Es así que la anterior campaña electoral al Parlamento Vasco de mayo de 2001, nos pareció mostrar determinadas enseñanzas para posteriores decursos electorales. En primer lugar, que la masiva implicación de los poderes políticos, financieros, judiciales y mediáticos a favor de un candidato (recuérdese la cena del Palace en apoyo a Mayor Oreja) no tuvo una efectividad consecuente con semejante demostración de fuerza; segundo, que la igualmente incalculable reiteración de mensajes en unívoca dirección (hasta un 84% de los mismos fueron recibidos por los ciudadanos vascos en apoyo de las corrientes «constitucionalistas», según medición de un estudio académico), tampoco alcanzaron cotas de valoración ciudadana en equivalencia al esfuerzo desplegado; y en tercer lugar, que el vituperio y la denigración del oponente, con especial virulencia en la persona del lehendakari Ibarretxe -tachado de patético, fanático, incompetente etc... - sirvió más bien para fortalecer su perfil en la consideración ciudadana como se expresó mediante sufragio universal en las susodichas elecciones.
En esta nueva campaña electoral, que dura ya varios largos meses y que finalizará el próximo 17 de abril, parecidos tambores resuenan con similares redobles, como si las experiencias pretéritas no sirvieran para las necesarias deducciones conclusivas. Si se reconoce que existe un nuevo talante en las formas, las posiciones de fondo son de un innegable mimetismo con las elecciones del inmediato pasado. Puesto que asistimos a un masivo alineamiento de los poderes reales del Estado (una vez más los políticos, financieros, judiciales y mediáticos), con las posiciones gratas a las instancias centrales, como es fácil de comprobar con una esporádica lectura o audiencia de los medios. La virulencia y el vituperio del adversario ha alcanzado ya cotas de irrisión, especialmente con el fuego concentrado, otra vez en el lehendakari, auténtico blanco de todo tipo de insultos; entre los demonizadores descuella un plural arco integrado sus extremos por profesores de universidades madrileñas y teólogos de la Universidad de Deusto, así como por voluntarios de última hora. Incluso éstos reclaman como exigencia democrática el «cambio político» con el declarado propósito de arrojar a las catacumbas al nacionalismo y al federalismo de izquierda. Quienes desde 1978 han ocupado, con algún intervalo de oposición, parte del poder político en esta comunidad autónoma hasta 1998, propugnan ahora la «alternancia», que al parecer significa la ocupación de dicho poder en exclusiva, sin que se atisben por el momento programas de actuación salvado el despojo del poder a los nacionalistas así como proseguir en la ilegalización del entorno del entorno.
Puesto que la visible pretensión de los denominados «constitucionalistas», no parece ser tanto un cambio de rumbo en políticas educativas, asistenciales, sanitarias o de vivienda, sino más bien la voluntad de hundir el barco ajeno mediante un masivo bombardeo, para una vez alcanzado ese objetivo, reconstruir sobre las ruinas un paisaje más favorable para los propios intereses. Así se entiende que se prodiga con el tremendismo de campañas anteriores, llegándose a manifestar que en estas elecciones se juega el porvenir de Euskadi e incluso de España.
Se da además en estas elecciones la extraordinaria circunstancia de la aplicación de la ley de partidos, que impide presentarse a un partido político que recogía el sentir de una parte importante de nuestros conciudadanos. Si esta anormalidad democrática no fuese suficiente, estamos asistiendo al lamentable espectáculo de un gobierno central pretendidamente democrático, dando instrucciones al fiscal general del Estado para evitar la presencia de las listas de Aukera Guztiak, utilizando todo tipo de medidas, incluida la revisión policial de cada uno de las 27.000 firmas que tuvo que presentar la coalición para poder acceder a la contienda electoral.
Estos gravísimos hechos, no solamente no condenados sino jaleados por los dos partidos «constitucionalistas» ya dejan irreversiblemente dañada la calidad y transparencia de estas elecciones.
¿Qué lejos estamos de contiendas electorales de sociedades democráticas contiguas! Si bien se producen excesos y abusos, los litigios partidistas se basan fundamentalmente en programas y no en apreciaciones descalificatorias personales; se parte del respeto de las posiciones ajenas, aunque no se compartan sino que se rechacen; se deniega el fanatismo y la intolerancia, apreciándose en todo su valor prioritario, la convivencia y los principios democráticos y, por supuesto, no se excluye a nadie. De tal modo que la desventura de perder unas elecciones sólo es considerada una tragedia por el candidato derrotado desde su perspectiva personal, no por sus efectos devaluadores para los intereses colectivos.
Volviendo a nuestra campaña, opinamos que debe significar un muestrario de las virtudes propias a través de unos programas claros y coherentes y de unos apoyos personales de candidatos a la altura. Jugar a la tragedia como argumento político (se dispara el paro, caída libre para la renta per cápita, desaparición de la ya desaparecida inversión estatal .... ) al insulto sistemático del adversario y a la ocultación, en la máxima medida posible, de los programas y de las políticas de futuro, no se compagina precisamente con los estándares mínimos de unas elecciones democráticas. Con un ejemplo bien presente entenderemos lo anterior: sí está claro el propósito del actual tripartito gubernamental en proseguir dicha alianza transversal -con la posibilidad de extenderla a Aralar-, e igualmente el PP en su pretendida coalición antinacionalista, no está nada claro en qué piensa el PSE tras el evento electoral. Lo que parece evidente es que este partido no puede ocultar su decisión postelectoral, puesto que ese escamoteo supone un engaño de la voluntad ciudadana que no sabe en concreto para qué y en qué dirección se dirige en la realidad política su voto al PSE.
Bien es cierto que el terrorismo existente en nuestro país, ha servido de coartada para determinados intereses. La tan obligada solidaridad con el dolor de las víctimas, de todas las víctimas, no impide considerar su manipulación partidista como una de las peores aberraciones. Del mismo modo que culpabilizar el terrorismo a espacios políticos que nada tienen que ver con dicho fenómeno, no deja de ser una despreciable arma electoral en el interior de una sucia campaña política.
Exigimos por ello mesura, prudencia y ponderación en esta campaña electoral y, por supuesto, que se puedan presentar todas las alternativas. El publicar mensajes rupturistas falsos e insidiosos es una postura que puede ser rentable en el corto plazo, pero que es desastrosa desde una perspectiva de futuro. Moderación, por lo tanto, en quienes aspiran a ocupar el poder político ya que además, al ganador el día siguiente no sólo le corresponderá gobernar, sino además recomponer las piezas de un rompecabezas alterado por las ambiciones, la estulticia o la mala fe de algunos.
Esperamos por fin que del resultado de estas elecciones surja un Parlamento Vasco que recoja las aspiraciones de nuestros ciudadanos y que sus decisiones mayoritarias sean respetadas en todos los ámbitos, puesto que representarán la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de este país. Nada más pero nada menos.
