La sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo contra un elemento nuclear de la normativa fiscal vasca -El Impuesto de Sociedades- supone "un atentado contra el Concierto Económico". No lo dijo ayer ningún representante del Gobierno Vasco, sino el propio diputado general de Álava, Ramón Rabanera, que en este punto no ha dudado en cerrar filas, en los mismos contundentes términos y por encima de los distintos colores políticos, con sus homólogos de Bizkaia y Gipuzkoa, Jose
Y es que el Tribunal Supremo -a instancias de la agrupación empresarial riojana- ha dictado, sorprendentemente, una sentencia sin precedentes jurídicos que no sólo anula un tipo impositivo -que no es homogéneo en UE, donde hay diferencias de hasta 20 puntos-, sino que ha reabierto un conflicto que las administraciones central y vasca ya habían zanjado hace cuatro años al sellar la llamada paz fiscal y, lo que es más grave, ha puesto en jaque la capacidad normativa vasco-navarra. En otras palabras, las figuras del Concierto y el Convenio Económico han quedado al descubierto y en grave situación de inseguridad jurídica al ponerse en evidencia que el sistema de garantías pactados en su día no funciona. En este sentido, está más que justificada la reacción institucional de las diputaciones y la necesidad de una respuesta política inmediata e inequívoca por parte de todas las instituciones y fuerzas políticas vascas. Pero la respuesta no debe quedarse ahí, ni siquiera en un posible recurso ante el Constitucional.
El Gobierno de Rodríguez Zapatero no puede quedarse al margen de una crisis de esta naturaleza y le corresponde implicarse en la tan proclamada defensa del autogobierno vasco. Además de la exigencia de defender la singularidad fiscal vasca ante los organismos europeos, sobre su responsabilidad recae ahora también la necesidad de blindar el sistema del Concierto y de articular un sistema creíble de garantías.
