EAJ-PNV plantea varias medidas para mejorar la eficiencia de la Ley del Servicio Público de Justicia

El Grupo Parlamentario Vasco ha reclamado al Gobierno español que habilite “los medios materiales y humanos necesarios” para la adecuada implantación de la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. De no hacerlo convenientemente, el proceso “corre el riesgo evidente de derivar en un caos operativo”, ha advertido el senador Igotz López, hoy en la moción consecuencia de la interpelación que realizó ayer al ministro de Justicia, en la que ha propuesto un total once medidas en diversos ámbitos.

Entre estas demandas que ayer ya avanzó el senador jeltzale al ministro Félix Bolaños, reclama una dotación de jueces suficiente que garantice la tutela judicial efectiva mediante sentencias rápidas para solventar problemas como el de la multirreincidencia o la okupación. Dado que el Estado presenta una ratio de 11,5 jueces por cada 100.000 habitantes, “el objetivo estratégico debe ser converger de manera progresiva con los estándares de referencia europeo”, con una media por encima de los 18 jueces. Este déficit impacta en la especialización protectora del sistema, generando parálisis en el avance de las secciones especializadas de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, mientras sigue sin culminarse la implantación y dotación suficiente de las secciones de Violencia contra la Mujer.

La iniciativa de EAJ-PNV también pide articular los Medios Alternativos de Solución de Controversias como un método de solución de conflictos intrajudicial obligatorio, ya que la imposición de estos medios como un requisito previo está provocando que no se tomen a tiempo medidas necesarias de protección de menores. “Su incorporación requiere un profundo cambio cultural que exige más información, formación y concienciación sectorial”.

En el plano tecnológico, la moción emplaza al Ministerio de Justicia a dar un impulso político firme para que el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica posibilite que se supere la falta de interoperabilidad entre las plataformas de gestión procesal en los territorios en los que se ha implantado la administración electrónica, facilitando que “los distintos sistemas informáticos se comuniquen y ‘hablen’ entre ellos de forma homogénea”.  Asimismo, el texto jeltzale exige activar de forma inmediata los mecanismos de gobernanza colaborativa contemplados en la ley, para lo que considera “imperativo” conformar y poner en marcha la Comisión Estatal para la Calidad del Servicio Público de Justicia. “Debe concebirse y operar, no como un instrumento de crítica o fiscalización política, sino con una naturaleza nítidamente técnica, cercana y aclarativa; un verdadero instrumento de ayuda para diagnosticar las desviaciones del despliegue, aportar soluciones conjuntas y acompañar con éxito la transición estructural del sistema de justicia”.