco normativo consolida el modelo de euskaldunización de la administración vasca, un modelo de éxito que ha permitido avanzar en los derechos lingüísticos durante las últimas décadas, y va a garantizar la seguridad jurídica de las ofertas públicas de empleo. Al tiempo, este nuevo escenario ofrecerá las herramientas necesarias para avanzar en una aplicación proporcionada, razonada y eficaz de la planificación lingüística en las administraciones de Euskadi.
La propuesta del grupo parlamentario jeltzale ha sido aprobada en el Pleno celebrado esta mañana en la Cámara de Gasteiz con los votos a favor de EAJ-PNV y la abstención de Bildu y es fruto de un acuerdo político entre las dos formaciones.
“Se trata de un paso adelante para el euskera. El nuevo texto legal ofrece estabilidad, saca al euskera de la bronca política y, como refleja el acuerdo político alcanzado, es una vía adecuada y técnicamente prudente para responder a la situación actual”, ha explicado durante su intervención Markel Olano, el responsable de euskera de EAJ-PNV en el Parlamento Vasco y burukide del ámbito del Euzkadi Buru Batzar.
La modificación de la Ley de Empleo Público Vasco incorpora la figura de las preceptividades diferidas en las ofertas públicas de empleo. De este modo, las administraciones podrán convocar plazas con perfil lingüístico cuya exigencia se posponga en el tiempo, permitiendo que las personas aspirantes accedan inicialmente al puesto sin haber acreditado el nivel de euskera requerido y dispongan posteriormente de un plazo para obtenerlo. Durante ese periodo, la propia administración deberá facilitar la formación necesaria para favorecer la acreditación del perfil lingüístico correspondiente. En todo caso, el conocimiento del euskera seguirá valorándose como mérito en estos procesos.
La reforma también refuerza la autonomía de las administraciones públicas vascas a la hora de planificar la normalización lingüística y diseñar sus ofertas de empleo. Cada institución deberá determinar con el máximo rigor qué plazas tienen asignada una fecha de preceptividad y cuáles no, justificándolo mediante criterios de proporcionalidad vinculados a las funciones del puesto, los criterios lingüísticos de uso aprobados por la propia entidad y la realidad sociolingüística de su ámbito de actuación. Asimismo, la ley elimina la aplicación automática de índices generales de obligado cumplimiento y prevé que cada administración pueda establecer los suyos propios dentro del marco reglamentario que desarrollará el Gobierno Vasco.
