Cataluña no es Tokelau

Desde el primer momento se vio claro que para el PP, pero también en menor medida para el PSOE, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional era una barrera infranqueable a la hora de hacer modificaciones en el texto estatutario. Es decir, no sólo se trataba como hasta ahora de que no se podía ir más allá de lo permitido por la Constitución, sino que ésta quedaba aún más restringida por las interpretaciones que el Tribunal Constitucional (TC) había hecho en sus sentencias. Es hacer trampa y destila poca voluntad negociadora, ya que la Constitución y los estatutos forman lo que se denomina "bloque de constitucionalidad", al que deben estar subordinadas el resto de las normas. El TC elabora sus sentencias a partir de este bloque; si se modificara uno de sus elementos la jurisprudencia del TC cambiaría también en consonancia con el nuevo estatuto.

Otra asunto recurrente ha sido repetir una y otra vez que "se quiere cambiar la Constitución por la puerta de atrás" desde sólo una comunidad autónoma utilizando la reforma de un estatuto. El argumento cae por su peso puesto que los estatutos de autonomía son leyes orgánicas delEstado. Esto es, no sólo es el Parlament de Cataluña el que aprueba la reforma sino que son también las Cortes Generales las que la aprueban en los mismos términos y por tanto están dando el visto bueno en lo que pudiera afectar a la composición y estructura del Estado.

¿Es suficiente la reforma catalana? Desde el inicio los intereses catalanes se centraron en tres puntos: reforma de la financiación, salvar la definición como nación y blindar las competencias propias.

En cuanto a la reforma financiera, Cataluña resuelve el asunto con una nueva cesta de tributos, la creación de una agencia consorciada y la garantía en cuanto a la recepción de recursos de no ocupar un ránking inferior al que le correspondería según su renta per cápita.

El preámbulo en el que se integra el término nación constituye, quiérase o no, una novedad en el ámbito de la legislación del Estado. No es baladí que se hable de la «libertad colectiva de Cataluña», la existencia de «libertades públicas de los pueblos» o el «derecho inalienable de Cataluña al autogobierno». La equiparación integradora que se hace entre los términos nación y nacionalidad debería servir también para recuperar el sentido inicial de la Constitución cuando diferenciaba entre nacionalidades y regiones de manera que se pueda avanzar en una realidad asimétrica del Estado. Por otra parte, el propio artículo reconoce la existencia de símbolos nacionales de Cataluña.

Es evidente que el principio de bilateralidad queda reforzado en el nuevo texto, de manera que la comisión bilateral se convierte en el marco general de discusión. Por otra parte se reafirma la existencia de competencias exclusivas íntegras en las que no podrá entrar el Estado basándose en títulos competenciales genéricos a través de leyes de bases. Esta cuestión es muy importante puesto que con el tiempo la jurisprudencia del TC había hecho desaparecer en la práctica la existencia de competencias exclusivas de las comunidades autónomas, como lo reconoció sin tapujos en la comisión Mariano Rajoy.

Por citar algunos otros caballos de batalla que siempre han preocupado a los catalanes, se asegura que la lengua vehicular en la enseñanza será el catalán, además de convertirse en lengua preferente de la Administración, debiendo tener un conocimiento adecuado y suficiente del catalán colectivos como notarios, registradores o jueces. Se reorganiza administrativamente el territorio, sustituyendo las veguerías a las diputaciones provinciales. En el ámbito de fomento han asegurado asimismo que la posición de la Generalitat fijará los objetivos a donde vayan las subvenciones territorializables del Estado o de la UE en Cataluña. El "sindic de greuges", su ararteko, tendrá competencia exclusiva sobre la Administración autonómica y local catalana, quedando vedado ese ámbito al defensor del pueblo (recordemos las intervenciones sobre temas lingüísticos de Múgica Herzog). Se deja una puerta abierta a la participación de las instituciones catalanas en la designación de miembros del TC o del Consejo General del Poder Judicial, y se permite la participación de Cataluña en organismos internacionales de manera directa, en especial los culturales, nombrándose explícitamente la Unesco (coincide en esto con el plan Ibarretxe).

Algunos otros asuntos no se han conseguido por el momento. Destaca la negociación sobre gestión y titularidad de los aeropuertos, las selecciones nacionales o la circunscripción propia europea. Pero junto a estos espinosos temas, otros más simples han quedado en la cuneta. Es ejemplificadora la férrea negativa a traspasar los paradores nacionales, que según algunos representan la propia imagen del Estado.

Es a los catalanes a quienes corresponde decir si ese acuerdo es suficiente o no. A los demás no nos debe corresponder decidir por ellos sino apoyarles en lo que una mayoría de ellos considere adecuado. Lo cierto es que en estos momentos el 72% de los parlamentarios catalanes apoya el acuerdo obtenido. Y entre los que no lo apoyan, PP y ERC, esta última, aunque ha votado negativamente en comisión, duda públicamente sobre qué postura adoptar en las futuras votaciones y el referéndum.

Otra cuestión es si el acuerdo catalán serviría para una reforma del Estatuto vasco. Desde el primer momento en las discusiones habidas se ha dejado claro que el apoyo a los parlamentarios catalanes no suponía compromiso ni mimetismo en las posiciones a defender en el caso de una reforma del estatus quo vasco. Y ello porque las sociedades, situaciones y aspiraciones son diferentes. Es evidente que la materia de financiación no centraría las hipotéticas discusiones del caso vasco salvo la evidente preocupación por el respeto o blindaje del Concierto Económico. Las cuestiones vascas irían probablemente más centradas en ámbitos identitarios y competenciales relacionados con éstos y en la capacidad de nuestra sociedad de decidir su futuro. Es evidente que el modelo catalán no es aplicable a Euskadi.

Algunos han querido hacer ver que en la forma de elaboración Euskadi debería aprender del caso catalán. Sinceramente no veo en qué, desde el momento en que las tramitaciones de ambos fueron similares. Una decisión parlamentaria que abrió un proceso de elaboración del texto con audiencia a múltiples sectores de la sociedad y que culmina en un texto negociado y aprobado por la mayoría suficiente establecida en el Estatuto actual. Un documento que se entrega en ambos casos en el Congreso con voluntad negociadora abierto a modificaciones. En un caso, el vasco, se le dio un portazo. En otro, el catalán, se admitió a trámite porque el PSOE compartía gobierno en Cataluña habiendo impulsado el texto el PSC, y Zapatero había adquirido compromisos públicos. Compromisos que luego se han quedado cortos, como aquel «aceptaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña» de noviembre de 2003.

Recuerdo que en una conversación a varias bandas en la ponencia del Congreso, el diputado catalán del PSC Miquel Iceta comentó que no estaba muy convencido de que Cataluña tuviera representación directa en la Unesco porque al no ser un país independiente estaría junto a lugares como Tokelau, un grupo de islas autoadministradas bajo soberanía neozelandesa, lo que supondría un desdoro para Cataluña. Cataluña será más que Tokelau en el ánimo de muchos, ciertamente, pero en la práctica, hoy por hoy en el plano internacional, esta última le saca cinco traineras. Así que, le dije a Iceta, por mucho "desdoro"que suponga, que por el momento yo querría ser como Tokelau.

Por cierto, sólo como anécdota o quizá algo más. Desde finales de 2004 Tokelau está en proceso de reorganización político-institucional con vistas a pasar a un "status"de libre asociación con Nueva Zelanda.