El Grupo Vasco pide una revisión de los contratos de servicios en el sector público para adaptarlos al SMI

La diputada del Grupo Vasco Idoia Sagastizabal ha pedido hoy al Gobierno una revisión de contratos en el sector público para garantizar que “el impacto de la subida del SMI en las empresas que prestan servicios en la Administración no comprometa los derechos de las personas trabajadoras ni la calidad en la prestación de dichos servicios”. Y ha querido dejar claro: “Esto no va de proteger márgenes empresariales, va de proteger servicios públicos y empleos”.

“La subida del SMI es una buena noticia, mejora los salarios más bajos y combate la precariedad. Pero hay un efecto del que casi no se habla. Muchos servicios públicos del día a día, la limpieza de colegios y hospitales, la ayuda a domicilio, la atención social o la jardinería no los presta directamente la Administración. Los prestan empresas privadas, entidades sociales y empresas de inserción a través de contratos públicos. Y en estos contratos, la mayor parte del coste son los salarios”, ha explicado la diputada jeltzale. “El problema es que la ley no permite actualizar el precio del contrato para cubrir esa subida salarial, aunque los sueldos representen más de la mitad del presupuesto”, ha añadido.

Y cuando una obligación legal sobrevenida incrementa los costes y no se permite adaptar el contrato, “quienes acaban pagando las consecuencias son las trabajadoras y las entidades sociales”, pues esto afecta a sectores donde trabajan mayoritariamente mujeres y a empresas que trabajan con personas en riesgo de exclusión, “y la ciudadanía que recibe esos servicios”.

Cuando una empresa se presenta a una licitación “no sabe si el SMI va a subir, ni cuánto, y si sube no puede actualizar el precio del contrato, aunque la subida sea posterior a la adjudicación”, ha apuntado Sagastizabal, que ha detallado que el Grupo Vasco presentó una enmienda “para contratos intensivos en mano de obra, con límites cuantitativos, que el Gobierno vetó, bloqueando la única vía real para adaptar contratos ante subidas salariales obligatorias”. La deducción fiscal que el Ejecutivo de Pedro Sánchez propuso a la CEOE muestra, según Sagastizabal, que el Gobierno comparte el diagnóstico del Grupo Vasco.

El problema, ha concluido la diputada jeltzale, es que “no se puede defender una subida del SMI y al mismo tiempo mantener unas reglas diseñadas entonces por el PP para congelar precios en una plena etapa de recortes, en plena austeridad”.