EAJ-PNV insiste en blindar y proteger el euskera y reafirma su apuesta por una solución "centrada y realista" para la Ley de Empleo Público

Bajo el título ‘Euskara erdigunean’ más de 150 personas se han reunido hoy en Sabin Etxea para celebrar una jornada en torno al euskera, a su blindaje y protección, coincidiendo con la tramitación de la reforma de la Ley de Empleo Público. Con el presidente Aitor Esteban y los burukides Andoni Busquet y Markel Olano, acompañados también por la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística Ibone Bengoetxea, los y las representantes jeltzales con responsabilidades en el ámbito del euskera en distintos niveles de la administración han reflexionado sobre la situación actual de nuestra lengua y han reafirmado el compromiso de EAJ-PNV con ella y con un modelo lingüístico que se ha demostrado exitoso “fruto de los consensos logrados en 1982 con la aprobación de la Ley del Euskera”.

Así, y después de que distintas resoluciones judiciales hayan anulado los procesos para acceder a empleos públicos por los requisitos lingüísticos de las plazas ofertadas, EAJ-PNV afronta “esta realidad desde la responsabilidad y el compromiso con el euskera” para encontrar “una solución centrada, lejos del inmovilismo de unos y el maximalismo de otros”.

Ese es el objetivo con el que ha trabajado EAJ-PNV a lo largo de los últimos meses y con ese mismo objetivo también ha presentado una modificación de la Ley de Empleo Público en el Parlamento Vasco. Lo que se pretende no es otra cosa que garantizar la seguridad jurídica de los procesos y también proteger a las personas que se presentan a los mismos. Se propone una estrategia gradual con seguridad jurídica y se ofrece a evaluar los efectos de las medidas en el medio plazo.

En concreto, la formación jeltzale propone que las administraciones públicas puedan establecer plazas con perfil lingüístico cuya exigencia se difiere en el tiempo. De este modo, las personas podrán acceder a esos puestos sin acreditar inicialmente el perfil lingüístico, disponiendo posteriormente de un plazo para alcanzarlo con el compromiso de la propia administración de facilitar la formación necesaria. El conocimiento de euskera será un mérito también en esos casos.

Además, el texto recoge que cada administración deberá contar con su propio índice de obligado cumplimiento que determinará con el máximo rigor qué plazas tienen fecha de preceptividad y cuáles no, justificándolo mediante criterios de proporcionalidad que tengan en cuenta la función del puesto, los criterios lingüísticos de uso y la realidad sociolingüística del entorno. Dichos criterios serán determinados en el Decreto que se aprobará con posterioridad. De la misma forma, desaparecerá el índice general de obligado cumplimiento, tal y como ha planteado desde el principio EAJ-PNV, al ser uno de los elementos más débiles de la actual normativa desde el punto de vista jurídico.

En definitiva, un planteamiento “valiente”, “sólido en términos jurídicos y con garantías de futuro, que suponga un avance progresivo en defensa de nuestros derechos lingüísticos y nuestro modelo de euskaldunización”.