Editorial
Opinión
Diario de Noticias de Álava
Tanto el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, como el Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de la magistratura española, consideran "acoso y deslegitimación" el hecho de que se haya ejercido la crítica política y profesional contra la imputación al lehendakari Juan José Ibarretxe por haberse reunido con Batasuna el pasado 19 de abril. Por supuesto, también son consideradas como presión las iniciativas que vayan a adoptar las fuerzas políticas en apoyo al lehendakari.
Resulta difícil de entender el empecinamiento del juez Ruiz Piñeiro por mantener la imputación a Ibarretxe, teniendo en cuenta que desde aquella reunión que el magistrado persigue, la Fiscalía del TSJPV y el propio Fiscal General han estimado reiteradamente que esas entrevistas no constituyen delito. Así lo refrendó el Tribunal Supremo, que no admitió una querella que pretendía criminalizar las reuniones con Batasuna. En el colmo de la incongruencia, el propio TSJPV archivó una querella contra dirigentes del PSE por haberse reunido con la misma formación abertzale. Hay una obstinación incomprensible en esta arremetida del juez Piñeiro contra la más alta institución de la CAPV, y una arbitrariedad partidaria en el CGPJ en ampararle. A fin de cuentas, no puede olvidarse que ese Consejo está formado por una mayoría propuesta por el PP, lo que le priva de la más mínima legitimidad ética como se puso de relieve en la negación de amparo a otro juez durísimamente atacado desde la derecha. Cabría preguntarse quién va a amparar al lehendakari, tantas veces difamado, escarnecido, insultado desde tribunas políticas y mediáticas sin ningún rubor. Pocos representantes políticos actuales habrán sido tan escarnecidos como Ibarretxe, a quien para público escarmiento quieren llevarle al banquillo. Una respuesta abrumadora a las iniciativas de apoyo propuestas por las fuerzas políticas podrá contrapesar tanta infamia, por más que los jueces traten de considerarlas como presión. El Poder Judicial puede ser criticado, como lo son el Legislativo y el Ejecutivo, y si es así, ya tienen buen trabajo los jueces para imputar a cuantos llenan las calles gritando contra el Gobierno e insultando a Zapatero .