EAJ-PNV apuesta por ampliar el autogobierno para disponer de un SMI vasco
El EBB recuerda que, hoy por hoy, las herramientas que permiten fijar un Salario Mínimo Interprofesional propio son la prevalencia de convenios lograda por EAJ-PNV y la negociación colectiva, para lo que reclama voluntad de negociación y acuerdo a Confebask y sindicatos
20Octubre20 Octubre |
EBB
El EBB de EAJ-PNV ha decidido hoy, en su reunión semanal, manifestar su posición en relación con el debate abierto sobre el Salario Mínimo Interprofesional. Así, EAJ-PNV apuesta siempre por ampliar el autogobierno y, en este caso concreto, para disponer de un SMI vasco que mejore la actual cuantía.
En todo caso, y en el actual contexto, la Ejecutiva jeltzale recuerda que las únicas herramientas para establecer un SMI propio son la prevalencia de convenios conseguida por EAJ-PNV tras una larga y dura negociación con el Gobierno español y la negociación colectiva entre los agentes sociales: Confebask y sindicatos. En este sentido, EAJ-PNV reclama a ambos voluntad de acuerdo y les emplaza a negociar sin apriorismos ni líneas rojas, tal y como solicitó el Parlamento Vasco a través de una iniciativa debatida y aprobada por amplia mayoría el 23 de marzo de 2023.
Asimismo, la Ejecutiva jeltzale recuerda que el Gobierno Vasco ha presentado públicamente un análisis exhaustivo de la realidad socioeconómica de Euskadi, muestra de la voluntad del Gobierno en el compromiso por un empleo de calidad y por un sistema de relaciones laborales propio, que refuerce la cohesión social, objetivo que hace suyo EAJ-PNV.
EAJ-PNV reivindica para Euskadi disponer de herramientas propias y no delegadas en materia socio-laboral. Y advierte de que el voto favorable a la delegación de competencias (a través del artículo 150.2 de la C.E.) que plantea la Iniciativa Legislativa Popular presentada en el Parlamento Vasco por la que se reclama un salario mínimo específico no se compadece con la tradicional reivindicación sindical vasca de crear un marco propio de relaciones laborales puesto que dicha delegación de competencias queda bajo la supervisión del Estado y al albur de la voluntad de las Cortes españolas. Unas Cortes que, precisamente, son actualmente contrarias a la ILP, con el Ministerio de Trabajo al frente de la negativa.
