Deia

El descanso estival ya sólo es un vago recuerdo para la vicelehendakari, quien afronta el nuevo año político con la atención dividida entre los proyectos previstos para el fin de la legislatura y el renovado esfuerzo por llevar adelante la consulta popular. En este último ámbito, Idoia Zenarrutzabeitia defiende el caso "específico" de esta ley para dar la vuelta en Europa al portazo sufrido en Madrid.

El curso político finalizó con la aprobación de la Ley de Consulta y comienza con el anuncio del traslado a Europa de la misma iniciativa. ¿Será el principal eje del trabajo del Gobierno vasco durante los próximos meses?

El último año de legislatura va a girar en torno a un montón de iniciativas que están dentro del programa de gobierno, y la consulta es una de ellas. En el ámbito político, como decía el lehendakari, este Ejecutivo lleva a cabo la gestión de las políticas públicas y la iniciativa política de una manera integral. En este sentido, podemos decir que a lo largo de toda la legislatura hemos ido desarrollando nuestro programa, tal es así que hemos aprobado en Consejo de Gobierno casi cuarenta proyectos de ley de los que casi treinta han sido aprobados. Eso demuestra que este Gobierno cumple sus compromisos y además los ha desarrollado parlamentariamente con una amplia capacidad de diálogo y de negociación con todos los grupos de la Cámara. Porque todos los proyectos de ley que hemos presentado en el Parlamento han sido aprobados.

El lehendakari insta a la ciudadanía vasca a participar en las demandas. ¿Si la respuesta no es masiva lo entenderían como un rechazo a la propia consulta?

El Gobierno vasco ha dicho que ésta es una posibilidad siempre y cuando siga suspendida la ley a fecha 15 de septiembre. Y ha dicho que la legitimación para participar en Europa sería de los ciudadanos individualmente considerados u organizados, como por ejemplo a través de los partidos políticos. Cualitativamente, bastaría con que un ciudadano presentase una demanda. El llamamiento es para que toda aquella persona, hombre o mujer de buena voluntad, que quiere emitir opinión y considere que se lo están impidiendo, que sepa que puede actuar.

¿Por qué no se van a agotar las vías jurídicas internas antes de recurrir a Europa?

Éste es un caso específico en el que debemos recurrir porque no existiendo fallo del Constitucional la ley puede perder toda su eficacia por el mero hecho del paso del tiempo, por la utilización de una prerrogativa de Zapatero que dice suspéndase la aplicación de la ley; es decir, las consecuencias jurídicas del efecto de la suspensión son las mismas que un eventual fallo negativo del tribunal. Desde este aspecto, se ha visto que hay posibilidad de que exista causa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Le recuerdo que no es una ley que regule las consultas de manera genérica, sino una ley que regula una consulta sobre dos preguntas determinadas por un tiempo determinado. Y es que tengo la sensación de que acudir a este tribunal parece algo extraordinario, cuando es un órgano que el año pasado tuvo 27.000 demandas.

La consulta ha enfrentado al tripartito con los socialistas, pero parece que es un escollo al margen de la negociación presupuestaria. ¿El escenario es el mismo que el pasado año, tanto en Madrid como en Euskadi?

Yo sólo puedo hablar del ámbito del Gobierno en relación al Parlamento vasco. Le vuelvo a decir que todos los proyectos de ley que llevamos aprobados se han negociado con todos los grupos parlamentarios, aunque sea en diferentes vertientes, y entre ellos ha habido tres proyectos de presupuestos. Este año la vamos a abordar en los mismos tiempos, con la misma voluntad y la misma expresión de diálogo con todos los grupos.

Y dentro de ese abanico de grupos, ¿ve el acuerdo con el PSE más lejano o cercano que en 2007?

Todavía no hemos hablado con ningún grupo.

Antes se sabrá si el Grupo Vasco apoya las Cuentas de Zapatero. El pasado año, tras dar el plácet al proyecto presupuestario en el Congreso, usted pedía reciprocidad. ¿Se repetirá esta situación?

Permítame que debido a mi responsabilidad institucional no quiera inmiscuirme en asuntos que son tratados en otro ámbito institucional. No quiero erigirme en una portavoz no autorizada del grupo parlamentario en Madrid.

No obstante, ¿cree que posiciones de rechazo al traspaso competencial como el ámbito de innovación y tecnología pueden suponer un serio escollo en las negociaciones?

Los acuerdos presupuestarios son buenos en Madrid siempre y cuando tengan una traslación de un incremento del autogobierno. Hay materias que son muy importantes debido a la situación económica que estamos atravesando para hacer hincapié en el ámbito socio-laboral. Por ejemplo, aquí se está haciendo un esfuerzo ímprobo en medidas de empleo, teniendo una tasa de paro que es la mitad que en el Estado, sin tener la transferencia de las políticas activas de empleo. Estamos haciendo esfuerzos en ver cuál es nuestro campo de actuación en materia de inspección laboral sin tener la transferencia. Ante este nuevo ciclo económico, donde ya veíamos que el desarrollo económico pasaba sobre todo por la inversión en I+D+i, tenemos sin realizar una transferencia que pudiera convertirse en una regularización financiera, puesto que es una competencia concurrente entre Euskadi y el Estado. Estamos haciendo un doble esfuerzo, pagando el 6,24 al Estado e invirtiendo muchísimo en diversos planes de actuación de I+D+i. También cabría una regularización financiera vía descuento del Cupo sobre esta materia.

Por parte de los socialistas parece que no hay intención de transferir las competencias pendientes, pero sí hay otros gestos como la incorporación del PNV al Consejo General del Poder Judicial.

Simplemente me parece que es algo que debería existir sin encontrarnos en una negociación presupuestaria. Creo que fue un borrón en la historia del Gobierno español en la época de Aznar que Zapatero ha mantenido, y creo que por la transversalidad entre las diferentes fuerzas eso debería existir sin ninguna negociación.

Dos años después del proceso de paz, ¿ve alguna posibilidad de repetir un periodo ajeno a la violencia en el nuevo curso político?

Eso llega también con el objetivo último de la Ley de Consulta. En el fracaso del último proceso de paz, Zapatero negoció con ETA y estaba dispuesto a que esa negociación se tradujera en algo relacionado con la consulta a la ciudadanía vasca, incluso ampliando los márgenes territoriales. Zapatero estaba dispuesto a hablar con ETA y no con el lehendakari, que ése es el déficit democrático que existe en este país. Ante ese fracaso, el lehendakari decidió dar la palabra a la sociedad vasca para que fijase su opinión de manera mayoritaria sobre el fin dialogado de la violencia y la necesidad de que entre los partidos se llegue a un acuerdo sobre el ejercicio del derecho a decidir de este pueblo.

¿Qué papel puede jugar a partir de ahora Arnaldo Otegi en la izquierda abertzale oficial para encauzar puentes de entendimiento con otros partidos?

Quien mejor le puede responder es la propia izquierda abertzale. En mi opinión, está bien que Otegi esté en la calle y, parcialmente, me gustaron las declaraciones que hizo en relación a la pregunta que usted me plantea. Sólo le faltó el tercer elemento de la ecuación: diálogo y negociación sí, pero con un desmarque de la violencia. Así sería completo y podría desarrollar un papel maravilloso en el mundo de la izquierda abertzale, donde creo que mayoritariamente están buscando la posibilidad de decir no a la violencia.

Con Otegi o sin él, ¿cree que la izquierda abertzale oficial estará presente en las autonómicas?

No tengo una bola de cristal, pero todo parece indicar, en vista de los procesos abiertos, que parece un poco difícil. No obstante, hace cuatro años, que no hace cuatro siglos, también con una Ley de Partidos en vigor y con diversos ministros que decían que cualquier subproducto de Batasuna sería enjuiciado, nos pusieron una agrupación electoral de pantalla para decir que había indicios de que no cumplía la ley electoral y, finalmente, entró EHAK en el Parlamento. Según los ministerios correspondientes no había ningún indicio de que EHAK incumpliera la ley. Claro, el único indicio era que si esta candidatura no hubiera participado en las urnas el tripartito hubiera tenido mayoría absoluta. Quiero decir que la participación de la izquierda abertzale formaba parte de una contabilidad electoral de aquellos que estaban en el Gobierno español.

Entre los diferentes frentes judiciales abiertos, un juez ha admitido a trámite la querella contra un periodista del 'El País' por publicar que Ibarretxe tenía constancia de una 'minitregua' de ETA durante el debate de la consulta. Usted lo calificó de inicio del "juego sucio". ¿Sigue esta tendencia?

Si me permite un inciso, también está pendiente el encausamiento del lehendakari por reunirse con Otegi. Y es que el Gobierno español pidió que se habilitará el mes de agosto para que el Tribunal Constitucional analizará la Ley de Consulta, mientras que en noviembre de 2006 presentamos un recurso de amparo ante este mismo tribunal y todavía no tenemos noticia sobre su admisión o no a trámite. Respecto al caso del diario El País, creo que la libertad de expresión no es de la amplitud que algunos quisieran considerar. Es un valor y como tal hay que salvaguardarlo, pero siempre dentro de la verdad. Y aquí le aseguro que se mintió.