El Grupo Vasco defiende una regulación sobre lobbies pero critica el procedimiento y el alcance del decreto del Gobierno español: “No se trata de todo o nada”

El diputado del Grupo Vasco Mikel Legarda ha defendido este miércoles en el Congreso la necesidad de aprobar una norma sobre los lobbies y grupos de interés en el marco de la lucha contra la corrupción, algo que cada año se exige desde distintos organismos estatales e internacionales y que “contribuirá a la mejor gobernanza del sector público”, que exige una interlocución continua con la sociedad que debe ser “transparente”, “con publicidad”, con registro para su “trazabilidad” y una “autoridad independiente de supervisión” porque todo esto es lo que permite a la ciudadanía participar y fiscalizar la toma de decisiones en una sociedad democrática.

Sin embargo, el Grupo Vasco se ha mostrado crítico con el Real Decreto-ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés aprobado por el Gobierno español por distintas razones. Por un lado, el procedimiento. Legarda ha cuestionado al Ejecutivo por haber aprobado por decreto un texto que estaba ya en tramitación en el Congreso y en negociación por parte de los grupos parlamentarios, creando así un “precedente institucional” que el Grupo Vasco rechaza. “No podemos minimizar que el Gobierno interrumpa una tramitación parlamentaria de un proyecto de ley para mutarla en un Real Decreto”, que se hace, “según dice el Gobierno, para cumplir con Europa y recibir fondos, pero yendo mucho más allá de lo que exigido” por Bruselas.

Precisamente la falta de mayoría suficiente durante la tramitación “aconsejaba que el contenido de este decreto no fuera tan definitivo, tan categórico y tan de objetivos y contenidos a máximos”, ha explicado Legarda, añadiendo así su segunda crítica. “En vez de optar por una regulación que se incorpore a los estándares medios” europeos como primer paso, se opta por un “non plus ultra regulatorio” que, junto al procedimiento, su justificación y la falta de negociación, “dificultan su convalidación”.

El Grupo Vasco, que se abstendrá en la votación de este miércoles, sugiere así al Gobierno español que presente un nuevo decreto que dé cumplimiento a lo que propone la Comisión Europea y se exige desde múltiples organismos, que según ha aclarado Legarda se resumen en un registro público de organizaciones que busquen influir en las políticas públicas, un organismo supervisor independiente con capacidad y medios para vigilar y un régimen sancionador en caso de infracción. Esto posibilitaría que “España se incorpore al main stream regulatorio de los países de la Unión”, con un contenido de “menos densidad normativa” y “más realismo en atención al logro de la mayoría”, ha explicado.

Parafraseando a la autora británica Jean Morris que retrató en el libro de viajes ‘Spain’ a los españoles como personas a quienes les gustan las cosas “definitivas y categóricas”, “la certeza y lo definitivo” y que prefieren el “todo o nada”, Legarda ha apuntado que este decreto es el reflejo de este carácter y que en este escenario parlamentario esta es una debilidad: “No se trata de todo o nada”.