Aniversario de la Declaración de DDHH: un balance agridulce

Así, celebramos cumpleaños, onomásticas y aniversarios de nuestros familiares, fiestas y efemérides unidos al calendario. Los datos estadísticos son un recurso socorrido para cualquier argumentación. Las fechas históricas llenan páginas de libros, periódicos y almanaques con recuerdos de acontecimientos, tragedias, batallas o tratados. Sin olvidar los aniversarios o centenarios de nacimientos y muertes de personajes ilustres. Hay quien habla, incluso, de una auténtica "industria de las conmemoraciones".

Hace apenas unos días hemos vivido esta situación. Y una vez pasada la resaca del 10 de diciembre de 2008, fecha del 60º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, y con las cifras como pretexto, quisiera hacer alguna reflexión en relación a dos cuestiones: una -breve- valoración sobre la realidad que tenemos seis décadas después de 1948, y, por otra, el escaso reconocimiento --y consiguientemente, el escaso reflejo en cifras-, de la gran aportación de las mujeres a la causa de los derechos humanos.

Pues bien, tras todo un año 2008 plagado de actos y mensajes, el 10 de diciembre pasado culminaba el 60 Aniversario de la Declaración suscrita en el Palacio Chaillot de París. Es uno de los documentos más conocido, traducidos y reproducidos, más referenciales y, a la par, más incumplidos de toda la historia. Las promesas formuladas en 1948, que iluminaron la esperanza de toda la humanidad, contrastan hoy, seis décadas después, con la dura y terrible realidad cotidiana para millones de personas.

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (artículo 1). Violencia de todo tipo, de género, familiar o estructural azota a países y comunidades a lo largo del mundo. La macroencuesta de 2006 Violencia contra las mujeres cifró en aproximadamente 1,5 millones de mujeres que en algún momento de su vida habrían sido víctimas de malos tratos en el Estado español. Más de 850 millones de personas sufren la tortura cotidiana de la extrema pobreza y el hambre, sin olvidar a los 1.100 millones de personas que no ven satisfecho su derecho a una vida digna (más de la mitad de ellas son mujeres).

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona (artículo 3). Apenas una semana antes de las celebraciones del 10 de diciembre, Inaxio Uria era asesinado a manos de ETA. 1.252 personas fueron ejecutadas por su respectivo Estado en 24 países distintos y, sin embargo, 104 países votaron a favor de una suspensión mundial de la pena de muerte. Según datos recopilados por Amnesty International (AI) en 2007, 45 países tienen en sus cárceles y comisarías a presas y presos de conciencia. Los más de 40 conflictos armados, muchos de ellos olvidados, suponen una grave amenaza para la vida, la libertad y la seguridad de millones de civiles que no han participado en conflictos bélicos que no han originado ni buscado.

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5). También en 2007, AI documentó casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en más de 81 países.

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley (artículo 7). En el informe 2008 de Amnistía Internacional se examinan al menos 23 países que tienen leyes que discriminan a las mujeres, al menos 15 que tienen leyes que discriminan a los inmigrantes y al menos 14 que tienen leyes que discriminan a las minorías.

Éstas y otras muchas cifras descorazonadoras ponen en evidencia que la lista de 1948 es un ideal, un desideratum, un documento de referencia, pero carece de fuerza jurídica. Aunque en estas seis décadas, el texto se ha convertido en un poderoso referente ético para todos -personas, sociedad civil y gobiernos-, ha sido la base de toda una arquitectura de instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, constituciones y normas legales de todo país democrático. No podemos obviar, además, la trascendencia intrínseca de una declaración que estableció por primera vez en la historia, y con el refrendo de toda la comunidad internacional, que todos los seres humanos son libres e iguales y cuentan con los mismos derechos, sea cual sea su nacionalidad, raza, condición social, sexo, religión. Así lo expresaba en 1997 Asma Jahangir, abogada y defensora de los derechos humanos pakistaní y Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales: "Durante las próximas décadas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos será cada vez más el criterio con el que se juzgarán las sociedades y se evaluará la gestión de sus gobiernos. Efectivamente, hace 60 años, las violaciones de derechos humanos se consideraban "asuntos internos". Ahora, la comunidad internacional se posiciona ante ellas, y algunos violadores de derechos humanos han podido ser llevados a los tribunales en esa titánica lucha contra la impunidad.

Es igualmente cierto que instrumentos jurídicos vinculantes, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos; las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos; la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer y su Convención; instituciones como el Tribunal Penal Internacional, el Tribunal de Derechos Humanos de la Haya o el ACNUR; y las miles de ONG y colectivos que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, testimonian la fuerza, la validez y la exigencia de una Declaración, todavía incumplida, sí, pero fundamental.

Consciente de ello, el Parlamento Vasco aprobó en el Pleno del mismo día 10 una declaración institucional en la que los parlamentarios y parlamentarias nos comprometimos "a renovar el compromiso con los derechos humanos y a defender su universalidad, indivisibilidad e interdependencia", y añadíamos que "esta defensa será parte de nuestro trabajo institucional diario mediante el establecimiento de los medios necesarios y a través del apoyo a las víctimas y a los defensores y defensoras de los derechos humanos que en todo el mundo trabajan por hacer real la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

Hablando de activistas de los derechos humanos, y retomando el hilo conductor de las cifras, quisiera hacer una breve reflexión sobre otra circunstancia que considero llamativa: la escasa correspondencia que existe entre la gran aportación -cualitativa y cuantitativa- de las mujeres a las causas ligadas a los derechos humanos (a favor de la paz, del respeto a la vida, de la igualdad, del medio ambiente…), y el escaso reconocimiento que se les concede.

Solamente por citar algún ejemplo de mujeres que contribuyeron a la formulación de ideas y teorías: Anna Eleanor Roosevelt, diplomática, escritora y activista por los derechos humanos, que realizó una labor decisiva como presidenta de la comisión redactora de la Declaración de 1948. Olympe de Gouges, que escribió en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana y que reclamó para ellas la libertad, igualdad y fraternidad proclamadas por los revolucionarios franceses. Mary Wollstonecraft, autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer. Clara Campoamor, que impulsó la materialización del derecho al voto de las mujeres en el Estado español…

Es, además, clara, constante y enorme la aportación de las mujeres a la defensa de los derechos humanos, en todos los países y en todo tipo de colectivos. Activistas, mujeres organizadas para la defensa de sus derechos, de los derechos de sus familiares o de los derechos de sus pueblos. Pacifistas, mujeres que trabajan día a día para llevar la paz a sus comunidades y a sus familias, haciéndose cargo de los y las sobrevivientes, ayudando en la reconstrucción de sus países e iniciando una nueva cultura de paz. Y, por supuesto, mujeres que contribuyen con su esfuerzo diario al bienestar general de sus países, a la salud de sus familias, a la educación de sus hijos, en condiciones muchas veces durísimas y en situaciones de violencia y discriminación. Muchas veces las mujeres son percibidas únicamente como víctimas, y se tiende a obviar, a olvidar, su formidable labor como constructoras de un mundo mejor y más justo.

No me resisto a mencionar a algunas, como la birmana Aung San Suu Kyi, la guatemalteca Rigoberta Menchú, la irlandesa Mary Robinson o la india Vandana Shiva. Y asociaciones como las Abuelas de Plaza de Mayo, Mujeres de Negro o Bat Shalom. La lista es tan interminable, como, en mi opinión, pequeño -raquítico- es el conocimiento y el reconocimiento público de su trabajo. Su aportación a la causa de los derechos humanos no ha visto un reflejo equilibrado, por ejemplo, en la concesión del galardón mas conocido en este ámbito. Si no me fallan las cuentas, únicamente doce mujeres han recibido -a título individual- el Premio Nobel de la Paz, entre 1901 y 2008. Es cierto que hubo años en que la concesión del galardón se interrumpió, y también lo es que, por supuesto, hay que incluir a las mujeres, en los colectivos, ONG e instituciones que han recibido diversas ediciones del premio, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, ACNUR, Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras. Pero los receptores han sido, en su gran mayoría, hombres. En los días posteriores al 10 de diciembre, éste es otro balance donde las cifras no cuadran, ni resultan tan mágicas.