De Salamanca a Barcelona...

El traslado de unas cuantas cajas está muy lejos de restaurar bienes privados y públicos sustraídos por los "nacionales" en instituciones y domicilios privados (como el archivo de la familia Cambó) a sus dueños. En segundo lugar, el material (obtenido de forma ilegítima) no sólo abarca el período de la República y la guerra civil. Hay abundantísima documentación de otros periodos históricos. No sólo conserva documentación pública, sino de partidos políticos, sindicatos y personas privadas. Por si fuera poco (¡cruel ironía!), la mayoría del material corresponde sólo a un bando y a unas zonas concretas. "Particulares" franquistas, encabezados por los deudos del "generalísimo", conformaron "pequeños" archivos que, en muchos casos, han sido vendidos por sus descendientes y que, hoy, se encuentran repartidos por medio mundo. Por su esto fuera poco, fondos de Salamanca fueron trasladados en su día a Madrid. La historia es bastante sencilla.

Corría el año de gracia de 1937, cuando comenzó a funcionar dentro de la policía y guardia civil franquistas un cuerpo especial encargado de la represión de los partidos políticos, centrales sindicales y sociedades secretas, especialmente la masonería (el cuerpo se mantuvo activo hasta marzo de 1977). Uno de sus primeros objetivos, tanto en los años de la guerra como en la inmediata posguerra fue la requisa sistemáticas de todos los archivos, ficheros, bibliotecas y editoriales pertenecientes a dichas organizaciones y a sus miembros.

Uno de estos policías fue el falangista bilbaino Marcelino Ulíbarri que, además, fue el primer responsable de un organismo denominado "Recuperación de Documentos" y que se constituyó en Bilbao en el verano de 1937. Ulíbarri y sus compinches "requisaron" en Bilbao documentación y archivos no sólo de partidos y organizaciones "sospechosas", también se dedicaron al saqueo en domicilios particulares, de donde no solamente se llevaron documentos de tipo "político-social". De algunas casas desaparecieron joyas, acciones, cuadros,... A principios de diciembre de 1938 (aún no habían "liberado" Cataluña), los hombres de Ulíbarri había recopilado cinco millones de documentos, decenas de miles de libros, millares de folletos, colecciones de prensa, boletines, carteles, mulares, bandera, estandartes, sellos, emblemas, fotografías, etc..

El producto del saqueo de Ulíbarri y sus policías fue trasladado a Salamanca, primera capital de la España franquista, constituyendo, pasado el tiempo, el Archivo de Servicios Documentales. Este archivo dependió en una primera etapa de "la secretaría particular del generalísimo". Luego, lo haría de la Presidencia del Gobierno. Es decir, al almirante Carrero Blanco, máximo responsable de la represión interior. Su último director en esta etapa fue el vicealmirante Jesús Fontán Lobé. En octubre de 1977, al desaparecer, los servicios montados por Carrero, el Archivo pasó a depender del Ministerio de Cultura como una sección (de la guerra civil) del Archivo Histórico Nacional.

Tras la muerte de Franco, en 1981, unos 17.000 libros y folletos fueron trasladados a la Biblioteca Nacional de Madrid, que se unirían al fondo del policía Eduardo Comín Colomer. En este caso, por ejemplo, la señora Aguirre, presidenta de Madrid, no ha exigido que el fondo sea "devuelto" a Salamanca.

En el Archivo "de Salamanca" (que costa de dos grandes secciones: la Política-Social y la Masónica), se conservan documentos y materiales de Madrid, Cataluña, Aragón, Cantabria, Asturias, Bizkaia, Comunidad Valenciana y Extremadura. Como señalábamos antes, de la llamada "zona nacional" (incluida la Comunidad de Castilla-León y la propia Salamanca) hay un puñado de documentos sin interés, dada, como se ha dicho, la nula colaboración del jerarca de turno (militar o civil). Así que quien quiera estudiar la guerra civil en profundidad tendrá que viajar a Madrid, Barcelona, Bilbao, París,... Reno, Nueva York, ...

En un informe firmado por el tal Ulíbarri el 3 de diciembre de 1938, aquel arsenal documental ya se utilizaba "para extraer antecedentes de actividades político-sociales". Sin embargo, hay unos materiales que no proceden de los saqueos franquistas. Son las famosas fichas policiales de 1938 y 1939, donde las acusaciones con relativa frecuencia son gratuitas y no tienen más finalidad que justificar a posteriores auténticos asesinatos. Las víctimas aparecen como "fallecidos" (en realidad, fusilados). Teniendo en cuenta que, como señaló en un informe Von Stöhrer, el embajador de Hitler ante la Junta franquista, a principios de 1939, el dictador ya tenía una lista de más 250.000 personas a las que había que eliminar, no cabe duda que el "archivo de Salamanca" fue un instrumento decisivo para este fin.

Desaparecido Manuel Fraga, el Archivo "de Salamanca" junto a la Cruz de los Caídos (de un bando), es el último monumento a la vesania franquista y un archivo más de cuantos deben consultar los investigadores que quieren profundizar en algunos temas. Lo que no tengo tan claro es que esos investigadores, precisamente en Salamanca, tengan acceso a documentos originales. No hay que olvidar, por otro lado, que está pendiente la devolución del patrimonio documental vasco.