La ponencia política de la ejecutiva del PNV se ha convertido en motivo de análisis y comentario para agentes externos a la propia formación jeltzale. Sin ir más lejos, portavoces oficiales del PP y Batasuna han expresado su valoración. Tanto San Gil como Permach coincidieron en restar importancia a la persona que vaya a dirigir el PNV. Sin embargo, discreparon respecto a la ponencia, pues allí donde la presidenta de los populares ve un texto «absolutamente batasunizado», para el portavoz de Batasuna el objetivo central es llevar a cabo «un nuevo fraude» para mantener la partición de Euskal Herria y negar los derechos nacionales al pueblo vasco.
Dichas manifestaciones han tenido que producir satisfacción entre los dirigentes jeltzales, particularmente entre quienes han participado en las labores de la 'transversalidad interna'. Se ha dicho que el texto aprobado por unanimidad representa una victoria del soberanismo radical y el debilitamiento del pragmático y de la estrategia pactista. Está por ver, y, además, del texto es muy difícil concluir tal afirmación. Es manifiestamente mejorable, en particular en lo referido a los aspectos más políticos y conflictivos desde el punto de vista de la estrategia. Puede ser ambigüedad calculada, pero también eclecticismo. También hay textos sobre Navarra, la transformación plurinacional del Estado y la cohesión social y lingüística que responden a un planteamiento netamente democrático y progresista. Pero parece que estas cuestiones no son relevantes para el rifirrafe político y mediático. Lo que mola es ver cómo queda lo de la consulta.
En contra de lo que otros han analizado, entiendo que en el texto lo prioritario y estratégicamente relevante no es tanto la consulta cuanto el acuerdo, primero entre vascos y después con el Estado. Dice así el párrafo: «EAJ-PNV se marca como objetivo la consecución de un acuerdo que sea fruto de un amplio consenso entre las formaciones políticas y de las instituciones de Euzkadi y el Estado. Un nuevo escenario que deberá ser refrendado por la sociedad en un marco de respeto a los derechos humanos y las libertades democráticas». Siendo ese el horizonte y el objetivo, el texto también se plantea el escenario, creo que no deseado, de una situación de bloqueo por imposibilidad del acuerdo. Ante tal eventualidad, como instrumento de desbloqueo, se plantea tímidamente que 'sería deseable' que fuera la propia sociedad vasca quien a través de la consulta validara un proceso que permita superar los obstáculos. Está claro en el texto que esta previsión no se erige en el eje central. La consulta popular como instrumento para el reconocimiento jurídico de una situación de facto tiene su fundamento en el 'principio de efectividad' aplicado en el Derecho Internacional y recogido en el Dictamen del Supremo de Canadá cuando se le planteó la eficacia de una declaración unilateral de secesión por Québec. Creo que en el PNV nadie se plantea hoy una consulta popular conducente a una secesión de facto cuando hablan de la consulta sobre el derecho a decidir.
