30Noviembre
2005 30 |
Opinión
2005 30 |
Opinión
Treinta años de asignatura pendiente
Noviembre 30 | 2005 |
Opinión
Opinión
El Correo
La semana pasada hemos asistido a la conmemoración de 30 años de monarquía. Quien haya aconsejado al Rey la celebración del trigésimo aniversario de su coronación le ha hecho un flaco favor. No es de extrañar el perfil bajo que, según muchos comentaristas, se le ha querido dar.
En efecto, parece que muchos quieren olvidar que el Rey no llegó a una con la democracia sino que fue el propio dictador quien le nombró sucesor en la jefatura del Estado, restaurando así a futuro la monarquía por encima de los derechos dinásticos de su padre.
Fue el dictador Francisco Franco quien el 22 de julio de 1969 propuso a las Cortes como su futuro sucesor en la jefatura del Estado a título de rey, jurando en ese acto las "leyes del Movimiento" y lealtad al mismo. A los dos días de la muerte de Francisco Franco, el 22 de noviembre de 1975, fue proclamado Rey de España ante las Cortes orgánicas y el Consejo del Reino. Ésta es precisamente la fecha que ahora algunos conmemoran: la proclamación rodeado de los próceres de la dictadura y en la dictadura, no en el nacimiento de una democracia constitucional.
Todo había empezado mucho antes cuando, en 1948, Don Juan de Borbón llegó a un acuerdo con el general Franco para que su hijo Juan Carlos cursara el bachillerato en Madrid, llegando ese mismo año por primera vez a España para iniciar sus estudios. Acabados éstos, tuvo lugar un segundo encuentro entre Franco y Don Juan en el que acordaron que Juan Carlos comenzara su preparación militar en los ejércitos. La tercera entrevista entre el padre del futuro Rey y el jefe del Estado español se produjo en 1960 y en ella planearon sus estudios universitarios.
Desde 1971 las funciones del Príncipe se completaron con la previsión de que sustituyera temporalmente a Franco en situaciones de ausencia o enfermedad. Tal situación se produjo, efectivamente, en 1974, cuando Juan Carlos asumió por unos meses la jefatura del Estado en funciones por enfermedad de Franco. Sí, durante la dictadura el actual Rey también ostentó, temporalmente, la jefatura del Estado.
Que el Rey no fue en contra del impulso de reforma del régimen sino que lo alentó es algo evidente. Lo que no se suele cuestionar son los motivos que le impulsaron a actuar así. Si hubo motivos altruistas y democráticos es algo que no se puede negar pero tampoco afirmar. Sobre lo que no cabe género de duda es que hizo lo único que podía garantizar su continuidad al frente del Estado. Evidentemente, la única salida para la monarquía era la reforma, puesto que la ruptura habría traído consigo la caída de una monarquía que había sido traída por el régimen franquista a espaldas de una fuerza opositora perseguida por ser leal a la República. Si la ruptura era un suicidio político, también lo era intentar mantener el régimen puesto que el contexto político había cambiado radicalmente en Europa. La consolidación de la CEE era un hecho y el régimen de Salazar había caído en 1974 con la "Revolución de los claveles". España era el último reducto dictatorial en Europa occidental y evidentemente no tenía futuro. La única manera de mantener la monarquía era buscar una fórmula intermedia transformadora que con el paso del tiempo homologara el sistema político y las monarquía con las democracias europeas.
Poco a poco el nuevo sistema constitucional se va consolidando, no sin asistir a una serie de intentos involucionistas (evidentemente el "tejerazo" suponía un obstáculo para el futuro de la monarquía) y al tutelaje más o menos presente del Ejército y los poderes fácticos del anterior régimen. Hoy se dice que la democracia española es homologable en todo a las europeas. Ello no deja de tener su fondo de razón pero, sin entrar en otros vericuetos, ¿también lo es en cuanto al tratamiento debido a la jefatura del Estado? De un examen de los comentarios de los medios de comunicación y el tratamiento que éstos hacen de las noticias sobre la monarquía, la conclusión es que la crítica (tan presente en el caso de otras autoridades políticas) brilla por su ausencia en el caso de la Familia Real. Dejando a un lado las frecuentes alabanzas e hipérboles sobre el papel real, lo cierto es que nadie osa hacer una crítica negativa sea en el plano político o personal con respecto a la figura real. ¿Y han pasado 30 años de su entronización! Personalmente entiendo que una cosa es el respeto y otra bien distinta la sumisión y el peloteo. Parece mentira que, por mandato constitucional, hoy en día no se especifique en diferentes partidas de los Presupuestos Generales del Estado el gasto de la Casa Real, que se recoge como un montante genérico que el Rey puede distribuir a su libre albedrío. Pero lo que aún se entiende menos es que solicitar por parte de algún partido político el desglose de los gastos del presupuesto de la Casa Real tras finalizar el ejercicio sea tabú.
La monarquía sigue siendo algo cuasi intocable, no sujeta siquiera a la crítica política, como se ha demostrado recientemente en el juicio a Otegi por injurias. Los políticos tenemos que soportar continuamente descalificaciones injustas y gruesas amparadas en la denominada genéricamente "crítica política". La monarquía no puede estar excluida del ámbito de lo político pues su papel esencial, si lo tiene, es precisamente político. Tan representativo e institucional es el papel que puede desarrollar el Rey como el de, por ejemplo, un presidente de cámara legislativa.
Desde hace uno o dos años algunos programas de humor han empezado a incorporar esporádicamente entre sus personajes a algunos miembros de la familia real. Esta deseable "normalización" dista mucho de ser aún generalizada y totalmente libre de crítica. Hay en definitiva un círculo de protección e inmunidad en torno a la jefatura del Estado que hace que ésta sea la única institución constitucional sin normalizar. Entre las asignaturas pendientes de la democracia española ésta es de manera clara una de ellas.
Evidentemente, una vez que fue aprobada la Constitución el poder real quedó restringido al de una monarquía constitucional tomando el Título II como modelo básicamente a las monarquías escandinavas. Los constitucionalistas definen la monarquía constitucional como dotada de un "poder neutro". Su papel no es estar por encima del Ejecutivo o el Legislativo, sino promover el diálogo entre poderes, influir, intentar encarrilar y desatascar los problemas políticos facilitando el diálogo entre instituciones y otros agentes de la sociedad. Naturalmente el mayor o menor poder, definido en estos términos, depende de la mayor o menor personalidad y voluntad del monarca. ¿Lo ha ejercido Juan Carlos I? No consta. Al menos en lo que concierne a los grandes asuntos políticos y momentos de tensión vividos en la política española. De hecho, en aquellas ocasiones cuando alguien ha sugerido la mediación real siempre han surgido voces desde el Ejecutivo y la Prensa señalando que el Rey no debe inmiscuirse en política.
Desde la perspectiva de Euskadi, la monarquía a menudo ha estado presente en las formulaciones de encaje constitucional de la realidad vasca. En efecto, la idea del pacto con la Corona vigente hasta el inicio del constitucionalismo en el caso vasco siempre ha estado presente en propuestas presentadas no sólo desde el ámbito nacionalista, ni tan siquiera sólo desde Euskadi, sino también desde tribunas y doctrina del derecho constitucional español.
Desde esa visión la monarquía quizá tendría una utilidad para Euskadi y el Estado. Hoy por hoy, no tiene ninguna utilidad práctica para Euskadi. Ni da la sensación de que quiera tenerla. Aunque ciertamente la República española tampoco aportaría más ventajas.
¿Y el futuro? Juan Carlos dice que aún va a dar «mucha guerra». Seguro que sí, pero no creo que dé mucho más de lo que ha dado. Cuando le llegue el turno a Felipe, en cualquier caso, su "poder neutro" dependerá de él.
Fue el dictador Francisco Franco quien el 22 de julio de 1969 propuso a las Cortes como su futuro sucesor en la jefatura del Estado a título de rey, jurando en ese acto las "leyes del Movimiento" y lealtad al mismo. A los dos días de la muerte de Francisco Franco, el 22 de noviembre de 1975, fue proclamado Rey de España ante las Cortes orgánicas y el Consejo del Reino. Ésta es precisamente la fecha que ahora algunos conmemoran: la proclamación rodeado de los próceres de la dictadura y en la dictadura, no en el nacimiento de una democracia constitucional.
Todo había empezado mucho antes cuando, en 1948, Don Juan de Borbón llegó a un acuerdo con el general Franco para que su hijo Juan Carlos cursara el bachillerato en Madrid, llegando ese mismo año por primera vez a España para iniciar sus estudios. Acabados éstos, tuvo lugar un segundo encuentro entre Franco y Don Juan en el que acordaron que Juan Carlos comenzara su preparación militar en los ejércitos. La tercera entrevista entre el padre del futuro Rey y el jefe del Estado español se produjo en 1960 y en ella planearon sus estudios universitarios.
Desde 1971 las funciones del Príncipe se completaron con la previsión de que sustituyera temporalmente a Franco en situaciones de ausencia o enfermedad. Tal situación se produjo, efectivamente, en 1974, cuando Juan Carlos asumió por unos meses la jefatura del Estado en funciones por enfermedad de Franco. Sí, durante la dictadura el actual Rey también ostentó, temporalmente, la jefatura del Estado.
Que el Rey no fue en contra del impulso de reforma del régimen sino que lo alentó es algo evidente. Lo que no se suele cuestionar son los motivos que le impulsaron a actuar así. Si hubo motivos altruistas y democráticos es algo que no se puede negar pero tampoco afirmar. Sobre lo que no cabe género de duda es que hizo lo único que podía garantizar su continuidad al frente del Estado. Evidentemente, la única salida para la monarquía era la reforma, puesto que la ruptura habría traído consigo la caída de una monarquía que había sido traída por el régimen franquista a espaldas de una fuerza opositora perseguida por ser leal a la República. Si la ruptura era un suicidio político, también lo era intentar mantener el régimen puesto que el contexto político había cambiado radicalmente en Europa. La consolidación de la CEE era un hecho y el régimen de Salazar había caído en 1974 con la "Revolución de los claveles". España era el último reducto dictatorial en Europa occidental y evidentemente no tenía futuro. La única manera de mantener la monarquía era buscar una fórmula intermedia transformadora que con el paso del tiempo homologara el sistema político y las monarquía con las democracias europeas.
Poco a poco el nuevo sistema constitucional se va consolidando, no sin asistir a una serie de intentos involucionistas (evidentemente el "tejerazo" suponía un obstáculo para el futuro de la monarquía) y al tutelaje más o menos presente del Ejército y los poderes fácticos del anterior régimen. Hoy se dice que la democracia española es homologable en todo a las europeas. Ello no deja de tener su fondo de razón pero, sin entrar en otros vericuetos, ¿también lo es en cuanto al tratamiento debido a la jefatura del Estado? De un examen de los comentarios de los medios de comunicación y el tratamiento que éstos hacen de las noticias sobre la monarquía, la conclusión es que la crítica (tan presente en el caso de otras autoridades políticas) brilla por su ausencia en el caso de la Familia Real. Dejando a un lado las frecuentes alabanzas e hipérboles sobre el papel real, lo cierto es que nadie osa hacer una crítica negativa sea en el plano político o personal con respecto a la figura real. ¿Y han pasado 30 años de su entronización! Personalmente entiendo que una cosa es el respeto y otra bien distinta la sumisión y el peloteo. Parece mentira que, por mandato constitucional, hoy en día no se especifique en diferentes partidas de los Presupuestos Generales del Estado el gasto de la Casa Real, que se recoge como un montante genérico que el Rey puede distribuir a su libre albedrío. Pero lo que aún se entiende menos es que solicitar por parte de algún partido político el desglose de los gastos del presupuesto de la Casa Real tras finalizar el ejercicio sea tabú.
La monarquía sigue siendo algo cuasi intocable, no sujeta siquiera a la crítica política, como se ha demostrado recientemente en el juicio a Otegi por injurias. Los políticos tenemos que soportar continuamente descalificaciones injustas y gruesas amparadas en la denominada genéricamente "crítica política". La monarquía no puede estar excluida del ámbito de lo político pues su papel esencial, si lo tiene, es precisamente político. Tan representativo e institucional es el papel que puede desarrollar el Rey como el de, por ejemplo, un presidente de cámara legislativa.
Desde hace uno o dos años algunos programas de humor han empezado a incorporar esporádicamente entre sus personajes a algunos miembros de la familia real. Esta deseable "normalización" dista mucho de ser aún generalizada y totalmente libre de crítica. Hay en definitiva un círculo de protección e inmunidad en torno a la jefatura del Estado que hace que ésta sea la única institución constitucional sin normalizar. Entre las asignaturas pendientes de la democracia española ésta es de manera clara una de ellas.
Evidentemente, una vez que fue aprobada la Constitución el poder real quedó restringido al de una monarquía constitucional tomando el Título II como modelo básicamente a las monarquías escandinavas. Los constitucionalistas definen la monarquía constitucional como dotada de un "poder neutro". Su papel no es estar por encima del Ejecutivo o el Legislativo, sino promover el diálogo entre poderes, influir, intentar encarrilar y desatascar los problemas políticos facilitando el diálogo entre instituciones y otros agentes de la sociedad. Naturalmente el mayor o menor poder, definido en estos términos, depende de la mayor o menor personalidad y voluntad del monarca. ¿Lo ha ejercido Juan Carlos I? No consta. Al menos en lo que concierne a los grandes asuntos políticos y momentos de tensión vividos en la política española. De hecho, en aquellas ocasiones cuando alguien ha sugerido la mediación real siempre han surgido voces desde el Ejecutivo y la Prensa señalando que el Rey no debe inmiscuirse en política.
Desde la perspectiva de Euskadi, la monarquía a menudo ha estado presente en las formulaciones de encaje constitucional de la realidad vasca. En efecto, la idea del pacto con la Corona vigente hasta el inicio del constitucionalismo en el caso vasco siempre ha estado presente en propuestas presentadas no sólo desde el ámbito nacionalista, ni tan siquiera sólo desde Euskadi, sino también desde tribunas y doctrina del derecho constitucional español.
Desde esa visión la monarquía quizá tendría una utilidad para Euskadi y el Estado. Hoy por hoy, no tiene ninguna utilidad práctica para Euskadi. Ni da la sensación de que quiera tenerla. Aunque ciertamente la República española tampoco aportaría más ventajas.
¿Y el futuro? Juan Carlos dice que aún va a dar «mucha guerra». Seguro que sí, pero no creo que dé mucho más de lo que ha dado. Cuando le llegue el turno a Felipe, en cualquier caso, su "poder neutro" dependerá de él.
