Tres encuestas diferentes, publicadas el pasado domingo 9 de octubre, coinciden en señalar una aprobación mayoritaria de los ciudadanos catalanes al Estatut que salió del Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre pasado y su necesidad de pactarlo en el Parlamento de Madrid. El 57% de los catalanes dicen estar ´muy´ o ´bastante´satisfechos con la propuesta del nuevo Estatuto, según se lee en El Periódico de Cataluña. A tenor de la encuesta de La Vanguardia, un 55% de catalanes votarían a favor del actual proyecto y un escaso 16% lo rechazaría. Leemos también en La Vanguardia que para el 28% de catalanes «las Cortes deberían aceptar el Estatut aprobado por el Parlament», mientras que casi el 70% sostienen que «las Cortes deben proponer cambios en puntos que no encajen en la Constitución» (subrayado en origen). Y el diario El País, con una formulación algo diferente, viene a decir lo mismo: para el 26% de catalanes el Congreso de los Diputados debe aprobar «tal y como está» la actual redacción del Estatut, para el 56% «debe negociarlo para conseguir su aprobación» y para el 8% ha de «rechazarlo y no admitirlo a trámite». Rara unanimidad: Estatut sí, negociación y pacto, también. Me alegra constatarlo.
Pero siendo el Parlamento el ámbito donde se toman las decisiones políticas, salvo consulta ad hoc a la ciudadanía, conviene recordar que el Estatut aprobado en el Parlament catalán el pasado 30 de de septiembre gustará mas o menos, estará mas o menos acorde con la Constitución, será más de izquierdas o de derechas, pero hay tres datos, tres datos básicos incuestionables: fue aprobado por amplísima mayoría de cerca del 90% (refrendo claramente superior al de la ciudadanía), lo fue en ausencia de violencia y tras un largo debate, fuera y dentro del Parlament, partiendo de una hoja en blanco. Cumpliendo escrupulosamente lo que siempre se achacó al denominado plan Ibarretxe, que también se aprobó en el Parlamento vasco el 30 de diciembre de 2004, pero con una exigua mayoría, con la violencia, aunque en sordina, en las calles (lo de sordina que se lo pregunten a escoltados, amenazados y extorsionados), y sin prácticamente debate alguno, tras un texto preparado, con pelos y señales, por el propio lehendakari. Pero, de ahí en adelante, en la reacción de los medios de comunicación y en el alineamiento de muchos columnistas, veo muchas semejanzas, especialmente en el fondo de la cuestión. En la forma, alguna prensa tiene unos modos más matizados que ante al plan Ibarretxe. Pero el fondo sigue siendo el mismo: saber quién tiene la última palabra. Así terminaba el diario El País su editorial del 1 de octubre pasado, tras comentar la aprobación del Estatut: «Pero la política no ha terminado: empieza la segunda parte, que es la decisiva. Hasta ahora han tenido la palabra los diputados catalanes, ahora la tienen los representantes de todos los españoles. Así es el Estado autonómico; así es España».
No otra cosa decía Josep Piqué en El Periódico de Cataluña (10 de octubre), quien, al ser preguntado sobre por qué el proyecto de Estatut es inconstitucional, respondía así: «Aspectos concretos aparte, me preocupa la concepción de fondo, que parte de que España no es el producto de la decisión de la soberanía nacional fijada por las Cortes y de que hay soberanías específicas que, según los nacionalistas, se identifican en Cataluña, Euskadi y Galicia, y que el resto de España debe asumir. Eso es difícilmente compatible con la Constitución. ( ) El argumento de fondo es el mismo que con el plan Ibarretxe», remachó.
Puestas así las cosas, digan lo que digan vascos o catalanes en sus organismos parlamentarios, aunque sea por unanimidad, nada pueden hacer si «los representantes de todos los españoles» dicen otra cosa. De ahí el impresionante artículo de Jordi Pujol en La Vanguardia del domingo 9 de octubre titulado Es la hora de España. Impresionante por lo descarnado de la argumentación, que concluye así: «¿Todo esto va a merecer sólo una respuesta agria? ¿Una voluntad de cerrar los ojos a la evidencia del malestar catalán? ( ) ¿Tan desquiciada sería Cataluña, tan mezquina, tan poca digna de crédito que una propuesta así no mereciese más respuesta que, según los casos, una negativa radical, un rechazo indignado o un gesto de menosprecio? Es la hora de España. De toda España. De Cataluña, por supuesto. Pero también, sin excusas, del resto de España. De la reflexión sin prejuicios, de la aceptación de la realidad. Y del coraje que todo esto requiere». En caso contrario, vaticina líneas arriba el ex presidente Pujol, «quedará la herida abierta». Seguro que le tachan de victimista.
Sigo pensando que el fondo del problema lo sitúan donde no debería estar: en ámbitos de carácter simbólico (el concepto de nación, de pueblo, porque ¿en razón a qué se va a tener que aceptar que sólo España es nación o que sólo hay un pueblo, el español?), en cuestiones de soberanía (cuando ya no existen soberanías más que parciales e interdependientes, cuando ya no decidimos ni la anchoa que podemos pescar) y de territorialidad (que en el proyecto de Constitución Europea bailaba entre los actuales Estado y Europa, una de las causas de su naufragio). Son conceptos viejos acuñados para otras situaciones. Hoy no solamente son inservibles. Son gafas de lectura que impiden ver la realidad actual a la que se obliga a amoldarse a conceptos obsoletos. Pero la realidad es terca.
He escrito muchas veces sobre las ventajas de aplicar el concepto de subsidiariedad. La última vez en este medio, el 13 de septiembre pasado y, obviamente, no voy a repetir lo mismo. Además hago mía la defensa del principio del consentimiento irlandés, que venía a decir que la unificación de la isla sólo podría producirse si la mayoría de la población en Irlanda del Norte así lo aprobaba y que defienden, para Euskadi, en estas páginas, Gemma Zabaleta, Odón Elorza y Denis Itxaso el 22 de agosto último. En palabras sencillas, que las decisiones se adopten lo más cerca posible del ciudadano (subsidiariedad) y que lo que decida un colectivo (pueblo, nación, región, comunidad nacional, etcétera) deba ser tenido en cuenta (principio del consentimiento). En algunos foros se llama a esto capacidad de decidir y obligación de pactar, en fórmula que me parece muy correcta.
Creo que el PSOE tiene un papel central que jugar en este momento histórico. En especial Zapatero. Vaya por delante mi simpatía y, si falla, ya desde ahora mi comprensión crítica. No lo tiene nada fácil y su principal escollo, me temo, lo tendrá dentro de casa. Como sucede a menudo. Creo también en el buen hacer de no pocos políticos hoy en ejercicio. No quiero citar nombres, pero todos sabemos quiénes son, aquí en Euskadi como en Cataluña y en toda España, los que quieren resolver los problemas y quiénes son los que ponen palos en las ruedas en nombre de esencialismos y fundamentalismos de todo color, color bien teñido de alarmismo, por supuesto. Creo que los políticos, porque es su hora, desde horizontes políticos muy diferentes pueden ponerse de acuerdo. Lo han demostrado en Cataluña. Estoy seguro de que se puede lograr en Euskadi, si van más allá de mesas y sillas. ¿En Madrid? Ya lo he dicho: superar definitivamente el principio de la soberanía y territorialidad, y aplicar los de subsidiariedad y consentimiento. Así nadie tendrá la última palabra. Nunca. Será la negociación permanente. Siempre. A una sociedad abierta le corresponde una gobernabilidad abierta.
