En las últimas semanas muchos vecinos y vecinas de Andoain han vivido con preocupación una situación injusta: la obligación comunicada por el Ayuntamiento de tener que pagar una deuda de hace 20 años, desconocida hasta ahora por los vecinos, y que correspondía pagar a diferentes empresas del ámbito de la promoción inmobiliaria vinculadas a la Junta de Compensación, que no asumieron su responsabilidad.
13AbrilUn asunto que ha afectado a más de 1000 vecinos, con importes que llegan a superar los 1000€. Desde EAJ-PNV Andoain hemos seguido de cerca este asunto y hemos pedido explicaciones al Ayuntamiento para entender qué ha ocurrido, cómo se ha llegado hasta aquí y definir cuáles han sido las posibles responsabilidades del Ayuntamiento. Las respuestas recibidas dejan cuestiones muy preocupantes en el aire.
El Ayuntamiento reconoce que formaba parte de la Junta de Compensación, representado por el alcalde o alcaldesa en cada momento. Sin embargo, afirma que tuvo conocimiento del litigio cuando la sentencia ya era firme.
• ¿Los representantes políticos del Ayuntamiento en la Junta de Compensación no tenían conocimiento de lo que se estaba gestando?
Esto abre preguntas inevitables:
• ¿Cuántas reuniones de la Junta de Compensación se celebraron?
• ¿Acudió el Ayuntamiento a esas reuniones?
• ¿Se trataron en ellas cuestiones tan relevantes como la liquidación de las obras o el conflicto judicial posterior?
• ¿Existen actas de esas reuniones?
• ¿Por qué el Ayuntamiento no tomó la iniciativa como miembro de la Junta?
• ¿Qué ocurrió con la garantía económica depositada por la Junta de Compensación?
También resulta difícil de entender que la Junta de Compensación ni siquiera compareciera en el procedimiento judicial para defender su posición.
Y surge otra cuestión igualmente preocupante: ¿Cómo es posible que el Ayuntamiento haya permitido que los miembros originales de la Junta hayan podido desentenderse de sus obligaciones y desaparecido sin afrontar sus obligaciones?
Años de inacción
Las propias respuestas del Ayuntamiento indican que desde hace tiempo se conocía la posibilidad de que los actuales propietarios pudieran acabar teniendo que asumir esa deuda.
Sin embargo, los vecinos no fueron informados hasta hace apenas unos meses, cuando ya había una resolución judicial firme que establecía esa obligación de pago. ¿Por qué si se conocía esta información no se ha informado a los afectados antes para que pudiesen defenderse?
Durante esos años de silencio e inactividad la deuda ha seguido generando intereses, superiores al 5 % anual, lo que podía haber agravado aún más el perjuicio económico para muchas familias de Andoain.
La lucha de los vecinos
En este proceso también ha quedado claro algo importante: la ciudadanía de Andoain ha reaccionado.
Desde que se avisó, hace unas semanas, de la inminente obligación de pago, más de 300 vecinos demandaron información al Ayuntamiento con carácter de urgencia, mostrándose preocupados y requiriendo aclaraciones y responsabilidades. Posteriormente, más de 250 personas afectadas participaron en la reunión convocada en Bastero para mostrar al Ayuntamiento su desacuerdo con esta injusticia. Y tras no recibir una solución positiva, un grupo de vecinos decidió organizarse en una plataforma para defender los intereses de las personas afectadas.
A ello se ha sumado la presión de los grupos políticos que, en representación de la ciudadanía, hemos exigido transparencia y claridad en la gestión.
La responsabilidad de un Ayuntamiento
Claramente influida por el fuerte malestar social y preocupación ciudadana, y a la vista del activismo vecinal, finalmente la empresa Amenabar decidió renunciar al cobro y retirar la demanda. Así lo ha afirmado en los medios de comunicación y en el juzgado la propia constructora.
Pero, en la nota de prensa difundida, el actual gobierno municipal ha querido presentar la resolución positiva como resultado de unas largas gestiones realizadas para conseguir que la empresa Amenabar renunciara al cobro de la cantidad debida. Pero esa explicación genera nuevas contradicciones.
Por un lado, en las respuestas oficiales remitidas por escrito a EAJ PNV se afirma que el Ayuntamiento no había realizado gestiones más allá de las necesarias para reclamar el pago a los propietarios.
Por otro lado, en distintas reuniones con vecinos, el Alcalde y el equipo de gobierno han comunicado a los vecinos que no quedaba otra solución que realizar los pagos correspondientes y luego reclamar, pero con escasa posibilidad de éxito, dado que la sentencia era firme.
Por eso resulta difícil sostener ahora que todo se debe a una gestión municipal eficaz.
Parece evidente que la solución no ha llegado como consecuencia de la actuación positiva del Ayuntamiento. Y que más bien, el Ayuntamiento ha tenido una responsabilidad negativa en la falta de información en su debido momento y en el retraso en las comunicaciones a los vecinos hasta que han estado ya privados de muchas opciones de defenderse.
Aprender de lo ocurrido
Que finalmente los vecinos no tengan que asumir esa deuda es una buena noticia. Pero eso no significa que debamos pasar página sin más. El hecho de que la resolución haya llegado por la actuación a última hora de los vecinos y la propia constructora, tras más de una década de conocimiento de la situación por parte del Ayuntamiento, no es buena noticia.
Durante todo ese tiempo han podido producirse errores, falta de seguimiento o dejación de responsabilidades. Por eso creemos que es necesario analizar con rigor lo que ha ocurrido y sacar conclusiones.
No se trata de reabrir el pasado por interés político. Se trata de garantizar que una situación así no vuelva a repetirse en Andoain.
Porque la transparencia, la responsabilidad y la buena gestión pública no son opcionales: son la base de la confianza entre instituciones y ciudadanía.