La «patrimonialización» de las víctimas

Nadie en su sano juicio duda de la lacra social que significa la acción terrorista que viene sufriendo nuestra sociedad desde antes de comenzar la democracia. Nadie duda tampoco de que colectivos perfectamente identificables son los primeros amenazados por una situación inadmisible desde cualquier perspectiva. Sin embargo, de forma igualmente evidente, se puede advertir sin dificultades que determinados grupos políticos y sociales buscan patrimonializar el sufrimiento y la persecución que derivan del terrorismo y de la violencia en general. El fenómeno se proyecta incluso hacia el exterior de cada colectivo respectivo, para acabar responsabilizando directa o indirectamente al resto de la sociedad y de sus instituciones representativas de situaciones de violencia inasumibles e injustificables que nos afectan a todos directa o indirectamente. Es decir, desde algunas aviesas perspectivas el terrorismo o la violencia son problemas sólo susceptibles de sufrimiento por determinados grupos sociales y políticos. Lo anterior, sin embargo, se encuentra muy lejos de ser cierto en la realidad de los hechos. El estigma del sufrimiento es un mecanismo de reacción humana comprensible, incluso desde la perspectiva de un derecho de «legítima defensa», pero que no puede derivar o tratar de «delegar» las responsabilidades sobre el resto de la sociedad.

De lo contrario, acabaríamos convencidos de que los problemas que padecemos no son, como tales, de la sociedad en pleno sino de un grupo integrante de la misma y, por si ello fuera poco, responsabilidad tácita o explícita del resto de la sociedad, en función de sus supuestos silencios, de sus supuestos vacíos o de esa supuesta ambigüedad calculada que se viene imputando al nacionalismo vasco, pero sin que se aporten pruebas reales a tal efecto. Semejante interpretación es tan injusta como ingenua, y llega incluso a negar la existencia de una verdadera sociedad. Con ello, se negaría igualmente la existencia real de soluciones plurales que partan precisamente de la propia sociedad como rea y condenada directa por la acción terrorista y violenta que nos ha rodeado históricamente.

En suma, el fenómeno político del «bien» y del «mal» no puede tratarse como un monopolio anexo al sufrimiento de un solo sector de la sociedad. Tampoco cabe aceptar la legitimidad exclusiva de algunos sobre dicho monopolio, por no haber aquéllos participado en acciones violentas o terroristas. La mínima ética política y humana impide patrimonializar el sufrimiento o «explotar» el mismo ante los que directa o indirectamente han practicado la violencia o ante la sociedad en pleno. En tal caso, una vez más, el problema no sería ya de toda la sociedad, que como tal ha sufrido la violencia y el terror, sino de unos grupos o sectores previamente identificados. Con ello, no se busca ya una solución o un acuerdo social, sino la conversión de la realidad y el sufrimiento en arma arrojadiza con la que explotar lamentablemente el sufrimiento ajeno y rentabilizarlo en provecho propio.

Algo similar viene sucediendo con la violencia de menor intensidad, la persecución, la extorsión y otra serie de fórmulas violentas diversas que se vienen practicando desde distintas perspectivas. Los mayores destinatarios vuelven a ser, en este caso, determinados grupos e ideologías, cuyas vidas llegan a tornarse insoportables. Pero la sociedad en pleno es también destinataria directa de dicha lacra, independientemente del sesgo político de cada cual. Ello no ha impedido, sin embargo, que dicho sufrimiento sea patrimonializado casi siempre, buscando explotar frente al resto cada una de las heridas y marcas que nos rodean, con marginación del sufrimiento ajeno.

Se percibe en todo lo anterior una práctica sectaria y asocial que separa sectores de la sociedad en función de sus cuotas de sufrimiento ideológico. Es una práctica política aberrante que, sin embargo, se viene alimentando abiertamente en la actualidad desde los sectores de la derecha más reaccionaria y antidemocrática. La situación enfrenta, también directamente, modelos sociales que a priori son pacíficos, pero que esta cultura delatoria arrincona y señala buscando estigmatizar universalmente tanto a reos como a víctimas. A los primeros con el castigo eterno de la cadena perpetua o de la imposibilidad de la reinserción; a los segundos con la presunta legitimidad política para determinar los posibles designios de un futuro en paz para Euskal Herria.

Lo verdaderamente necesario es que todos hagamos nuestras, individual y colectivamente, las heridas de nuestra ya larga historia de víctimas y sufrimientos, incluidas las de las propias víctimas y su legitimidad política. Tal legitimidad política no es otra que la de la propia sociedad globalmente considerada.

Hagamos del dolor y de las heridas «dominio público» como sociedad plural que somos y nunca más como integrantes de aquellos colectivos partidistas que quieren monopolizar la razón y la verdad de todos.

También la ansiada paz nos reclama asumir que nuestro patrimonio y nuestras profundas heridas son diversas pero responsabilidad de toda la sociedad, y no privativos o mancomunados de cada uno de nuestros grupos e ideologías. Noiz arte?