Josu Erkoreka
19
Enero
2005
Opinión

¿Un proyecto sugestivo de vida en común?

Josu Erkoreka
19
Enero
2005
Opinión

Josu Erkoreka

Opinión

El Mundo


Hace veintiséis años, cuando se aprobó el Estatuto de Gernika, una gran parte de la derecha española acusó al nacionalismos vasco de haberse prevalido de la complicidad de ETA para arrancar al Estado un texto inaceptable y “potencialmente separatista”. Se aseguró que sólo con la complicidad y la cobertura sangrienta que proporcionaba la banda terrorista había sido imposible obtener el nivel de autogobierno que aquella norma reconocía a Euskadi.

Estas graves imputaciones no se formularon sólo desde la más recalcitrante extrema derecha. También fueron preferidas desde posiciones políticas más templadas. Gil Robles, por ejemplo, llegó a sostener que los diputados vascos habían acudido “a la negociación con el apoyo de la metralleta”. Y no dudaba en afirmar que, debido a ello, la “elaboración y aprobación del Estatuto de Vasconia” había sido una maniobra “antidemocrática”. El veterano periodista bilbaíno Ramón Sierra, recurrió a la metáfora del parto para formular la misma idea. En España, según él, nunca se hubiera alumbrado una criatura tan desarrollada como aquel Estatuto si el equipo quirúrgico no hubiese contado con ETA, “que puso los Fórceps en manos del ginecólogo”. En idéntica línea, Fraga Iribarne justificó en el Congreso su voto negativo al texto, esgrimiendo, entre otros, el argumento de que había sido elaborado y aprobado “bajo presiones inaceptables”; entre las que citó “los atentados contra el señor Cisneros y el secuestro del señor Rupérez”.

 

Hace 26 años, cuando se aprobó el Estatuto de Gernika, eran muchas las voces que cuestionaban seriamente la idoneidad de un marco autonómico como el que aquella norma inauguraba, para favorecer o impulsar el desarrollo económico del País Vasco. Agoreros habituales y profesionales del vaticinio, advirtieron en tono inquietante de que el autogobierno sólo podría traer aislamiento, pérdida de mercados, recesión y, en última instancia, pobreza.

 

Estos negros augurios no se lanzaron sólo desde los sectores nostálgicos más claramente abonados al inmovilismo político. El Círculo de Empresarios –que no la patronal- hizó público un informe alarmista en el que se señalaba que, a medio plazo, en sociedades industriales como la vasca, la implantación de regímenes autonómicos como el previsto en su Estatuto, había de producir efectos “onerosos”.

 

Hace 26 años, cuando se aprobó el Estatuto de Gernika, un sector no desdeñable del conservadurismo hispánico, se empleó a fondo en la constructiva tarea de agitar a la opinión pública, previniendo en tono angustioso que aquel precepto iniciaba el camino hacia la definitiva quiebra de la unidad de España.

 

Esta actitud no se circunscribió a los más recalcitrantes doctrinarios de la unidad de destino en lo universal. Alianza Popular basó su boto negativo en el referéndum, sobre el argumento, convenientemente cargado de tintes apocalípticos, de que la Disposición Adicional del Estatuto –la que establece que su aceptación “no implica renuncia del pueblo vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia”-constituía una inmensa vía de agua abierta por debajo de la línea de flotación de la España única e indivisible.

 

En una de sus intervenciones ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Fraga arremetía duramente contra esta disposición, observando que “se trata claramente de una paso hacia la autodeterminación y la independencia, que en modo alguno estamos dispuestos a tolerar”. En el Senado, Matutes ratificaba la tesis de Fraga y centraba, también, sus críticas en esta singular disposición, observando, preocupado, que “hace que el Estatuto sea una norma impresa, abierta a futuras reivindicaciones, que se presta a muchas sorpresas”. Y para el senador Pinilla Turiño, la disposición entrañaba, igualmente, “un grave atentado contra la integridad del Estado”.

 

Hace 26 años, cuando se aprobó el Estatuto de Gernika, el texto elaborado por la Asamblea de parlamentarios vascos llegó a las Cortes Generales sin el apoyo expreso del partido que gobernaba en España –La UCD-que, aún después de concluido el debate, mantenía vivos más de 100 motivos de desacuerdo. Cuando vio que el proyecto iba a ser aprobado en Euskadi sin la aquiescencia de su formación política, el centrista alavés Jesús Viana advirtió a sus promotores que debían renunciar a la esperanza de verlo aprobado por el Congreso de los Diputados. “Nos veremos en la Carrera de San Jerónimo”, les espetó. Como no podía ser de otro modo, aquella amenaza tuvo un fuerte efecto desmoralizador. Juan Mari Bandrés declaró que, con buena voluntad por parte del Gobierno, bastaban tres para alcanzar un acuerdo en torno al Estatuto. Pero “esa buena voluntad” –precisaba- queda desmentida por el voluminoso folleto de discrepancias que ha presentado. Me temo que no existe tal buena predisposición”.

 

Hace 26 años, cuando se aprobó el Estatuto de Gernika, no faltaron denuncias sobre la incorrección legal de procedimiento seguido para su tramitación. El protagonismo que Carlos Garaikoetxea y Adolfo Suárez –presidentes del Consejo General Vasco y del Gobierno español, respectivamente –adquirieron a lo largo del proceso, fue criticado en el debate como una “ostentosa minusvaloración de los órganos parlamentarios en negociaciones paralelas”; un vicio procesal en el que, años después, el profesor Tomás Villarroya vio una clara vulneración de la Constitución.

 

El fin, hace 26 años, cuando se aprobó el estatuto de Gernika, se alzaron voces que pusieron en cuestión la legalidad del referéndum que se convocó para su ratificación. En un libro publicado en los albores de 1980, un periodista oculto tras el seudónimo de Esteban de Zumalburu afirmaba, haciéndose eco de una denuncia que se formulaba con énfasis en determinados ambiente políticos, que “no se ajustó a las normas constitucionales”. Para gran parte de la derecha, el referéndum era, además, ilegítimo, porque en su desarrollo “debían estar presentes todos los españoles”.

 

Este somero repaso de lo que se hizo y se dijo cuando se aprobó el Estatuto de Gernika suscita de inmediato varias preguntas: ¿Qué es lo que ha hecho que hoy, 26 años después de sancionada aquella norma avalada por ETA y manchada de sangre; que tan onerosa iba a resultar para la economía vasca, que tan claramente atentaba contra la sacrosanta unidad de España, que tan mal fue consensuada entre los propios vascos y que tan claramente vulneraba el marco constitucional, se haya convertido para muchos en la única que puede organizar la convivencia democrática de Euskadi en un marco de bienestar y prosperidad? ¿Qué es lo que ha hecho que hoy, 26 años después, de estén empleando contra la propuesta aprobada por el Parlamento vasco el pasado 30 de diciembre exactamente los mismos argumentos que hemos visto que entonces se esgrimieron para denostar el proceso que culminó en la aprobación del Estatuto de Gernika? ¿Alguien mintió entonces, interesadamente, o es ahora cuando se recurre a la mentira? ¿Alguien erró entonces en sus análisis y vaticinios, o es hoy cuando prevalece la equivocación?

 

Personalmente, no descarto las mentiras y los errores. Ni los de entonces, ni los de ahora. Hace 26 años proliferaron las falsedades y menudearon los yerros. Y en la actualidad, no puede decirse que, al menos en ese punto, la realidad sea muy diferente. Si acaso la intoxicación informativa, sea hoy –exornada, como está con un duro halo de agresividad insultante –más intensa de lo que fue en 1979. En cualquier caso, creo que las respuestas a las preguntas arriba planteadas no radica ahí. Pienso que tiene mucho más que ver con el hecho de que, durante los últimos 26 años, aquel Estatuto ha experimentado una mutación de tal envergadura que hoy representa políticamente algo completamente distinto de lo que entonces significó.

 

Ignorando el hecho –sobre el que ahora tanto se insiste- de que el Estatuto fue, para los vascos, un punto de encuentro entre diferentes, los dos grandes partidos del Estado se han alternado en el Gobierno de las instituciones centrales, compartiendo el empeño común de reconducir el desarrollo del autogobierno vasco a los parámetros que ambos –y sólo ellos- pactaron para el desarrollo general del Estado Autonómico. Los pactos autonómicos que sirvieron de base a la Lopa hicieron, según confesión de Calvo Sotelo, que el proceso autonómico “pasara del régimen turbulento a un régimen laminar”·. Y aunque fueron cronológicamente posteriores al Estatuto vasco, sus promotores –y sólo ellos- decidieron no dejar el autogobierno vasco al margen de aquel inexorable proceso “laminar”.

 

Con el curso de los años, aquella decisión del PP y del PSOW ha ido provocando una radical mutación del estatuto de Gernika. Una mutación unilateral, porque ha sido impuesta por una sola de las partes que hasta ahora se dice que pactaron su contenido. Sin que su texto articulado haya experimentado modificación formal alguna –en esto consiste, precisamente, la mutación –el Estatuto ha sido despojado por la vía de los hechos de una buena parte de su contenido competencial y se ha visto privado de prácticamente todas las potencialidades que encierra para profundizar en el autogobierno. Ha dejado, en definitiva, de ser el Estatuto de Gernika – con todo lo que ello entraña de solución singular y pactada –para pasar a convertirse en un estatuto más; un estatuto “en régimen laminar”. Y el precario consenso sobre el que descansó al tiempo de su aprobación – el 53% del censo- ha quedado completamente desmoronado.

 

Quienes ahora predicaron que la Propuesta de nuevo Estatuto es absolutamente inviable, ocultan, conscientemente, deliberada y engañosamente que, para ellos, al menos a la luz de la experiencia, lo inviable no es ya la propuesta recientemente aprobada por el Parlamento vasco, sino el 20% o el 30% del Estatuto que se aprobó hace ya 26 años que no encaja en el “régimen laminar” que el PP y el PSOE le impusieron después. Si elaborásemos un listado de todas las declaraciones que los líderes de estos dos partidos han hecho públicas durante las últimas dos décadas, oponiéndose al desarrollo del Estatuto o expresando la –a su juicio- imposibilidad jurídica de hacerlo, podríamos rellenar sin esfuerzo todo un ejemplar del diario. Desde que el ministro Ledesma aseguraba en los primeros años 80 que, en materia de Justicia, el Estatuto vasco es inconstitucional y, por lo tanto, de imposible cumplimiento, hasta que mayor Oreja sostuviera no hace todavía demasiado tiempo que, por mucho que lo contemple el Estatuto, la transferencia a Euskadi de los centros penitenciarios ubicados en territorio vasco sería “un disparate”, los testimonios que avalan lo dicho son innumerables. Y al parecer, nadie se acordó al hacerlos de que estaban decidiendo unilateralmente sobre algo que ahora dicen que era un pacto entre diferentes.

 

Tampoco se tuvo muy en cuenta la presunta naturaleza paccionada del Estatuto de Gernika cuando se aprobaron unilateralmente los cientos de leyes básicas que lo han dejado irreconocible o cada vez que el PP y el PSOE nombraban unilateralmente a los miembros del Tribunal Constitucional. Y tras dos décadas y media de intensa legislación básica y demoledora jurisprudencia “laminar”, el acervo competencial del Estatuto de Gernika ha experimentado un gravísimo retroceso.

 

Esta es, en buena parte, la razón por la que hoy vuelven a proferirse contra la propuesta del Parlamento vasco, los mismos argumentos falaces que hace 26 años se emplearon para descalificar el Estatuto de Gernika. Porque es una iniciativa que pretende sustraerse al efecto “laminar” que, de modo unilateral, el PP y el PSOE acordaron aplicar al Estatuto de Gernika, despreciando olímpicamente su carácter bilateral y paccionado. Lo que no se controla, inquieta. Y ni el PP ni el PSOE están dispuestos a que las piezas básicas del modelo de Estado escapen de su capacidad de control y decisión.

 

Con todo, hace 26 años, la clase política madrileña tuvo arrestos para afrontar con audacia el secular problema de normalización política que afecta al País Vasco. Hoy, por el contrario, no parece haber estadísticas con talla política suficiente como para reeditar con éxito aquel esfuerzo y contribuir a recomponer los consensos unilateralmente quebrados. Se nos anuncia que el Congreso de los Diputados “laminará”, una vez más, el acuerdo alcanzado en el parlamento vasco. Y es posible que lo haga, imponiendo a los vascos la continuidad de un modelo pervertido que la mayoría de sus representantes han rechazado en la Cámara de Vitoria. Pero se habrá de reconocer que, a partir de entonces, será mucho más difícil defender el eufemismo orteguiano de que el proyecto constitucional español es, para la mayoría de los vascos, un proyecto sugestivo de la vida común.

 

Josu Erkoreka, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados

 

 

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