Hay algo a no olvidar. Por muchos años que hayan pasado. El temor al ruido de sables, allá por los finales de los setenta, fue la principal razón para impedir la ruptura democrática con la dictadura franquista y propiciar la reforma pactada. Así, gracias a lo que ha venido por conocerse como la Transición política del anterior régimen a la democracia, la reforma pactada se convirtió en coartada de la autotransformación del franquismo, de sus protagonistas, de sus beneficiarios y de casi la totalidad de la estructura de poder de la dictadura a una nueva legitimidad, compartiendo así la paternidad y maternidad de la democracia. Esta obligada entente funcionó como el mecanismo más apropiado para la confirmación y continuidad de gran parte de la estructura social del franquismo: grupos económicos, grandes familias, cúspides del estamento profesional, cuadros superiores de la administración, mandarinatos de variopintos pelajes, policías, ejército, jerarquías eclesiásticas, obispos y cardenales incluidos, y diferentes estamentos judiciales, no todos, pero sí muchos.
Francia suele recordar periódicamente el llamado error Dreyfus, una auténtica vergüenza jurídica y sonrojante tropelía democrática. Dreyfus fue un militar judío alsaciano, injustamente acusado de espiar a favor de los alemanes, degradado, humillado y vilipendiado en 1895, patriota francés donde los hubiere, honesto y coherente, valiente y corajudo, víctima de la razón de estado del momento. Emile Zola autor del famoso J'accuse dirigido al presidente de la República en defensa de Dreyfus y publicado en L'Aurore un 13 de enero de 1898 y condenado por ello a un año de prisión me ha dado pie a elegir el título que encabezan estas líneas, Yo también acuso. Medidas preventivas abusivas, presunciones de inocencia obviadas, secretos de sumario vergonzantemente violados y filtrados, jueces estrellas, consejo de poderes judiciales amordazados por intereses inconfensables y el silencio de muchos me ayudan inevitablemente y sin remedio alguno en la elección del titular.
Hoy y aquí, en Europa y en democracia, en esta Euskadi autogobernada del año 2008 con Gobierno y Parlamento vascos, la relación con el Estado no puede suponer aceptar cualquier tipo de decisión judicial. Un entendimiento de la democracia real y de calidad, exige que los vascos demócratas, nacionalistas o no, alcemos la voz precisamente para que el Estado de Derecho recupere las hechuras y los límites que justifican su legitimidad y superioridad moral. Y ello en defensa de todos nosotros y nosotras, de nuestros derechos y libertades, de nuestra legitimidad también como nacionalistas, en defensa de nuestras Instituciones, de nuestro autogobierno y de nuestro futuro como Nación Vasca. Porque las leyes y su interpretación no pueden dar jamás por resultado un escenario de periódico y repetido escándalo con decisiones incomprensibles para una mayoría del cuerpo social vasco. Las leyes deben generar seguridad jurídica y claridad de expectativas para el disfrute generalizado de los derechos fundamentales. Algunas decisiones judiciales para cientos de miles de vascos suponen un auténtico escarnio, una tropelía y una inaceptable deslegitimación de sus máximos representantes institucionales, hoy, Juan María Atutxa, Kontxi Bilbao y Gorka Knörr, como miembros de la anterior mesa del Parlamento y mañana el propio lehendakari Juan José Ibarretxe.
Es muy preocupante, e intolerable, el impacto y la convulsión que algunas decisiones judiciales tienen en la vida política y social de Euskadi. El respeto y acatamiento de las decisiones judiciales no puede ni debe implicar jamás silencio ni cobertura incondicional a un contenido que genera alarma por el efecto de dichas decisiones en el ejercicio de derechos fundamentales. La Ley de Partidos, PSOE-PP, ha propiciado inexorablemente un desbordamiento de los límites, de una manera tan absurda e insultantemente patente hasta el punto de poner bajo sospecha a la representación parlamentaria máxima de Euskadi y hasta al mismísimo lehendakari de Euskadi.
Estas tropelías jurídicas insultantes para una inmensa mayoría de vascos deben de acabar de inmediato. Son viejas y por lo tanto inútiles y vergonzantes recetas. Es la receta del viejo Domuit Vascones. Sí políticamente al paso de buey y a la mirada lejana como Pueblo, sí a la mano tendida, a la flexibilidad y al consenso, sí a la transversalidad, sí a la negociación, al acuerdo, al pacto y a la astucia del pequeño en su lid con el grande, pero, ni un paso atrás en la defensa de nuestras instituciones, Parlamento, Jaurlaritza y Lehendakari. Ni uno. No es cuestión de matices interpretables. Se trata de principios vitales. El Autogobierno vasco no es un zoko coyuntural político al albur de la fotografía electoral entre el PSOE y el PP en España. El Estado de Derecho debe recuperar urgentemente las hechuras y los límites que puedan justificar su ya muy menguada legitimidad ante la sociedad vasca. Soy de los que pienso que han perdido el respeto a unas nuestras instituciones, que por cierto costaron sudor, lágrimas y sangre y que algunos hoy bastardamente pretenden sabotear. Estamos asistiendo a decisiones muy graves y de gran alcance contra la voluntad democrática de la sociedad vasca, desconocidos desde el establecimiento de la democracia.
Es una intromisión, un desafuero y un intento de deslegitimación contra las instituciones vascas, Parlamento, Gobierno vasco y lehendakari en particular. Y estimo que todo esto no es una casualidad, que no es un hecho aislado y que desgraciadamente nos encontramos en la antesala de una estrategia que poco a poco parte de la judicatura está dando forma y que da aire a la causa contra el lehendakari. Alguien está añorando con indisimulada fruición ver sentado a Juan José Ibarretxe, lehendakari de Euskadi, en el banquillo de los acusados dando forma lastimosa a una vergonzante muestra de la politización y utilización inaceptable de la Justicia. Los lehendakaris, los presentes y los ya fallecidos, el sacrificio de miles de hombres y de mujeres, gudaris y resistentes, demócratas, patriotas y militantes anónimos en la defensa de la libertad, la democracia y el autogobierno de Euskadi nos impiden permanecer impasibles en defensa de nuestras instituciones y de nuestra dignidad como vascos que proclamamos que somos un Pueblo y que queremos seguir siéndolo y ejercitar nuestro derecho a hacer historia.
Los vascos hemos sabido no perder el pulso en el transcurrir de la historia y tras siglos de avatares continuamos manifestando nuestra voluntad colectiva de querer siéndolo en el futuro. Somos un pueblo pequeño, pero una realidad sociopolítica en el conjunto del tablero político internacional, un pueblo que ha pervivido a culturas mucho más poderosas y a civilizaciones que han dejado su huella como legado permanente en la historia. Factores internos, aspiraciones e iniciativas surgidas en su seno y presiones exógenas, intervenciones agresivas de fuerzas exteriores han contribuido de forma desigual, según las épocas, a la configuración de la Euskadi de hoy. Pero a pesar de los bruscos cambios soportados, a pesar de las difíciles circunstancias a las que han tenido que enfrentarse, hemos mostrado reiteradamente nuestra voluntad de permanencia, hemos sabido preservar en medio de las dificultades nuestras señas de identidad y nuestros referentes histórico-culturales. Y lo seguiremos haciendo hoy. Ni un paso atrás.
