Estatutos y memoria histórica vasco-catalana

Leí con interés el artículo de Amatiño sobre Felipe V y los Estatutos. Complace ver que desde la política y en el País Vasco, se eche una mirada a la historia reciente y no reciente para comprender mejor el presente y, por qué no, acertar al abordar el futuro. Máxime si se hace, como es el caso, con una perspectiva completa, de conjunto, que sitúa al País Vasco y Navarra donde le corresponde, por ejemplo con ocasión de una guerra como la de Sucesión (1700-1714) que fue una contienda de escenario europeo amplio y, como bien explica Amatiño, de enfrentamiento civil en España.

El artículo puede servir de base para diversas reflexiones, como las que me ha suscitado a mí. Quiero empezar, sin embargo, por hacer algunas indicaciones. En primer lugar, los Decretos de Nueva Planta no son abolitorias absolutas, sino que suavizaron una previa abolición, de modo que se mantuvieron en vigor, para Aragón, Cataluña, Mallorca y Cerdeña (no así para Valencia) el derecho privado y gran parte del procesal, penal, el Consulado de Mar y, lo que es más importante, el derecho supletorio.

Es cierto que los Decretos de Nueva Planta modificaron sustancialmente las instituciones de derecho público, vigentes desde el siglo XIII (y no solo desde 1534) tal como estaban recogidas en 1704. Pero predominaron a lo largo del siglo XVIII los factores que hicieron que los reinos de la Corona de Aragón mantuvieran su memoria histórica, como demostraron en el Memorial que dirigieron a Carlos III en 1760.

Destacaron los catalanes con brillantez en la I República, y desde el País Vasco no podemos olvidar que todo el movimiento autonomista de 1917 se llevó a cabo siguiendo le estela catalana, y que catalana fue la cuestión nacional candente en la II República.

En suma, Felipe V, si es que lo pretendió, no consiguió anular ni la identidad ni la memoria histórica de los catalanes

En segundo lugar, en cuanto a derechos históricos actuales, no debe olvidarse que la Constitución española de 1978 reconoce la existencia del derecho privado catalán, aragonés y mallorquín, es decir, de su derecho histórico, y le proporciona la base para su desarrollo (art. 149, 1, 8ª) que están aprovechando intensamente los catalanes. Tan históricos son estos derechos, y tan definitorios de su personalidad histórico-jurídica, en mi opinión, como los regímenes forales que la Constitución reconoce y cuya continuidad garantiza en la Disposición Adicional Primera para los territorios históricos vasco-navarros, sin olvidar, como subraya Amatiño, el provecho obtenido por estos últimos de esta fuente de excepción para determinadas áreas de derecho público (fiscalidad, policía y educación principalmente).

Amatiño aporta en su artículo la idea de la cierta aleatoriedad que frecuentemente afecta a los hechos históricos, como puede ser la opción tomada en una guerra civil. Así, se puede pensar que los vascos y navarros acertaron en 1707 al apoyar a un Felipe V, que, al mismo tiempo, tuvo que recurrir al argumento de la conquista sobre súbditos rebelados militarmente para justificar las medidas abolitorias contra ellos.

Amatiño constata que de no haber sido así, tal vez no estaríamos hablando ahora de fueros vascos y, con saludable ironía, se muestra casi agradecido a Felipe V, aunque, para ser más exactos habría que serlo con su abuelo Luis XIV, que es el que de verdad movía los hilos.

No estaría de más que esa misma visión la aplicáramos a las guerras carlistas, pues la distinción entre vencedores y vencidos que plantea Amatiño al valorar las guerras civiles del siglo XIX, resulta contradictoria con los hechos. Si se identifica a los vascos, al parecer a todos los vascos, con los carlistas perdedores, no se puede deducir de ello que la consecuencia fuera la pérdida de los fueros.

Por un lado, en el estado actual de conocimiento de la materia resulta mucho más adecuado reconocer el grado en que los liberales en general y los vascos en particular, contribuyeron a la pervivencia del régimen foral. Por otro, y esto es más importante y no se suele tener en cuenta, no sabemos el tratamiento que los carlistas, caso de haber ganado, hubieran dado a los regímenes forales.

En cambio, en la guerra civil del siglo XX está claro que los herederos de los carlistas no perdieron, sino que esta vez acertaron. Dado que también está claro quienes perdieron en el 36, resulta que se hace más complicado cómo establecer las conexiones con los vencedores y perdedores vascos de las guerras anteriores, y no digamos si nos remontamos a Amaiur, a 1200 o a la época de César y Pompeyo.

Interesante dilemas y bases para la reflexión, y muy a tener en cuenta el punto de ironía y distancia de Amatiño, cuyo apunte sobre la conveniencia de usar más los mercados que los campos de batalla resulta muy sugerente, en un momento en que con todo lo trágico y triste que resulta reconocerlo, se suele aún recurrir al argumento de la derrota constante y a la condición mantenida de víctimas oprimidas, para justificar una continuada y constante, se dice, resistencia.

Nuestra historia, afortunadamente, está repleta de generaciones, que demostraron su acierto en el aprovechamiento de sus recursos y supieron entender la política como el arte de lo posible.

Esas generaciones, con limitaciones e imperfecciones, pero con realismo y fidelidad a sus naciones de origen, no se dejaron llevar por el victimismo sino que, desde el siglo XVI supieron estar en los lugares adecuados en la Universidad, en la industria y el comercio, en la Administración, en el movimiento ilustrado y en la capacidad para hacer propuestas de futuro. Es cierto que el siglo XIX, de repliegue y vuelta al escenario peninsular español, fue para todo él de crisis y dificultad para dar con las mejores alternativas. Pero en un balance de conjunto, predominan ese tipo de modelos y de generaciones en nuestro pasado, y estoy de acuerdo en que se parecen a la de 1978 que elogia Amatiño, y se hubieran parecido más, en mi opinión, si la voz de los Irujo y Ajuriaguerra hubiera sido más tenida en cuenta.