"Sobre el fallo del Estatut de Cataluña" Jose Manuel Bujanda Arizmendi

Era innegable que el nuevo Estatut de Cataluña suponía un avance, un nuevo traje, que garantizaba nuevos instrumentos para un marco autonómico que había dado muy buenos resultados para la sociedad catalana, pero que después de 27 años se había quedado cual buen traje estrecho. Y ahora que el nuevo Estatut era ya, (¿es todavía?),  Ley Orgánica y por ende de obligado cumplimiento, (¿incluso para el Tribunal Constitucional?), éste, el TC, cual Salomón, pontifica sobre el alcance de la dimensión real del marco de convivencia política en España.

A pesar del cepillado del  entonces proyecto de Estatut en su tramitación en el Congreso de Diputados, (sin olvidar la mentira pública de Zapatero a Pascuall Maragalll de apoyar en Madrid lo que el Parlament decidiera sobre el Estatut), tramitación que rebajó los contenidos más ideologizados del Estatut muchos artículos continuaban siendo inasumibles para el PP: España se rompía. Y así, el PP un 31 de julio de 2006 recurrió un centenar de sus artículos ante el Constitucional, preludio preocupante de algo que nadie sabía cómo iba a acabar. A partir de ese momento, el TC se enfrentó a la decisión más trascendente de su trayectoria. Un TC, por cierto, sometido a los vaivenes, tira y aflojas, tácticas, estrategias y manoseos  cainitas entre el PSOE y el PP, un TC politizado y sujeto a los partidismos y cálculos electorales de los dos partidos estatales. Así el TC se encontró ante una decisión que iba más allá de la anécdota, se trataba ni más ni menos que dictaminar sobre la relación entre Catalunya y el Estado, siendo conscientes que su decisión afectaría de forma inapelable al futuro modelo autonómico de España. Pintaba feo y mal. Un 30 de septiembre de 2005, el Parlamento de Catalunya aprobó el nuevo Estatut con  más del 90% de la representación de la ciudadanía catalana y siguiendo las reglas de juego constitucionales, el 30 de marzo de 2006, el Pleno del Congreso dio luz verde al texto estatutario. Lo mismo ocurrió en el Senado el 10 de mayo. Tres semanas más tarde, el 18 de junio, los catalanes dieron el visto bueno en referéndum al nuevo Estatut con un casi 74% de los votos. Pero a pesar de esta estricta cronología  constitucional el PP había decidido oponerse desde los mismos comienzos, se desmarcó en todo el trámite parlamentario, votó en contra en el referéndum convocado y culminó su inmensa torpeza presentando recurso al TC.

Quien escribe estas líneas aún no siendo jurista se inclina a entender que el TC sí puede decidir si es o no constitucional algún artículo de una determinada ley estatal o autonómica, pero no sobre toda una norma entera que supone ni mas ni menos que la plasmación del encaje de Cataluña en el Estado. El dilema era avance o retroceso, aceptación de la madurez democrática de un Estado plural o su bloqueo. No estaba en juego uno u otro artículo, sino la propia dinámica y espíritu de 1977 que hizo posible la Transición. Estaban en juego los pactos profundos que habían hecho posible los últimos treinta y pico años de la historia de España. Pues bien, el Tribunal Constitucional, con la indivisibilidad de España puesta por montera, ya ha hablado y decidido dejar sin efecto legal el término "nación" del preámbulo, rechazar el catalán como lengua preferente, anular catorce artículos ( entre ellos el de la justicia propia) y cuestionar en diferentes

intensidades otra treintena. Las valoraciones del PP por un lado, la del PSOE por otro, la del PSC también por otro, y las de CiU, PNV, ERC y demás partidos nacionalistas están al alcance de cualquier sufrido lector.  Yo, hoy por hoy, me quedo con la de  valoración de Jordi Pujol "...al margen del contenido de la sentencia, este proceso supone una humillación a Cataluña y  significa un retroceso muy grave para lo que Cataluña representa...una derrota de magnitud histórica porque no sólo tiene un significado político, sino de ruptura del consenso constitucional y de cancelación de todo un proyecto global español"

No soy el único que temía encontrarse ante toda una maniobra  jacobina para transformar la sentencia del Estatut en un cerrojazo institucional al Estado de las autonomías. Repito, no soy jurista y desde desde esa ignorancia, no consigo no preguntarme si procede en Democracia que el TC enmiende la plana a toda una Ley Orgánica, ya en vigor, aprobada por un 90% en un Parlamento, ratificada en el Congreso de Diputados y en el Senado y reforzada con el plebiscito de todo un referéndum.  Y otra cuestión que me mueve a la curiosidad más extrema es la de dónde se encontrarán todos aquellos que nos predicaban a los nacionalistas vascos hasta la misma saciedad el ejemplo político-metodológico "razonable", de prudencia, mesura y bien hacer de la clase política catalana. Y me sigo preguntando dónde estarán y qué dirán ahora los que, aquí y allá, nos señalaban a los obcecados nacionalistas vascos el modelo "seny" catalán argumentando que el llamado Plan Ibarretxe no concitaba con su 51% la adhesión "suficiente.  E incluso añado,  ¿cúal es hoy su opinión al ver al TC interponerse al 90% del Parlament de Cataluña, al acuerdo del Congreso, del Senado y a un Referendum?  Por de pronto ya está en marcha una manifestación unitaria de protesta en Barcelona bajo el lema "Somos una nación. Nosotros decidimos". Contaría con el apoyo de la inmensa mayoría de los partidos catalanes, excepto el PP, claro está.

Dicen los analistas del alma catalana que en sus manifestaciones colectivas ésta oscila entre el "seny y la rauxa", y entre el "pactisme y el tot o res".  Soy de los que apuesto por el "seny y el pactisme", tanto en en Cataluña como en Euskadi, una apuesta  que consiste tener por objetivo una Euskadi (una cataluña) en la que los diferentes sentimientos de pertenencia compartan un proyecto de país a construir entre todos, en la que la voluntad de sus ciudadanos sea la única base de convivencia y en la que los acuerdos amplios sirvan para hacer frente al futuro. Una apuesta que consiste en un futuro, basado en la negociación, en el no impedir y en el no imponer, en el derecho a decidir y en su concreción pactada, la bilateralidad efectiva, respetuosa, mutuamente acordada y lo más amable posible entre Euskadi, Cataluña  y España...aunque no corran hoy precisamente tiempos para la lírica política en cuanto al Estado plurinacional.

Pi y Margall escribió hace algo más de 130 años "Las Nacionalidades", obra que divide en tres pequeños libros. Así el primero lo titula como "Criterios para la reorganización de las naciones". El segundo libro lleva de encabezamiento "La Federación" y trata sobre el fundamento de la Federación, las atribuciones del poder federal, las cuestiones entre pueblos confederados, la libertad y el orden, la igualdad de derechos y deberes etc. El tercero es una aproximación a "La Nación Española" y habla de las consecuencias de haberse adoptado el principio unitario contra la tendencia de nuestros pueblos. Denuncia la ineficacia del principio unitario. Habla de la diversidad de lenguas y de costumbres. Finaliza con reflexiones sobre en qué se debe y en que no se debe respetar la unidad establecida. Es el colofón de unas ideas que ojalá hubieran cuajado en el ya lejano siglo XIX. Otro gallo cantaría hoy en España, en Cataluña, en Euskadi... y en el Tribunal Constitucional de turno, si lo hubiera o hubiese.