EAJ-PNV pide en el Senado que el Gobierno español reconozca la responsabilidad directa del Estado en los crímenes del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz

A través de una moción, que defenderá en el Pleno que coincide con el 50 aniversario de la masacre, reclamará también la derogación de la Ley de Secretos Oficiales y la desclasificación de la documentación correspondiente a los sucesos

EAJ-PNV pide en el Senado que el Gobierno español reconozca la responsabilidad directa del Estado en los crímenes del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz 25Febrero
25 Febrero |
Senado

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El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado lleva al Senado la reclamación al Gobierno español para que reconozca la “responsabilidad directa” del Estado en los crímenes del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz. Esta mañana, EAJ-PNV ha presentado una moción, que defenderá en el pleno de la semana que viene, en la que, además de condenar la masacre que causó la muerte de cinco trabajadores y dejó a cientos de personas heridas a manos de la Policía Armada, también demandará derogar la Ley de Secretos Oficiales y desclasificar toda la documentación correspondiente a los citados sucesos, “con el fin de conocer la verdad como deber de memoria democrática, dignificación y resarcimiento a las víctimas”.

La moción la presentará la portavoz abertzale en la Cámara alta, Estefanía Beltrán de Heredia, que en la iniciativa registrada ha recordado que, si bien se han dado pasos en el reconocimiento a las víctimas y con la creación del Memorial en la iglesia de San Francisco de Asís, declarado por el Gobierno como lugar de Memoria Democrática, “sin embargo, no ha habido un reconocimiento explícito de la responsabilidad del Estado en los hechos, y falta conocer toda la verdad sobre lo sucedido; una información que se mantiene oculta bajo la llave de la Ley de Secretos Oficiales. Y sin verdad no hay justicia ni tampoco reparación”. Beltrán de Heredia ha apelado a la desclasificación de los documentos relacionados con el golpe de Estado de 23 de febrero de 1981, anunciada esta semana por el presidente Pedro Sánchez, señalando la disparidad del criterio del Gobierno central. “Misma ley, distinta aplicación”, ha advertido.

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