La salida del laberinto (acuático)

¿Qué significa exactamente la competencia de policía en materia de aguas? Sinceramente, no quiero aburrir a los lectores con una disertación sobre la "policía de aguas". Sólo diré una cosa: llevamos más de 11 años discutiendo sobre esas cuestiones sin ser capaces de ponernos de acuerdo en buscar una fórmula que permita darles solución y que coincida con una situación política con la suficiente estabilidad parlamentaria como para poder poner encima de la mesa dicha solución. Hoy podemos; y, tan pronto como hemos podido, lo hemos hecho.

No se trata hoy de hacer una exhaustiva recopilación de los artículos y de las soluciones propuestas por el Proyecto de Ley de Aguas, pero sí se deben de remarcar, al menos, las siguientes cuestiones.
Por fin, una Ley de Aguas tiene una visión medioambiental no sólo del agua, sino también del dominio público hidráulico y de los ecosistemas asociados.

Se crea una figura de gestión moderna y que estamos seguros resultará eficaz para la gestión de las distintas competencias de las que disponen las diferentes administraciones.

Se resuelve el problema competencial. No discutiendo sobre hasta dónde llegan las competencias de cada cual, sino que se ponen en común de forma que todos puedan participar de las competencias de los demás y así actuar coordinadamente.

Se definen las líneas maestras para la protección medioambiental del agua y sus ecosistemas. De esta forma, las actuaciones en materia de protección no serán ni diferentes ni contradictorias en territorio de la CAPV.
Se definen instrumentos de planificación hidrológica coherentes. Tras esta frase complicada, se esconde la clave de muchos de nuestros problemas; para poder atajarlos, tenemos que poder tener un instrumento que nos permita no actuar al buen tuntún según se nos ocurran soluciones puntuales. Si se aprueba la Ley jamás habremos tenido los vascos la capacidad de hacer planes a futuro sobre nuestros ríos de forma homogénea como la tendremos a partir de ahora. Se racionaliza el tema de las obras. El trabajo realizado tanto por el Gobierno como por las Diputaciones, Consorcios y Ayuntamientos y otras entidades locales ha sido ingente y ha solucionado muchas de las carencias que teníamos en temas de abastecimiento a la población y de saneamiento de aguas residuales. Y por último ¿cómo se paga todo esto?

Existen dos instrumentos diferentes por los que los ciudadanos pagamos y pagaremos cosas diferentes. Me explico.

Las leyes europeas obligan a los usuarios del agua a que, en la tarifa, paguen, se contabilicen, todos los gastos que se generan al crear la infraestructura necesaria para poder consumir en agua. No sólo eso, también se deben contemplar los gastos de mantenimiento y los de amortización de las obras. En román paladino, con el recibo del agua se tienen que pagar el embalse, la canalización, la red de abastecimiento, la red se alcantarillas o la depuradora y el mantenimiento de todo lo dicho. No sólo eso, también la amortización. Así se va preparando el dinero necesario para la modernización y renovación de las infraestructuras. El pago vía tarifa se refiere a la obra u obras acometidas por quien gestiona el servicio.

Es evidente que quedan "zonas oscuras" a las que no se llega con la tarifa. Con ella se paga lo particular referido a una obra, a una infraestructura. Pero si entendemos que el agua hay que verla en su globalidad, no sólo como una política de embalses -que se deben pagar con las tarifas (el recibo)- sino como una política integral, que abarque todos los aspectos y, en particular, los medioambientales (calidad y limpieza del agua, mantenimiento y mejora de los bosques y vegetación de ribera, eliminación de obstáculos en los cauces que provocan inundaciones, etc.), si lo entendemos así, estamos obligados a crear una tasa que pueda ser dedicada a la generalidad del territorio y a la mejora de un medio ambiente que a todos nos pertenece y del que todos debemos disfrutar en la mejores condiciones. Ése es el fin de la tasa que se define en la Ley. De todos modos, no olvidemos que, para ser mínimamente justo, junto con la creación de la tasa se crean sus posibles bonificaciones.