“La iniciativa no va de modificar la legislación en ningún país, sino de garantizar que los 20 millones de mujeres que no pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazado en sus países puedan hacerlo de forma segura”, ha valorado la eurodiputada jeltzale, Oihane Agirregoitia
17DiciembreEl pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles la iniciativa ‘Mi voz, mi decisión, por un aborto seguro y accesible” que reclama la creación de un mecanismo voluntario de solidaridad con fondos comunitarios para que las mujeres puedan acceder a un aborto legal y seguro en toda la Unión Europea. De esta forma, los países podrían ofrecer, de acuerdo con su legislación nacional, asistencia transfronteriza a cualquier mujer que no puede recibir esa atención de manera segura y legal en otros países de la UE.
La petición es resultado de una iniciativa ciudadana que recabó 1,2 millones de firmas en la UE, que defiende el aborto como parte de los derechos sexuales y reproductivos, y que aspira a eliminar los obstáculos legales y las prácticas que limitan el acceso en algunos países de la UE para ayudar a reducir los abortos inseguros y garantizar que las mujeres disfruten de los mismos derechos.
“Esta iniciativa no va de quitar derechos a nadie, ni de modificar ninguna legislación. Va de apoyar financieramente a las mujeres que no tienen actualmente el derecho a un aborto seguro y accesible en la Unión Europea. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI, en el año 2025, haya 20 millones de mujeres en Europa que no tienen derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo? No podemos mirar hacia otro lado. Esta votación es una gran victoria para todas las personas que se han movilizado y para reconocer que también debe ser parte de la atención sanitaria universal”, ha declarado Agirregoitia.
El texto denuncia la involución en materia de derechos de las mujeres e igualdad de género en Europa y en todo el mundo, incluido un retroceso en la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y expresa preocupación por los obstáculos “jurídicos y prácticos” que persisten en algunos países de la UE. Las y los eurodiputados piden a estos países que reformen sus políticas, en línea con las normas internacionales de derechos humanos, y reprueba los movimientos contra la igualdad de género y los derechos humanos. Ahora, la Comisión Europea tiene hasta el mes de marzo de 2026 para informar de si planteará o no propuestas en respuesta a la petición.