La portavoz del Grupo Vasco ha puesto ejemplos de la necesidad de esta modificación, como la reciente sentencia del TS, que “excediéndose en sus funciones”, ha anulado la transferencia de homologación de títulos entre el Gobierno Vasco y el Gobierno español: “Genera indefensión a las personas que no han podido homologar su título e imposibilita la incorporación de personal sanitario, tan necesario en estos momentos”
Maribel Vaquero, portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, ha anunciado ante Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, la presentación por parte del Grupo Vasco de una iniciativa legislativa para que el Tribunal Constitucional sea este el último órgano que decida sobre las cuestiones competenciales. EAJ-PNV lamenta que tribunales ordinarios estén impidiendo el cumplimiento de los acuerdos de las Comisiones Mixtas de Transferencias y Juntas de Seguridad previstas en los Estatutos de Autonomía.
En su primera pregunta de control al presidente del Gobierno central, Vaquero ha lamentado “a los tribunales ordinarios, y en última instancia al TS, se les está otorgando una jurisdicción que excede de sus funciones y que vulnera la tutela judicial efectiva”. El PNV aboga por un árbitro neutral, pero entre tanto la portavoz del Grupo Vasco solicita ajustes en el TC: “Pedimos un árbitro justo, pedimos seguridad jurídica”.
Como ejemplo de tribunales ordinarios que entran a juzgar el marco competencial, Vaquero ha mencionado lo sucedido en Nafarroa en relación con el acuerdo de traspaso en materia de Tráfico o lo relativo a la transferencia de homologación de títulos universitarios extranjeros “que pretendía cubrir parte de la necesidad de personal médico en Euskadi”. Esta sentencia del Tribunal Supremo obligó a suspender las 800 homologaciones previstas, “generando indefensión a las personas que no han podido homologar su título e imposibilitando la incorporación de personal sanitario, tan necesario en estos momentos”.
Los acuerdos de las comisiones mixtas de transferencias y de las juntas de seguridad están preordenados a complementar una parte relevante del bloque de constitucionalidad, como es la distribución de competencias. El artículo 161.1.c) de la Constitución atribuye al Tribunal Constitucional el conocimiento de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí. Es por ello necesario habilitar una instancia procesal que abra la posibilidad a que el Tribunal Constitucional, como el órgano superior en garantías constitucionales que es según el art. 123.1 Constitución, pueda revisar la interpretación de las competencias estatales o autonómicas.
El Grupo Vasco confía en recibir el apoyo de los grupos parlamentarios del Congreso para sacar adelante esta necesaria iniciativa legislativa.