Los efectos jurídicos que se están derivando de la ilegalización judicial de Batasuna están provocando un enrarecimiento del clima político en Euskadi. Más allá de las consecuencias que ha tenido en la izquierda abertzale, el hecho de la ilegalización está afectando a responsables institucionales y políticos que nunca estuvieron vinculados a la violencia y que toda su trayectoria se ha caracterizado por una apuesta en favor de la democracia y en contra del terrorismo.
A las resoluciones adoptadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por las que se procesa a Ibarretxe, Patxi López y Rodolfo Ares, ahora hay que añadir la sentencia dictada por el Supremo en el caso de Atutxa, Knörr y Bilbao. Es decir, como consecuencia directa o colateral de la ilegalización tenemos encausados al lehendakari, al secretario general y al portavoz del PSE-EE, y a quienes fueron presidente, vicepresidente y secretario del Parlamento en la legislatura pasada.
El cuadro de secuelas en el campo democrático es francamente inaudito. Lo que está sucediendo no se puede explicar sólo desde el socorrido argumento de la independencia de los jueces y la aplicación estricta del principio de la legalidad. No se trata de cuestionar la arquitectura del sistema democrático basada en el principio irrenunciable de la separación de poderes, ni de proponer la subordinación del poder judicial al ejecutivo. No se pretende eso. Sencillamente se trata de que las resoluciones judiciales no sean la traducción jurídica de las posiciones e intereses políticos e ideológicos de los enjuiciadores. Porque el respeto a la independencia del poder judicial exige, asimismo, que los jueces y magistrados ejerzan su función jurisdiccional con total independencia respecto también de sus propios criterios políticos e ideológicos. La convicción judicial que es merecedora de respeto y acatamiento es la que se forma el juzgador en el propio proceso judicial, no la que tiene como ciudadano.
La hipótesis que me gustaría plantear es la siguiente: ¿Qué habría sucedido en todos estos procedimientos si el PP y los medios de comunicación contrarios a Zapatero hubieran mantenido una posición de consenso con el resto de las formaciones en lo relativo a las políticas para el final de ETA? Estoy convencido de que la respuesta judicial habría sido bien distinta, aunque se estuvieran enjuiciando los mismos hechos. Como también tengo el convencimiento de que la reciente sentencia contra Iñaki De Juana habría sido bien distinta si con anterioridad al fallo ETA hubiera anunciado el cese definitivo de la violencia. Como distinta habría sido si en lugar de enjuiciar a De Juana por los mismos hechos se hubiera juzgado a otra persona distinta. Lo que quiero decir es que en el caso de este procesado el criterio que se ha impuesto es el de juzgar fundamentalmente a la persona, no sus hechos, vulnerando con ello, a mi entender, un principio básico del Derecho Penal. Dice Zapatero que las últimas sentencias dificultan el proceso de paz, y tiene razón. Sin embargo, ETA podría contribuir a allanar definitivamente todas esas dificultades y de paso podría evitar que De Juana llegue al trágico final que nos anuncia.
