El Tribunal Constitucional va a dictaminar sobre el Estatut de Catalunya. Decidirá sobre la dimensión real del marco de convivencia en España. Dicho de otra manera, el Constitucional va a decidir sobre el más importante legado que la ciudadanía, que vivió y protagonizó el cambio del sistema político a la democracia, arrancó a la ya dictadura moribunda, ni más ni menos que las normas de juego establecidas entre Euskadi, Catalunya, Galicia y el Estado español.
A pesar del jacobino socialista Alfonso Guerra y su "cepillado" del, entonces proyecto, Estatut en su tramitación en el Congreso de Diputados de Madrid, (habría que recordar la mentira de la promesa pública de Zapatero a Maragalll en Barcelona en su calidad de President de la Generalitat de apoyar en Madrid lo que el Parlament decidiera sobre el Estatut), "cepillado" por cierto que rebajó muy significativamente algunos de los contenidos más ideologizados del Estatut y siempre con el supuesto objetivo de lograr su aprobación correspondiente en el Senado, pues bien, a pesar de dicho recorte y del "cepillado" anunciado y ejecutado de algunos de los artículos del Estatut de Catalunya, muchos artículos continuaban siendo inasumibles para el PP, España se rompía. Es así que el PP un 31 de julio de 2006 recurrió muchos de sus artículos ante el Constitucional, preludio preocupante de algo que nadie sabe cómo va a acabar. La definición de Catalunya como nación (preámbulo), lo relacionado con la lengua (art. 6), sus símbolos (art. 8), los derechos históricos (art. 5), el poder judicial (art. 97), las competencias legislativas (art.110) y su relación bilateral con el Estado (art. 3) centraban las cuestiones más insoportables para el PP. A partir de ese momento, el mencionado Tribunal Constitucional es lo más parecido a una olla de presión, ya que se enfrenta a lo que podría ser la decisión más importante y trascendente de su trayectoria desde la Transición. Un Tribunal, por cierto, sometido a los vaivenes, tira y aflojas, tácticas, estrategias y manoseos cainitas entre el PSOE y el PP. Es decir, nos encontramos ante un Tribunal y una Justicia tristemente politizadas y sujetas a los partidismos y cálculos electorales de los dos grandes partidos estatales. El Tribunal Constitucional se encuentra ante una decisión que creo va más allá, mucho más allá, de la simple relación entre Catalunya y el Estado, ya que lo que se falle incidirá de forma directa e inapelable en el futuro desarrollo del modelo autonómico de España. Mal asunto, pinta feo, pues más de 40 cuestiones están bajo sospecha de inconstitucionalidad. Pinta feo y mal pues un Estado descentralizado únicamente puede construirse con pactos políticos negociados mutuamente de buena fe.
Es bueno recordar que un 30 de septiembre de 2005, el Parlamento de Catalunya aprobó el nuevo Estatut con los votos de CiU, PSC, ERC e ICV recabando el apoyo de más del 90% de la representación de la ciudadanía catalana en su Parlamento. Recordar también que siguiendo estrictamente los trámites de las reglas de juego constitucionales, el 30 de marzo de 2006, el Pleno del Congreso dio luz verde al texto estatutario; que lo mismo ocurrió en el Senado el 10 de mayo de ese mismo año, dando fin de esta manera a su trámite parlamentario. Es más, sería conveniente recordar también que tres semanas más tarde, el 18 de junio, los catalanes dieron el visto bueno en referéndum al nuevo Estatut con un casi 74% de los votos que acudieron a las urnas. Recordar por último, que a pesar de esta estricta cronología democrática y constitucional de expresión de la voluntad de los catalanes, el PP se opuso desde los mismos comienzos, se desmarcó en todo el trámite parlamentario, votó en contra en el referéndum convocado y culminó su inmensa torpeza presentando recurso al Tribunal Constitucional. Un PP que vuelve a soñar con cirugías de hierro cercenadores de la complejidad existente en el Estado. Pienso, sin ser jurista, que el Constitucional puede decidir si es constitucional, o no, algún artículo de una determinada ley estatal o autonómica, pero no creo que pueda ni deba, decidir sobre una norma que supone de hecho la plasmación del pacto entre Catalunya en España.
El dilema es avance o retroceso, aceptación de la madurez democrática de un Estado plural, o bloqueo. No está en juego uno u otro artículo, sino la propia dinámica y espíritu del 77 que hizo posible la Transición. Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los posteriores treinta y pico años de la historia después de la muerte del dictador y su paso a la Transición y a la Democracia. Espero que no estemos ante una maniobra jacobina para transformar la sentencia del Estatut en un auténtico cerrojazo institucional, espero que no estemos ante un enroque político contrario a la máxima del espíritu constitucional, allá hace más de treinta años, que prometía un futuro abierto e integrador tanto para el Estado como para los nacionalismos periféricos que reclamaban para sus naciones respectivas el reconocimiento de su existencia, su identidad y autogobierno. Una última cuestión, ¿procede que el Constitucional enmiende la plana a toda una Ley Orgánica ya en vigor, aprobada en un 90% por un Parlamento Autonómico, ratificada en el Congreso, en el Senado y reforzada con el plebiscito de todo un referéndum ? ¿Y ahora qué? ¿Alguien se extraña de referéndums locales? ¡Salut!
