Opinión
15Enero
2006
15 |
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Poder civil y poder militar

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Enero 15 | 2006 |
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Deia


Polémico donde los haya el artículo octavo de la Constitución. El nacionalismo vasco siempre lo ha señalado como una peligrosa cita fruto de la herencia del franquismo en el período de la transición en el que se enmarca la elaboración constitucional. Se trata sin lugar a dudas de un artículo que no tiene parangón en el constitucionalismo europeo, ni tan siquiera en las constituciones históricas españolas. Su inclusión en el título preliminar lo hace aún más peligroso pues, incluido entre los pilares del Estado, siempre puede alguien entenderlo como un mandato superior al resto del ordenamiento constitucional interpretable directamente por los militares. Las declaraciones de Elorriaga, Acebes y Rajoy constituyen una irresponsabilidad absoluta. ¿Como puede decirse que se está jugando a la ruleta rusa con el Estatut? ¿Significa eso que los poderes políticos deben estar limitados en sus decisiones por lo que piense el estamento militar? Si ello fuera así, ¿menudo Estado democrático el español? A quedado claro que la inmersión en la OTAN y la Unión Europea no ha servido suficientemente para empapar de principios democráticos al ejercito español. Es cierto que la situación geopolítica en que nos encontramos hace difícil una asonada golpista pero las declaraciones del militar no son nada tranquilizadoras. En cualquier caso, lo que piensen o dejen de pensar los militares no debe ser un problema civil. Si no les gusta o consideran equivocada una decisión, en un Estado democrático y de derecho, deben acatarla disciplinadamente. Si no lo hacen así, es que se han confundido de profesión. Por cierto, que en esto de entender voluntades civiles por debajo de las militares también sabe un rato ETA.
Evidentemente el Estado haría mal si dejara pasar esta situación con la aplicación de una simple falta leve al teniente general Mena y su destitución a dos meses de su retiro. Además, los militares que se han manifestado públicamente en los medios de comunicación en apoyo a Mena deben ser sancionados en la medida que lo permita el ordenamiento jurídico si se quiere dejar asentada de una vez por todas la supremacía del poder civil sobre el militar. Y aprovechando la reforma constitucional para que Leonor sea reina algún día, no vendría mal eliminar de una vez el artículo octavo. Así, a ningún militar le quedarían dudas.

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