El Grupo Vasco registra una reforma de la Ley del TC para que sea quien decida sobre las cuestiones competenciales
La portavoz del Grupo Vasco, Maribel Vaquero, ha lamentado que haya tribunales ordinarios rechazando las transferencias entre el Gobierno español y el Gobierno Vasco que “son beneficiosas para nuestra ciudadanía”, como es el caso de las homologaciones universitarias
Maribel Vaquero, portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, ha informado de que este mismo viernes se ha registrado en el Congreso la Proposición de Ley del Grupo Vasco de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con la que la formación jeltzale, ante la falta de un árbitro neutral, busca asegurar que los tribunales ordinarios no bloqueen los acuerdos sobre los traspasos de competencias.
“Pedimos que el tribunal final, la jurisdicción, sea del TC. Porque ahora son los tribunales ordinarios los que dictan sentencias en ese ámbito de las competencias. Y esas sentencias a veces entran en el fondo, en torno al ámbito competencial, y se están rechazando las decisiones que se están tomando entre el Gobierno español y el Gobierno vasco”, ha explicado en una entrevista en Euskadi Irratia. “Lo que nosotros pedimos es que sea el Tribunal Constitucional el que tenga la última palabra en estas cuestiones”.
De esta forma, el Grupo Vasco cumplimenta lo anunciado hace una semana durante una pregunta parlamentaria de Vaquero a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, cuyo respaldo espera recibir, según ha reiterado hoy mismo.
“Las decisiones que finalmente tomamos, y que se toman en las comisiones bilaterales, como es el tema de las homologaciones universitarias, son decisiones que benefician a nuestros ciudadanos”, ha justificado la portavoz jeltzale. “Al final, como vimos en la homologación de títulos, varias personas que necesitamos para Osakidetza… doscientas personas se detuvieron como en un limbo. Lo que queremos es que cuando esa transferencia se acuerde, esa transferencia se haga realidad”.
Según explica la iniciativa registrada, “los acuerdos de las comisiones mixtas de transferencias y de las juntas de seguridad están preordenados a complementar una parte relevante del bloque de constitucionalidad, como es la distribución de competencias. El artículo 161.1.c) de la Constitución atribuye al Tribunal Constitucional el conocimiento de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí. Es por ello necesario habilitar una instancia procesal que abra la posibilidad a que el Tribunal Constitucional, como el órgano superior en garantías constitucionales que es según el art. 123.1 Constitución, pueda revisar la interpretación de las competencias estatales o autonómicas”.
En el siguiente enlace se puede acceder a la iniciativa registrada:
