La cláusula Camps

Tras la presentación por el lehendakari del proyecto de nuevo Estatuto político vasco parece que a todos les entraron las prisas y esos inamovibles estatutos comenzaron a ser objeto de iniciativas para su modificación, no sólo en Cataluña sino también en Andalucía o Valencia. En concreto, el Estatuto de esta última comunidad será discutido próximamente en las Cortes, habiendo sido impulsado conjuntamente por el PP y el PSOE.

En consecuencia, el modelo autonómico que PP y PSOE dieron por acabado con la transferencia forzada, unilateral y homogénea de la sanidad por las instituciones centrales en la década de los 90 parece que vuelve a ser modificado. En su momento dicha transferencia provocó no poco malestar ya que para algunas comunidades autónomas fue un trágala, considerando dicha competencia ni necesaria ni suficientemente financiada. No importaba. El café para todos era el objetivo. Así anda ahora Rodríguez Zapatero buscando una solución para el déficit sanitario. De aquellos polvos, estos lodos.

Hoy pocos recuerdan cuáles fueron los orígenes de la existencia del Título VIII de la Constitución, dedicado a las autonomías. Parece como si hubiera sido una decisión unilateral del Estado como fórmula más adecuada para organizar la Administración. Sin embargo, si el texto constitucional recoge la posibilidad de crear comunidades autónomas (a tenor de la Constitución, no necesariamente en todo el territorio del Estado) es por la presión política y social generada desde Euskadi y Cataluña. Seamos realistas: durante la discusión constitucional ninguna otra zona del Estado solicitaba autonomía. Hoy parece que muchos políticos autonómicos quieren definirse como nación o al menos como nacionalidad histórica. De tal manera que parece en extinción la distinción constitucional entre nacionalidades y regiones.

A pesar de que las declaraciones de Rodríguez Ibarra suelen resultar exageradas y las más de las veces histriónicas y provocadoras, no le falta razón al afirmar que empieza a ser un cachondeo que todo el mundo quiera definirse como nación. Pues en realidad no existe problema de identificación nacional salvo en Euskadi y Cataluña (y en menor medida en Galicia), donde una parte importante de la población no se identifica con España. En Aragón, Valencia, Murcia o Andalucía la gente, todos los ciudadanos, se sienten españoles. En estos casos el hecho autonómico se vive de manera muy diferente a como lo interpretan vascos y catalanes. A pesar de ello, son los propios representantes de los dos grandes partidos del Estado quienes ora rechazan las reivindicaciones vasco-catalanas, ora las reivindican para todas las comunidades autónomas.

Esta política pendular e incoherente tiene una de sus expresiones en el proyecto de renovación del Estatuto valenciano que, en palabras de Rajoy, es el modelo para el futuro. La existencia de una oficina en Bruselas, que cuando fue creada por Euskadi llegó a ser perseguida judicial y políticamente por el Gobierno español, resulta que ahora es una reivindicación recogida por el nuevo proyecto de Estatuto valenciano (artículo 61). Y resulta que ahora en Valencia también reivindican una policía autonómica integral (artículo 55). Y por supuesto Valencia es una nacionalidad histórica (artículo 1.1), que procurará la recuperación de los contenidos correspondientes de los fueros del histórico Reino de Valencia (artículo 7.1)

Pero en especial hay una disposición en el proyecto valenciano de la que se ha hablado mucho: La denominada "cláusula Camps". A tenor de dicha Disposición Adicional Segunda, «la Comunitat Valenciana velará por que el nivel de autogobierno establecido en el presente Estatuto sea actualizado en términos de igualdad con las otras comunidades autónomas. A este efecto cualquier ampliación de las competencias de las comunidades autónomas que no estén asumidas en el presente Estatuto o no le hayan sido atribuidas, transferidas o delegadas a la Comunitat Valenciana con anterioridad obligara, en su caso, a las instituciones de autogobierno legitimadas a promover las correspondientes iniciativas para dicha actualización».

Dicho de otra manera, no importa si mi sociedad demanda o no lo mismo que puedan precisar y obtener los demás, ni si considero necesaria una competencia o seña de identidad: como los vascos o catalanes la tengan, yo también la quiero. Y lo que es más, no importa que una de esas competencias haya sido anteriormente calificada como inconstitucional por el PP; si los vascos lo obtienen, Camps también quiere incurrir en inconstitucionalidad. ¿Ah, la relatividad constitucional! A este paso vamos a ver a Camps reivindicando la participación de la selección nacional valenciana en el próximo Mundial de fútbol.

No será el Grupo Vasco en el Congreso quien niegue a nadie la posibilidad de discutir sus propuestas. Precisamente a los vascos se nos negó esa oportunidad cuando tras la presentación por parte del lehendakari Ibarretxe del proyecto de nuevo Estatuto político vasco, la Cámara votó en contra de su toma en consideración rechazando así la posibilidad de llegar a un acuerdo tras su discusión en las diferentes instancias parlamentarias de las Cortes.

Pero si se pretende aprobar el Estatuto valenciano como una especie de modelo a seguir en las diferentes renovaciones estatutarias y tratando el caso vasco igual al resto, se repetirá la historia del café para todos. Algunos pueden pensar que eso es suficiente para mantener a raya cualquier reivindicación nacionalista. Pero al colocar el tratamiento "igualitario" de las diferentes comunidades autónomas como excusa y dique de las sociedades díscolas que cuentan con mayorías nacionalistas, quien mayor daño recibirá será la propia idea de España. Pues con la frustración constante de la sociedad vasca, que ve como conseguir las mayorías democráticas establecidas por el ordenamiento para impulsar cambios en el mismo no sirve de nada ante la intangibilidad de la Constitución y su cicatera interpretación, lo único que se logrará es situar a los vascos ante una situación en la que el encaje en el Estado sea imposible dentro de unos parámetros aceptables para amplias capas de su sociedad. A partir de ahí es fácil colegir que las soluciones se empezarían a buscar fuera y no dentro del Estado.