El Grupo Vasco vota a favor de la Ley de Memoria Democrática tras introducir varias mejoras y por considerarla “un avance”

El diputado jeltzale Mikel Legarda ha destacado el acuerdo alcanzado por EAJ-PNV para la restitución a partidos políticos y organizaciones sindicales de documentos, enseñas, emblemas y banderas incautados en la Guerra Civil
04
Julio
Congreso
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04 Julio | Congreso

El Grupo Vasco en el Congreso ha votado a favor del Proyecto de Ley de Memoria Democrática en la Comisión Constitucional tras introducir varias mejoras en el trámite parlamentario al texto presentado por el Gobierno central y por considerarlo “un avance” en la búsqueda de “la memoria, la justicia y la reparación” por lo acaecido durante el alzamiento, la Guerra Civil, el franquismo y la Transición. Tal y como ha destacado el diputado jeltzale Mikel Legarda, EAJ-PNV ha logrado que se restituya a personas naturales o físicas de carácter privado, esto es, a partidos políticos y organizaciones sindicales, de documentos, enseñas, emblemas y banderas incautados en la Guerra Civil. El Estado contará con un año desde la entrada en vigor de este Proyecto de Ley para la identificación de estos fondos documentales y efectos.

Además, el Grupo Vasco ha conseguido que se garantice a interesados y herederos el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en archivos públicos. Acceder a estos archivos históricos era “muy complicado” en “muchos casos”, según Legarda, porque la Ley de Patrimonio Histórico de 1985 impedía acceder a documentos con datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que pudieran afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen. Estos archivos no podían ser consultados sin consentimiento expreso de los afectados o hasta que hubiesen transcurrido veinticinco años desde su muerte.

Sin embargo, Legarda ha lamentado que no se haya podido introducir en el texto normativo una mejora que proponía el Grupo Vasco para que se procediera a la devolución de documentación incautada al Gobierno de Euskadi, a las Diputaciones Forales y a sus entidades dependientes de tiempo de la II República y el exilio. Pese a ello, las y los jeltzales continuarán trabajando para lograr esta “reclamación histórica”.

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