"jACUSSE". Emile Zola, en defensa de Dreyfus. "L'Aurore", 13 de enero de 1898. Ya casi 30 años, una parte mayoritaria de los vascos apostó en unas circunstancias históricas marcadas por la transición de la dictadura franquista a la democracia por el Estatuto de Autonomía de Gernika entendido como un pacto interno entre ciudadanos vascos y pacto en la articulación de la relación entre Euskadi y el Estado. Un Estatuto que requirió en tiempos políticamente oscuros, duros e inciertos, compromiso y coraje democrático en la causa de la libertad, de la democracia y del autogobierno de Euskadi. El Estatuto representó la voluntad para retornar a un autogobierno abortado durante 40 años por el franquismo, fue punto de encuentro que reunió a la pluralidad política vasca en su empeño común de organizar nuestra convivencia democrática. La recuperación de las instituciones de autogobierno y con ello la capacidad para desarrollar políticas sectoriales en materias importantes para el bienestar de los ciudadanos fue clave.
Pero hay una cuestión que es bueno recordar, la derecha política española (la Alianza Popular de entonces presidida por Manuel Fraga) nunca vio el autogobierno vasco con buenos ojos, digan hoy lo que digan. Fue un mal menor a soportar. Y hay algo más a no olvidar y tenerlo presente, el temor al ruido de sables, allá por los setenta, fue la principal razón para impedir la ruptura democrática con la dictadura franquista por un lado y propiciar, por otro, la reforma pactada. La Transición funcionó en primera instancia, quizás no pudo ser de otra manera, como el mecanismo más apropiado para la confirmación y continuidad de parte de la estructura social del franquismo: grupos económicos, grandes familias, cúspides del estamento profesional, cuadros superiores de la Administración, mandarinatos de variopintos pelajes, policías, ejército, jerarquías eclesiásticas, obispos y cardenales incluidos, y diferentes estamentos judiciales, no todos, pero sí muchos.
Lo que ya no es de recibo es que hoy y aquí, en Europa y en Democracia, después de casi 33 años largos de la muerte del dictador Francisco Franco, en esta Euskadi autogobernada de comienzos del 2009, con Gobierno y Parlamento Vascos autónomos, con un Estatuto de Autonomía, el de Gernika, Ley Orgánica en vigor (aunque incumplida unilateral y vergonzantemente por los gobiernos del PSOE y PP), es decir, en un contexto de relación bilateral de teórica mutua aceptación, respeto y reconocimiento leal con el Gobierno del Estado español, en un marco jurídico político de la España democrática y de la autonomías no es posible aceptar pusilánimemente cualquier tipo de iniciativa judicial que haya sido alimentada por el sectarismo político de algunos jueces conocidos por su sistemática animadversión ideológica al nacionalismo democrático vasco.
Las leyes no pueden dar jamás por resultado un escenario de repetido escándalo con decisiones incomprensibles para una mayoría del cuerpo social vasco. Las leyes deben generar seguridad jurídica y claridad de expectativas para el disfrute generalizado de los derechos fundamentales. No al revés. Pero algunas decisiones judiciales para cientos de miles de vascos suponen un escarnio, una tropelía y un claro intento de deslegitimación de sus máximos representantes institucionales.
Es en mi opinión muy preocupante el impacto que algunas decisiones judiciales tienen en la vida política y social de Euskadi. Por ello estimo que el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales no puede, ni debe, implicar sistemáticamente silencio ni cobertura incondicional a un contenido que genera bochorno y alarma social.
Ciertamente la denominada Ley de Partidos ha propiciado a veces un desbordamiento tal, interesado y partidista muchas veces, de los límites de la propia separación de poderes hasta el punto de sentar en el banquillo al mismísimo lehendakari de los vascos Juan José Ibarretxe Markuartu por actuar como tal. Escarnio intolerable. Y no nos engañemos, no es esta vez una cuestión de matices interpretables, no, se trata de principios fundamentales para una concepción democrática de la política, de la convivencia e incluso del sentido común.
El Estado de Derecho debe de recuperar urgentemente las hechuras y los límites que puedan justificar su legitimidad ante la sociedad vasca. Soy de los que pienso que algunos han perdido el respeto a nuestras instituciones, que por cierto costaron sudor, lágrimas y sangre conseguirlas y que algunos hoy pretenden sabotear por la puerta de atrás. Estamos asistiendo a decisiones muy graves y de gran alcance contra la voluntad democrática de la sociedad vasca, medidas y actitudes desconocidas desde el establecimiento de la democracia.
Es una intromisión, un desafuero y un intento de deslegitimación contra las instituciones vascas y la figura del lehendakari en particular. Y estimo que todo esto no es una casualidad, que no es un hecho aislado. Alguien ha estado añorando con indisimulada fruicción ver sentada a la figura del lehendakari de Euskadi en el banquillo de los acusados, dando lastimosa forma a una vergonzante muestra de la politización y utilización partidista inaceptable de la Justicia.
Los lehendakaris, los presentes y los ya fallecidos, el sacrificio de miles de hombres y de mujeres, gudaris y resistentes, demócratas, patriotas y militantes anónimos en la defensa de la libertad, la democracia y el autogobierno de Euskadi nos impiden permanecer impasibles en defensa de nuestras instituciones y de nuestra dignidad como vascos. Por eso pienso que un entendimiento de la democracia real y de calidad, exige que los vascos demócratas, nacionalistas o no, alcemos la voz ante este atropello.
Francia suele recordar periódicamente el llamado error Dreyfus, una auténtica vergüenza jurídica y sonrojante tropelía democrática. Dreyfus fue un militar judío alsaciano, injustamente acusado de espiar a favor de los alemanes, degradado, humillado y vilipendiado en 1895, patriota francés donde los hubiere, honesto y coherente, valiente y corajudo, víctima de la razón de Estado necesitada del momento. Emile Zola, autor del famoso J'accuse dirigido al presidente de la República en defensa de Dreyfus y publicado en L'Aurore un 13 de enero de 1898 y condenado por ello a un año de prisión, me hubiera podido dar pie a elegir otro título para encabezar estas líneas, Yo también acuso, pero no a los que se sientan en el banquillo, sino a quien, o quienes, han decidido que exista tal vergonzante banquillo.
SÍ políticamente al paso de buey y a la mirada lejana como Pueblo, SÍ a la mano tendida, a la flexibilidad y al consenso, SÍ a la transversalidad, SÍ a la negociación, al acuerdo, al pacto y a la astucia del pequeño en su lid con el grande, pero NI UN PASO ATRÁS en la defensa de nuestras instituciones, Parlamento y Gobierno vascos y, sobre todo, ni un solo paso atrás en la defensa del lehendakari de todos los vascos y de todas las vascas. Ni uno. El autogobierno vasco no puede ser un permanente zoko coyuntural político al albur de la fotografía electoral en España.
Muchos nos sentimos sentados en el mismo banquillo. ¡Un abrazo lehendakari!
