queda ya lejos cuando los vascos en unas circunstancias históricas marcadas por la transición de la dictadura a la democracia, apostamos por el Estatuto de Autonomía de Gernika como pacto político doble, interno entre ciudadanos vascos por un lado y político entre iguales en la relación entre Euskadi y España. Representó la voluntad mayoritaria del Pueblo Vasco para (volver a) acceder a su legítimo autogobierno. Punto de encuentro que reunió a la pluralidad política democrática vasca en su empeño común de organizar su convivencia y procurar su bienestar. Clave para el futuro de Euskadi, en cuanto supuso el acceso a la capacidad para desarrollar políticas sectoriales autónomas en materias de extraordinaria importancia para el bienestar de los ciudadanos vascos. Un Estatuto en definitiva, que reconociendo la realidad plural de la ciudadanía vasca, apostó por emprender la tarea de cohesionar, construir y proyectar entre todos la sociedad vasca y sentar las bases para la normalización política de Euskadi. Resultado de un pacto refrendado por la ciudadanía vasca, perfiló el marco jurídico del que nos dotábamos para acceder al autogobierno. Sirvió pues a un triple objetivo: reconocimiento político del acceso al autogobierno del Pueblo Vasco, modelo de relación entre Euskadi y España y establecimiento de poderes o competencias que corresponden a las instituciones vascas. Pero su desarrollo ha sido mutilado.
La actuación política de los distintos gobiernos del Estado ha ido encaminada sistemáticamente a homogeneizar el proceso autonómico español. Y como consecuencia de ello, el Estatuto contempla competencias que no pueden ser ejercidas porque el Gobierno del Estado no las transfiere, al tiempo que se va produciendo un progresivo quebranto competencial fruto de Leyes Básicas y de recursos ante los tribunales. El café para todos que implica esta homogeneización vacía gravemente de contenido las potencialidades del Estatuto porque rompe con la concepción de un pacto bilateral entre Euskadi y el Estado, porque no considera la distinción que el propio marco jurídico vigente realiza entre nacionalidades y regiones y porque en definitiva de este modo soslaya las especifidades propias de nuestro Estatuto respecto a otros. En definitiva, el pacto estatutario ha quedado, y está, muy marcado por la coyuntura política del momento, en el que se ha desvirtuado el carácter de pacto inicial y sobre el que los poderes del Estado realizan legislaciones para recuperar o retener toda la capacidad decisoria posible. Soy de los que opinan que el desarrollo del Estatuto vasco fue cercenado por una estrategia premeditada de regresión autonómica inspirada en el llamado espíritu de la LOAPA que vio luz a raíz del fracasado golpe de estado del 23 de febrero de 1981. El respeto a ese pacto interno entre vascos por un lado, y bilateral de Euskadi con España por otro ha sido incumplido. La Villa y Corte trampea el sentido de la democracia cuando ladinamente apela a la lealtad en las relaciones de Euskadi para con el Estado, cuando previamente no existe por parte de éste respeto y lealtad para con la voluntad política mayoritaria democráticamente expresada por el conjunto de la ciudadanía vasca como fue el Estatuto de Autonomía de Gernika. Algo parecido, lamentablemente, ocurrió en Cataluña y en Navarra. Es que la lealtad es cosa de dos.
