Juan Carlos Medina defiende que las administraciones establezcan los precios a lo largo de la cadena alimentaria para garantizar que se cubren los costes de producción
Destaca la importancia del proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, aunque no cubra las expectativas exigidas por el Grupo Parlamentario Vasco.
EAJ-PNV ha porfiado hasta el último momento para tratar de incluir en el proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria incluyera la obligación de que las administraciones establecieran cada año los precios y costes de los distintos productos y procedimientos, de manera “que se garantice que el precio del contrato alimentario cubre el coste efectivo de producción”. Tal y como ha defendido el senador Juan Carlos Medina, “se trata de que nadie salga perdiendo, sobre todo, que no lo haga el más débil de la cadena”.
Aunque esta demanda no ha sido aceptada y el texto no cubra las expectativas exigidas por el Grupo Parlamentario Vasco, por lo que se ha abstenido en la votación en la que el proyecto de ley ha superado su trámite en el Senado, el representante jeltzale ha valorado su importancia al entender que “tiene como objetivo evitar los abusos y la competencia desleal, así como marcar unos costes de producción o lo que nosotros denominamos un precio básico, un precio justo y un precio necesario en todos los eslabones de la cadena” en un momento en el que “el sector primario, especialmente el ganadero y con mayor urgencia el sector lácteo vacuno se encuentra en una situación de colapso sin retorno”.
Por ello, Medina ha insistido en que, para facilitar que los operadores de la cadena alimentaria determinen el coste de producción, las Administraciones competentes deben establecer y publicar cada año los precios de los productos agrarios, en las distintas posiciones de la cadena de valor, y de los costes de referencia establecidos sobre un producto estandarizado y/u obtenido bajo un modelo de producción ecológica y/o amparado bajo una marca de calidad diferenciada, fijados con independencia de las partes y obtenidos a partir de datos de consulta pública, que incluyan los costes de los factores considerados en la ley.
