El general perplejo

Entiendo su sorpresa, que es la de otros muchos, no forzosamente militares. Desconozco si ha roto la neutralidad política que a un ejército democrático (¿no existe cierta contradicción en los términos?) se le supone. Su único pecado ha consistido en recordar lo que dice esa ley básica en su artículo octavo: «Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». Más adelante recuerda que el mando supremo de las Fuerzas Armadas corresponde al Rey, inviolable y no sujeto a responsabilidad alguna (art. 62). De modo que a unos se les castiga por no respetar la Constitución, y a otros porque nos recuerdan que están dispuestos a cumplirla. Porque ese sonrojante artículo octavo, tantas veces citado durante estos días como tan pocas veces leído, está presente como una losa, recordándonos que los ciudadanos hemos decidido que es el Ejército el que tiene la última palabra en ciertas materias. No se trata de un artículo perdido entre otros artículos referidos a los deberes y funciones de los militares, sino que se trata de un artículo situado a la intemperie, como una bofetada, después de fijar que la capital del Estado es Madrid (5), tras los genéricos dedicados a los partidos (6) y sindicatos (7) y justamente antes de recordarnos que los ciudadanos estamos sujetos a la Constitución (9). No es una casualidad, o hay que ser muy ingenuo para pensar que sí lo es.

Quizás se pueda entender que eso se hiciera así en su día: en opinión de algunos de los que en aquel momento legislaron bajo la amenaza de sables no faltaron razones para tomar esa decisión política, que dejaba, en un tema fundamental, la última decisión en manos de los militares. Así lo recordaron quienes pidieron el "no" en las votaciones: "Ojo -se nos dijo-, que el Ejército manda demasiado y que el Rey no es una figura decorativa". Lo que ya es más preocupante es que ahora, desde esta distancia prudencial que dan los años, nos empeñemos en ver en la Constitución cosas distintas a las que dice de forma más que literal.

Es lamentable que a estas alturas profesionales del Ejército como el general Mena piensen lo que piensan. Denota una concepción de la sociedad trasnochada, aunque coincidente con no pocas opiniones irresponsables de la derecha que en estos momentos se muerden la lengua. Pero otra cosa distinta es que no tenga razón y le falte coherencia. Aunque se le castigue por ello. De acuerdo a lo que está escrito y vigente, de acuerdo a la norma fundamental de convivencia que tenemos, corresponde al Ejército defender la integridad territorial. Por supuesto, siempre se argumentará que una cosa es que los militares defiendan la unidad territorial y otra distinta que sean ellos quienes interpreten cuándo esa unidad territorial está en peligro. Podría ser. Pero aquí también podemos hacer la lectura del ingenuo (la Constitución se realizó en unas condiciones óptimas, solamente con las justas presiones políticas derivadas del juego democrático) o hacer una lectura más a ras de tierra, de soldado raso (se hizo lo que se pudo, con todo el valor que se les suponía a los que ponían la cara).

Me voy a lanzar a la interpretación del ingenuo: los políticos interpretan cuándo pueden actuar los militares. Una buena mañana, tras meses de debates, se juntan en una mesa, oval o rectangular, da lo mismo, Rajoy y Zapatero, y oídos los partidos nacionalistas, deciden repartirse el territorio (no es la primera vez que sucede, y no sería la última), después de haber sorteado todas las votaciones legales correspondientes. Monta tanto, tanto monta, un Estado plurinacional se convierte en una nación pluriestatal. Perfecto. En ese momento el ministro de Defensa se rasca la oreja y se pregunta si aquello no estará afectando a la integridad territorial. Llega a la conclusión de que sí, efectivamente está ocurriendo eso. Y no es extraño que llegue a esa conclusión porque, con muchos menos motivos, en otras ocasiones anteriores también había llegado a la misma conclusión. Ahora viene el dilema: hay que cumplir el artículo octavo. Se sienta con su asistente (no sé si el ministro de Defensa tiene asistente, como los militares, o secretario/a) y le indica que ponga en un folio que, de manera respetuosa, se dirige al Rey en su calidad de jefe del Ejército, o al Jefe del Estado Mayor, para que tengan a bien, si les parece, detener y juzgar a todos los políticos que han propiciado el desastre. Así parece que actuarían los que han adoptado medidas contra Mena: "Oiga, usted tranquilo. Ya le diremos nosotros cuándo ponemos en peligro la integridad territorial con nuestras decisiones. Mientras tanto, manténgase neutral y, sobre todo, cállese". No sé, a lo mejor es una versión demasiado forzada e ingenua.

Pensaba contar también la versión del soldado raso, la del ciudadano no ingenuo, la del que piensa que el militar intervendrá cuando le parezca, con el fusil en una mano y con la Constitución en la otra. Pero, para qué, vamos a dejarlo, que me da un poco de pereza.