El Grupo Vasco propone "alcanzar un equilibrio justo que permita abordar la reducción de jornada sin dejar a nadie atrás"

“Votaremos en contra de las enmiendas a la totalidad. No para negar los problemas, sino para resolverlos con diálogo social, medidas transitorias, apoyo a las pymes y políticas de productividad. No para imponer, sino para construir consensos”, ha explicado la diputada del Grupo Vasco Idoia Sagastizabal durante el debate de enmiendas a la totalidad presentadas al Proyecto de Ley para la reducción de la jornada laboral, la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión debatidas este miércoles en el Congreso.

Frente a quienes han presentado estas enmiendas o “quienes auguran que cualquier modificación de la reforma presentada puede suponer un recorte de los derechos” de los y las empleados, Sagastizabal ha defendido que es necesario “alcanzar un equilibrio justo que permita abordar la reducción de jornada sin dejar a nadie atrás: ni a las trabajadoras ni trabajadores que reclaman mejores condiciones ni al sector empresarial que también forma parte de la ecuación”.

Según el Grupo Vasco, la reducción de la jornada “no es una panacea, pero sí puede ser una oportunidad para mejorar la calidad de vida, fomentar la salud laboral y avanzar hacia un modelo más sostenible y productivo”. De hecho, la diputada jeltzale ha negado que esta medida tenga un impacto negativo en el empleo, poniendo como ejemplo a Euskadi, donde “muchos convenios ya han fijado jornadas de 37,5 horas, e incluso de 35 en el sector público, sin que ello haya frenado la economía ni reducido el empleo. Al contrario: estas jornadas se han mostrado compatibles con crecimiento y competitividad”.

Sin embargo, la formación jeltzale entiende que la iniciativa presentada no está exenta de dificultades ni de riesgos. Por eso considera que el proyecto puede mejorarse a través de enmiendas parciales encaminadas a asegurar medidas focalizadas para aliviar los impactos negativos para las empresas, con “incentivos para sectores y pymes con mayores dificultades, regímenes transitorios, mayor flexibilidad en la distribución irregular de jornada,  y apoyo específico en sectores estratégicos y en contratos públicos, donde la Administración también debe asumir parte del esfuerzo con mecanismos de revisión de precios o cláusulas de adaptación”.

“Reconocer los retos no significa renunciar al avance, sino afrontarlo con responsabilidad política”, ha concluido Sagastizabal: “Se puede convertir en una palanca para crear empleo y evolucionar hacia procesos más eficientes”.