El alto tribunal deberá decidir sobre el asunto el próximo sábado. A decir verdad, después del tortuoso camino recorrido hasta aquí, nadie debería extrañarse si el Tribunal Supremo atiende ambas impugnaciones y Aukera Guztiak queda definitivamente excluida del proceso electoral y, por supuesto, también ilegalizada.
Se veía venir. Pocas veces como en este caso se han visto funcionar tan sincronizadamente, con un ritmo tan frenético, con tan alta minuciosidad, a todos los aparatos del Estado. Políticos, jueces, fiscales, servicios de inteligencia, archiveros y funcionarios catastrales han dedicado dos semanas intensivas a investigar preventivamente a candidatos, avalistas y promotores de Aukera Guztiak. Todo ello con un único propósito decidido de antemano: impedir su participación en las elecciones del 17-A.
A la vista de tanta dedicación y tan probada eficacia, cabe preguntarse si la viabilidad legal de una plataforma electoral es cuestión tan trascendental para la supervivencia del Estado que ha precisado tanto esfuerzo y tanta diligencia. Quienes han llevado a cabo esta misión y quienes la han promovido, alentado y aplaudido, dicen haberlo hecho para que se cumpla la ley. La casualidad ha querido que el fenómeno Aukera Guztiak haya coincidido en el tiempo con el vidrioso asunto del 3% en las obras públicas y la financiación de partidos como fondo, con el desmantelamiento de la punta del iceberg de la corrupción mafiosa en la Costa del Sol y con la divulgación de un informe sobre torturas en Euskal Herria.
Sería de agradecer que los poderes públicos dedicasen la misma diligencia a investigar las denuncias contra la delincuencia de guante blanco, la corrupción político inmobiliaria y el trato a los detenidos. Hágase cumplir la ley, por supuesto, pero toda la ley y para todos.
