Las correcciones, que deberán ser ratificadas en el Congreso, posibilitarían que más de un consumidor pudiera conectarse a una misma subestación eléctrica que no utiliza toda la potencia existente, así como que los proyectos firmes puedan incorporarse rápidamente a las planificaciones
Las negociaciones de EAJ-PNV en las Cortes Generales han posibilitado la incorporación en el Senado de dos enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible que redundarán en beneficio de la Industria de Euskadi. Las medidas deberán ser ratificadas en el Congreso de los Diputados.
La primera de las correcciones posibilitará que en una posición ya ocupada por un consumidor y que tenga aún potencia ociosa puedan conectarse más empresas. Así, propone que “en el plazo de seis meses”, el Gobierno español apruebe “un real decreto que desarrolle un mecanismo para la alimentación de demandas firmes” que favorezca esa conexión. La segunda, facilitará que una posición pueda cambiar su uso o finalidad aunque no estuviera así definido previamente en la planificación, de forma que los distribuidores que ahora no pueden conectarse a la red puedan incorporarse cuando haya proyectos “que hayan presentado madurez y firmeza”. La enmienda pide que a partir del 15 de noviembre de 2025 se elabore cada cuatro meses un informe que indique qué posiciones podrían modificar su uso.
Tal y como ha explicado el senador Igotz López, “hablamos de que cuando haya demandas firmes, proyectos firmes, cuando haya posibilidades de alimentar nuevos consumidores y cuando exista un distribuidor que pueda canalizar esa petición, que se pueda canalizar”. Por otra parte, ha defendido, “una revisión mucho más ágil que el actual sistema en vigor, para evitar que capacidades cautivas o que subestaciones con capacidad, pero que no tienen posiciones, no tengan que esperar a la siguiente planificación y puedan, automáticamente, poder ofrecer su capacidad y poder con estos dar respuesta a necesidades de movilidad sostenible y de la industria”.
De esta manera, EAJ-PNV recupera algunas de las medidas que, tras su incorporación en el Decreto con medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico que aprobó el Gobierno español en junio, decayeron tras el rechazo del Congreso. En total, el Grupo Vasco ha presentado 21 correcciones, entre las que se incluía también la reclamación para que los contratos de suministro eléctrico de energía pudieran tener un plazo de duración de hasta diez años para dar mayor estabilidad a la administración pública, al paliar la incertidumbre que genera la volatilidad en el precio de la energía, así como otras medidas para proteger las competencias forales en materia de movilidad.