Vaquero pide al Gobierno español que aborde los "agujeros negros" de la Ley de Vivienda y deje los parches

La portavoz del Grupo Vasco, Maribel Vaquero, ha pedido este martes que se adopten en el Congreso los cambios normativos necesarios para abordar “los agujeros negros de la Ley de Vivienda”, cuyas consecuencias, de las que ya advirtió la formación jeltzale cuando se aprobó hace tres años, se están viendo ahora.

Ha lanzado esta petición en un pleno en el que se debaten varias iniciativas en materia de vivienda, en concreto, durante la Proposición no de Ley impulsada por el PSOE para reforzar los mecanismos de control en los procesos de adjudicación de vivienda protegida. Vaquero ha recordado que en Euskadi se han adoptado ya medidas en la línea propuesta, pero ha apuntado que, estando de acuerdo en cada uno de los ocho puntos de la iniciativa, el Grupo Vasco la rechaza porque en la exposición de motivos queda claro que el objetivo es limitar las competencias autonómicas y la formación jeltzale no puede apoyar propuestas que busquen limitar el autogobierno vasco: “Una vez que se abre esa puerta es difícil cerrarla”.

“Sería mejor que dediquen sus esfuerzos a lo que sí es competencia de esta Cámara, como, por ejemplo, la modificación de la ley de arrendamiento urbano. Cojan ese toro, retóquenlo ya para que el alquiler habitual no se desplace al de temporada, donde los precios se disparan y la oferta no se adecua a las necesidades de las familias que buscan una vivienda. Este fue uno de los agujeros negros de la Ley de vivienda y hoy estamos viendo sus consecuencias. No es la solución definitiva, no la hay en una crisis habitacional como esta si no se opera de forma integral y sin parches, que son los que están generando también la inseguridad jurídica que está provocando que la oferta sea cada vez menor”, ha apuntado, refiriéndose así a los pequeños propietarios que sacan sus viviendas del mercado porque no tienen garantías.

Este martes también se ha debatido una Proposición no de Ley impulsada por Sumar para frenar la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso a una vivienda digna, una cuestión que ya se ha debatido hace apenas unos meses en la Cámara. Vaquero ha criticado que “se mete en el mismo saco a personas jurídicas, a empresas y fondos buitres, pero no todo es lo mismo, no todo son fondos buitres”, una simplificación que atribuye “a la búsqueda de culpables y no a la búsqueda de soluciones, cuando lo que hay que buscar son aliados en la causa común, que es facilitar el acceso a una vivienda digna a todas las personas”.

“La colaboración público-privada, que empieza a tener adeptos incluso hasta en partidos políticos que antes la demonizaban, va a ser también necesaria para incrementar el parque público de vivienda, o la rehabilitación de la ya existente”, ha señalado. “Pero el modelo no es la prohibición, sino limitar su actividad de tal manera que se garantice la función social de la vivienda”, ha insistido la portavoz jeltzale, que se ha mostrado dispuesta “a estudiar el impacto de estas sociedades y fondos de inversión en la crisis de vivienda, en analizar las diferentes modificaciones legales para frenar la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso a una vivienda digna”, pero “con datos y con seguridad jurídica”. 

En cuanto a la toma en consideración de la Proposición de Ley impulsada por el PP contra la ocupación ilegal de inmuebles y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, el diputado Mikel Legarda se ha opuesto a la definición de ocupación ilegal de inmueble que propone la iniciativa, así como a la propuesta para habilitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad para la recuperación cautelar de las viviendas para sus propietarios, algo que ha calificado como “desproporcionado”.

Sin embargo, se ha preguntado si “los procedimientos judiciales existentes” son suficientes, por lo que el Grupo Vasco opta por la abstención en la toma en consideración de la Proposición de Ley.  “A nuestro grupo parlamentario lo encontrarán en el camino de encontrar respuestas judiciales eficaces” para la recuperación inmediata de la propiedad usurpada, “sin perjuicio de la intervención de los servicios sociales cuando el ocupante se encuentra en situación de necesidad”, ha defendido Legarda.