Hace ya más de una veintena larga de octubres que los vascos en unas circunstancias históricas marcadas por la transición de la dictadura a la democracia, apostamos por el Estatuto de Autonomía de Gernika como pacto político doble, interno entre ciudadanos vascos por un lado y político entre iguales en la relación entre Euskadi y España. Representó la voluntad mayoritaria del pueblo vasco para (volver a) acceder a su legítimo autogobierno. Punto de encuentro que reunió a la pluralidad política democrática vasca en su empeño común de organizar su convivencia y procurar su bienestar. Clave para el futuro de Euskadi, en cuanto supuso el acceso a la capacidad para desarrollar políticas sectoriales autónomas en materias de extraordinaria importancia para el bienestar de los ciudadanos vascos. Un Estatuto en definitiva, que reconociendo la realidad plural de la ciudadanía vasca, apostó por emprender la tarea de cohesionar, construir y proyectar entre todos la sociedad vasca y sentar las bases para la normalización política de Euskadi. Resultado de un pacto refrendado por la ciudadanía vasca, perfiló el marco jurídico del que nos dotábamos para acceder al autogobierno. Sirvió pues a un triple objetivo: reconocimiento político del acceso al autogobierno del pueblo vasco, modelo de relación entre Euskadi y España y establecimiento de poderes o competencias que corresponden a las instituciones vascas. Pero su desarrollo ha sido incumplido por el PSOE y el PP.
Hasta 1.982 se produjeron 43 transferencias de materias fundamentales como Industria, Enseñanza, EITB, Ertzaintza y primera Ley del Concierto Económico. Hasta 1.986 se completan los traspasos de Universidades, Osakidetza, Inserso, pero ya se comienzan a encontrar serias dificultades en las relaciones con el Gobierno del Estado en cuanto al ritmo y contenido de las transferencias: parones y creciente politización de los traspasos. El Informe Zubía aprobado unánimemente por el Parlamento Vasco el 1 de Julio de 1.993 sirvió de base reivindicativa para la exigencia en la culminación del Estatuto de Gernika, informe detallado en el que se reclamaban 54 transferencias a la Administración Central. El 20 de Octubre de 1.995 una propuesta del Consejo de Gobierno fue aprobada por unanimidad por el Parlamento Vasco, en dicha propuesta se reclamaba del estado 38 transferencias. Dicho acuerdo fue ratificado por Lehendakaritza en febrero del año pasado. El 10 de Julio del 2.001 el lehendakari, Juan José Ibarretxe, en su investidura exigió la culminación del Estatuto. Desde 1.996 hasta nuestros días el agotamiento del proceso de traspasos ha sido evidente, a excepción de la ampliación del Concierto Económico y la financiación de la Formación Continúa como contrapartida a la primera investidura de Aznar. Mientras, los diferentes gobiernos de Madrid del PSOE y del PP basándose en informes de la Secretaría de Estado de Organización Territorial, que se amparaba a su vez en sentencias del TC, decidieron imposibilitar transferencias de Trabajo y Seguridad Social alegando ruptura de la caja única "por ponerse en peligro el principio de igualdad de todos los españoles, la Unidad del Sistema de la Seguridad Social y el principio de Caja Única siendo la Seguridad Social el instrumento que garantiza la igualdad de todos los españoles. El Gobierno Vasco continuaba reclamando transferencias pendientes que según un informe de la Secretaría de Estado de Organización Territorial: "la mayor parte de las competencias reclamadas no son susceptibles de traspaso puesto que corresponden en su integridad al Estado y otras no precisan de ningún traspaso para su ejercicio efectivo".
Lo cierto es que la actuación política de los distintos Gobiernos del Estado en manos del PSOE y del PP ha ido encaminada sistemáticamente a homogeneizar el proceso autonómico español. Y como consecuencia de ello, el Estatuto contempla competencias que no pueden ser ejercidas porque el Gobierno del Estado no las transfiere, al tiempo que se va produciendo un progresivo quebranto competencial fruto de Leyes Básicas y de recursos ante los tribunales. El café para todos que implica esta homogeneización vacía gravemente de contenido las potencialidades del Estatuto porque rompe con la concepción de un pacto bilateral entre Euskadi y el Estado, porque no considera la distinción que el propio marco jurídico vigente realiza entre nacionalidades y regiones y porque en definitiva de este modo soslaya las especifidades propias de nuestro Estatuto respecto a otros. En definitiva, el pacto estatutario ha quedado, y está, muy marcado por la coyuntura política del momento, en el que se ha desvirtuado el carácter de pacto inicial y sobre el que los poderes del Estado realizan legislaciones para recuperar o retener toda la capacidad decisoria posible. Soy de los que opinan que el desarrollo del Estatuto Vasco fue cercenado por una estrategia premeditada de regresión autonómica inspirada en el llamado espíritu de la LOAPA que vio luz a raíz del fracasado golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Los mentores del incumplimiento y de la merma del Estatuto, los sujetos políticos de la regresión autonómica tienen nombre propio y apellido políticos, los gobiernos del PP y del PSOE. El respeto a ese pacto interno entre vascos por un lado, y bilateral de Euskadi con España por otro, es la lección que PSOE y PP no han querido aprender y menos aplicar.
PD. Atentado de ETA. Una vez más, y por si hiciera falta repetirlo: desaparezca de una vez. Sería su única aportación. La violencia no tiene justificación política ni moral alguna. ETA envilece al nacionalismo vasco, es el mayor obstáculo para el futuro de Euskadi, genera un sufrimiento inútil y además comete el mayor de los crasos errores políticos. Es un insulto a la inteligencia y un ataque a la convivencia de toda una sociedad.
