Releer, comentar o utilizar los clásicos es siempre un buen ejercicio intelectual y a veces un sano revulsivo político. Porque si con el paso de los tiempos éstos han llegado a ser considerados como autores clásicos se supone que siguen teniendo un algo, un fondo de actualidad en la medida en que han sido anunciadores, debeladores, sistematizadotes o estimuladores de reflexiones y de cambios a futuro. Es el caso de Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu. Montesquieu nació en La Brède, Burdeos, el 1689 y murió en París el 1755. Perteneciente a una familia de la nobleza de toga, Montesquieu siguió la tradición familiar y estudió Derecho y se hizo Consejero del Parlamento de Burdeos el cual presidió de 1716 a 1727. Montesquieu posteriormente se dedicó durante cuatro años a viajar por Europa observando las instituciones y costumbres de cada país y se sintió especialmente atraído por el modelo político británico, en cuyas virtudes creyó hallar argumentos adicionales para criticar la monarquía absoluta que reinaba en la Francia de su tiempo. En 1748 publicó su obra principal, “Del espíritu de las Leyes”. Su pensamiento habría que enmarcarlo en el espíritu crítico de la Ilustración francesa con el que compartió los principios de tolerancia religiosa, aspiración a la libertad y denuncia de viejas instituciones inhumanas como la tortura o la esclavitud. Montesquieu transformó un idealizado modelo político británico en un instrumento para introducir en Francia, en Europa e incluso en la naciente América, uno de los principios básicos de nuestra organización política democrática: la idea de la separación de poderes. Y fue precisamente esa idea la que Montesquieu deseó aplicar en Francia. La clave consistiría en la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, estableciendo entre ellos un sistema de equilibrios que impidiera que ninguno pudiera degenerar hacia el despotismo. Y así desde que la Constitución de los EEUU plasmó por escrito tales principios, Montesquieu ejerció una influencia decisiva sobre los liberales que protagonizaron la Revolución francesa de 1789 y la posterior construcción de regímenes constitucionales en toda Europa. De hecho dicha idea, la separación de poderes, se ha convertido en una columna fundamental de lo que hoy entendemos por Derecho Constitucional y Democracia.
Hay una cuestión que es bueno recordar, la derecha política española nunca vio el autogobierno vasco con buenos ojos, digan hoy lo que digan. Pero hay algo más a no olvidar y tenerlo presente, el temor al ruido de sables, allá por los setenta, fue la principal razón para impedir la «ruptura democrática» con la dictadura franquista por un lado y propiciar, por otro, la «reforma pactada». Esta obligada entente funcionó como el mecanismo más apropiado para la continuidad de gran parte de la estructura social del franquismo, como mandarinatos de variopintos pelajes, jerarquías eclesiásticas y algunos estamentos judiciales, no todos, pero sí muchos. Y hoy, en esta Euskadi nuestra
intereses de jueces políticos dudosamente reciclados a la democracia, escorados a la extrema derecha del espectro político y proclives al estrellato sin disimulo y a la celebridad mediática del aplauso fácil nos llevan a situaciones preocupantes. Situaciones preocupantes que nos llevan a concluir que existir, hoy sí existe muy lamentablemente el interés partidista y la manipulación jurídica política de algunos estamentos judiciales. Insisto, de algunos.
Pues bien, hoy y aquí, en Europa y en Democracia, después de casi 33 años largos de la muerte del Dictador Francisco Franco, en esta Euskadi autogobernada de comienzos del 2009, con Gobierno y Parlamento Vascos autónomos, con un Estatuto de Autonomía, el de Gernika, Ley Orgánica en vigor (aunque incumplida unilateral y vergonzantemente por los gobiernos del PSOE y PP), es decir en un contexto de relación bilateral de teórica mutua aceptación, respeto y reconocimiento leal con el Gobierno del Estado español, en un marco jurídico político de la España democrática y de la autonomías, del Reino de España, o como se prefiera denominar…no es posible razonablemente, y en ningún caso, aceptar pusilánimemente cualquier tipo de iniciativa judicial. Máxime si la tal iniciativa ha sido tomada y alimentada por el sectarismo político de algunos jueces conocidos por su sistemática animadversión ideológica al nacionalismo democrático vasco. Las leyes y su interpretación no pueden dar jamás por resultado un escenario de periódico y repetido escándalo con decisiones incomprensibles para una mayoría del cuerpo social vasco. Las leyes deben generar seguridad jurídica y claridad de expectativas para el disfrute generalizado de los derechos fundamentales. No al revés. Pero ciertamente algunas decisiones judiciales para cientos de miles de vascos, suponen un escarnio, una tropelía y un claro intento de deslegitimación de sus máximos representantes institucionales. Es por ello en mi opinión muy preocupante el impacto y la convulsión que algunas decisiones judiciales tienen en la vida política y social de Euskadi. Por ello estimo que el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales no puede, ni debe, implicar sistemáticamente silencio ni cobertura incondicional a un contenido que genera bochorno y alarma social.
Y así la denominada Ley de Partidos ha propiciado a veces un desbordamiento tal, interesado y partidista muchas veces, de los límites de la propia separación de poderes hasta el punto de sentar en el banquillo al mismísimo Lehendakari de los vascos Juan José Ibarretxe Markuartu por actuar como tal. Escarnio intolerable. Y no nos engañemos, no es esta vez una cuestión de matices interpretables, no, se trata de principios fundamentales desde una concepción democrática de la política, de la convivencia y del sentido común. El Estado de Derecho debe de recuperar urgentemente las hechuras y los límites que puedan justificar su legitimidad ante la sociedad vasca. Soy de los que pienso que algunos han perdido el respeto a unas nuestras instituciones, que por cierto costaron sudor, lágrimas y sangre conseguirlas y que algunos hoy ladinamente pretenden sabotear por la puerta de atrás. Estamos asistiendo a decisiones muy graves y de gran alcance contra la voluntad democrática de la sociedad vasca, medidas y actitudes desconocidas desde el establecimiento de la democracia. Es una intromisión, un desafuero y un intento de deslegitimación contra las instituciones vascas y la figura del Lehendakari en particular. Y estimo que todo esto no es una casualidad, que no es un hecho aislado. Alguien ha estado añorando con indisimulada fruicción ver sentado a la figura del Lehendakari de Euskadi en el banquillo de los acusados dando lastimosa forma a una vergonzante muestra de la politización y utilización partidista inaceptable de la Justicia. Los Lehendakaris, los presentes y los ya fallecidos, el sacrificio de miles de hombres y de mujeres, gudaris y resistentes, demócratas, patriotas y militantes anónimos en la defensa de la libertad, la democracia y el autogobierno de Euskadi nos impiden permanecer impasibles en defensa de nuestras instituciones y de nuestra dignidad como vascos. Un entendimiento de la democracia real y de calidad, exige que los vascos demócratas, nacionalistas o no, alcemos la voz ante este atropello.
Por la defensa de nuestras instituciones ni un paso atrás. El autogobierno vasco no puede ser un permanente “zoko” coyuntural político al albur de la fotografía electoral en España. Muchos nos sentimos sentados en el mismo banquillo, un abrazo Lehendakari !
