El agujero negro

El pasado viernes, 16 de mayo, el pleno del Parlamento Vasco debatió y aprobó una Proposición No de Ley, a propuesta de Aralar y complementada con una adición del Tripartito, para reprobar la postura que suele adoptar el Gobierno español ante las denuncias de torturas. Y, por otra parte, miembros de Amnistía Internacional comparecieron el martes, 20 de mayo, ante la Comisión de Derechos Humanos, para presentar el informe Sal en la Herida y unas recomendaciones concretas en materia de prevención de la tortura y los malos tratos. Todo ello ha sido, evidentemente, abordado por los medios de comunicación desde muy distintas perspectivas y, en algunos casos, con muy poca objetividad y ciertas dosis de manipulación.

La sensación que he tenido durante estos días es que alguien parece haber caído en un agujero negro. En un campo gravitatorio tan intenso, que cualquier cosa que se aproxima a él queda atrapada y no puede volver a salir, cae y cae sin cesar en un agujero infinitamente hondo y negro, negrísimo. La tortura, y todo lo que sea justificarla, apoyarla, ocultarla, no sancionarla o inacción para erradicarla, es un agujero negro. Un agujero negro que sigue creciendo y engulle cualquier intento transparente de establecer y reforzar un sistema garantista de los derechos y libertades de la ciudadanía. Porque todos estos derechos y libertades van en un paquete. O se cogen todos, o el paquete será distinto.

Y esto es lo que pretende, precisamente, el texto que aprobamos en el Parlamento Vasco el día 16, en la línea de las recomendaciones hechas por organismos internacionales y asociaciones de derechos humanos: reprobar “la postura que el Gobierno español adopta sistemáticamente ante las denuncias de malos tratos o torturas, amparando sin excepción a las fuerzas policiales. Y reprueba especialmente el total amparo manifestado por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a los ocho guardias civiles ante las denuncias de torturas de Igor Portu y Mattin Sarasola”, así como “exigir al gobierno central el cese de la práctica de concesión sistemática de indultos a las personas condenadas por delitos de tortura”. Así de claro y así de simple. Aunque algunos hayan hecho todo lo posible por cambiar de lugar el adjetivo “sistemático”, el texto dice lo que dice.

Si asumimos que todas las formas de tortura y malos tratos están inequívocamente prohibidos en todo momento y toda circunstancia, por el Derecho Internacional y por la legislación básica, no podemos permitir agujeros negros, zonas grises o espacios de opacidad donde sea posible justificar un solo caso. La -legítima- lucha contra el terrorismo no puede, nunca, devaluarse y esgrimirse como argumento para justificar la impunidad o ante mecanismos como la incomunicación, cuestionados por organizaciones internacionales y organizaciones de derechos humanos, por ser espacios facilitadores del uso de la tortura y los malos tratos.

Si asumimos también que debemos apoyar la labor de los agentes encargados de velar por nuestros derechos y de hacer cumplir la ley, que prestan su servicio en las distintas policías y fuerzas de seguridad del Estado, deberemos velar también para evitar que unos cuantos criminales -porque los torturadores son criminales- empañen el trabajo honesto y fundamental de colectivos enteros.

Igualmente, y para contribuir a ese correcto funcionamiento de nuestras fuerzas de seguridad, no podemos caer en un reduccionismo simplista según el cual todas las denuncias de tortura vienen del mismo sitio. Amnistía Internacional recoge en sus informes muchos testimonios y casos de personas que han sufrido y han denunciado malos tratos y torturas, y que nada tienen que ver con el conflicto vasco o con ETA. Dudo que todos los inmigrantes víctimas de esta vulneración de derechos humanos hayan leído ese “manual del terrorista”, tantas veces aludido estos días, y no creo que hayan recibido cursillos sobre cómo formular denuncias falsas. Seamos serios.

Situaciones terriblemente dolorosas y totalmente reprobables, como el vil asesinato de Juan Manuel Piñuel en Legutiano, no pueden, no deben impedir que las instituciones continúen velando por los derechos de toda la ciudadanía. El contexto es irrelevante en la promulgación y defensa de los derechos humanos, dado que son un conjunto de conceptos básicos para la convivencia, universal, inalienable e indivisible. Del mismo modo que consideramos inadmisible e inasumible la teoría de que el fin justifica los medios, es nuestra obligación como representantes de la ciudadanía contribuir a garantizar todas las libertades y todos los derechos para todas y todos y en todo momento.

Si no somos capaces de asumir unos conceptos éticos mínimos, como son los recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los supeditamos a fines o a contextos concretos, obviando además buena parte del problema, estaremos metidos de lleno en un agujero negro que envilece nuestro estado de derecho.