En vísperas de las elecciones del próximo día 27 la crispación política es evidente y no es debida precisamente a la situación económica, dado que el crecimiento de la economía española es relativamente alto y el índice oficial de desempleo está en su nivel más bajo desde 1979. La Reforma de los Estatutos, el Proceso de Paz en Euskadi y la Ley de la Memoria Histórica impulsada por el PSOE ha generado un auténtico griterío apocalíptico por parte del PP que muestra síntomas de vínculos sentimentales e ideológicos con el pasado. La actual crispación política es debida fundamentalmente a la actitud de la derecha política y sociológica española que se ha vuelto muy agresiva y montaraz en su discurso, y actitudes, como bien afirma en una larga y muy interesante reflexión José Manuel Fajardo en Le Monde Diplomatique de marzo de este año. Según el mencionado autor hay sin duda elementos de oportunismo político y de incapacidad para asumir la derrota del 2004, pero la descalificación radical de un líder político como Zapatero tan proclive al diálogo, y la carga de agresividad con que el PP ejerce la oposición hacen pensar que lo que se está jugando hoy en la política española rebasa con mucho las maniobras tácticas de la vida política cotidiana y que obviamente tiene clarísimas consecuencias y reflejos en la vida política de Euskadi. Hay quizás un movimiento de fondo en la vida política española que conviene analizar para intentar escapar de las declaraciones coyunturales, los insultos y el escándalo mediático.
La democracia española nació del pacto entre fuerzas que venían de la dictadura franquista y las fuerzas de la oposición democrática. En 1977 se acordó, quizás lo único que se podía acordar, un marco de convivencia y una Constitución que permitiera descartar la exigencia de responsabilidades a quienes habían participado en la dictadura. Después de cuarenta años de régimen autoritario fruto de un golpe de estado, fueron miles los asesinados, encarcelados y exiliados, pero gracias precisamente a ese nuevo marco político de convivencia semiforzado en el que convivían perseguidos y perseguidores, nadie, absolutamente nadie, hubo de responder por tanto abuso, tanta impunidad y tanto dolor. Así, la memoria histórica quedó en el congelador del miedo a la vuelta al pasado, a la espera de que las cicatrices se cerraran y que los cada vez más viejos, víctimas de la dictadura y vencidos en la guerra civil, se fueran muriendo. Y siempre bajo la sombra de las fuerzas que habían actuado bajo el franquismo y que seguían formando parte del ejército, de la policía, de la judicatura, de la jerarquía de la iglesia y de la mayoría de los medios de comunicación. Podría decirse básicamente que la llamada transición política consistió en que los vencedores de la guerra civil aceptaron dejar de perseguir a los perdedores de la guerra a cambio de que éstos no les pidieran cuentas ni sobrepasaran ciertos límites. En opinión del articulista es ese momento histórico precisamente donde está el origen de la crisis política que hoy atraviesa al conjunto del estado español. Porque el resultado de aquel pacto fue que la democracia se asentó en territorio español pero sin llegar a resolver el que había sido el conflicto básico de España, su definitiva configuración como Estado moderno. Fue durante la Segunda República cuando se dieron los primeros pasos para la construcción de un Estado con características de modernidad mediante la aprobación de Estatutos de Autonomía para Cataluña y para Euskadi. Pero la guerra civil y la victoria del fascismo hicieron que aquellos estatutos quedaran en papel mojado. Y la larga dictadura, obsesionada por la unidad de España basada en la represión de las culturas gallega, catalana y vasca no hizo sino enconar el problema. La Constitución de 1978 contó con el rechazo de los nacionalistas vascos, y así los nuevos estatutos elaborados a partir de ella fueron percibidos de manera muy diferente por las distintas fuerzas políticas: para la derecha, representaban el máximo de autogobierno que estaba dispuesta a aceptar para las regiones, mientras que para los nacionalistas era tan sólo un primer paso en una perspectiva más ambiciosa de autogobierno. Pero la sombra de un posible golpe de estado, casi triunfante un 23 de febrero, terminó por imponer la versión más descafeinada, light y reduccionista del llamado Estado de las autonomías.
Las tres grandes iniciativas de la política emprendida por José Luis Rodríguez Zapatero intentan liberar a la actual democracia española de aquellos condicionamientos provenientes de la transición y de, por lo tanto, los últimos vestigios del franquismo: la reforma de los Estatutos de autonomía buscando ampliar los límites de autogobierno, la apertura de un complicado pero audaz proceso de paz en Euskadi y la Ley de la Memoria Histórica. Demasiado para un PP que a veces da síntomas de nostalgias de realidades felizmente ya periclitadas. No falta quien señala que en la falta de acuerdo entre el PP y el PSOE hay también una manifiesta, y muy lógica, falta de voluntad de los socialistas, pues la desaforada oposición del PP, su proceder radical e intransigente desde el momento mismo de su derrota electoral, su inusitada agresividad contra Zapatero y todos sus aliados, sean nacionalistas o no, podría reforzar las posiciones electorales de los socialistas, atrayéndose para sí el centro sociológico del electorado español y evidenciando el recelo de la ciudadanía hacia las actitudes extremistas. Quizás también se podría afirmar que tras esa actitud de la cúpula del PP lata un discurso más propio de un extrema derecha, -lo contrario de una derecha moderada, democrática y moderna- que arrastra un problema de identidad política desde el descalabro en 1982 de la UCD. O quizás, y además de lo mencionado, el PP actúe de esta guisa también por sus propios cálculos electorales. Quizás sueñe el PP con el fracaso del proceso de paz en Euskadi, quizás sueñe con una imagen de Zapatero como líder incapaz y peligroso para la unidad de España.
La capacidad de Zapatero para concretar un pacto de amplio espectro que le respalde en sus iniciativas para buscar el fin de la violencia en Euskadi, y la voluntad, o no, del PP de librarse del peso de la extrema derecha en su seno van a influir decisivamente en el resultado de estas elecciones y de las próximas. Unas elecciones marcadas por una desaforada lucha política durante estos tres últimos años y donde han estado presentes, siempre citadas y muchas veces manipuladas, las víctimas de la violencia: las ETA, las de la guerra sucia y las de la represión franquista. Probablemente, el día en que todas las víctimas de todas las violencias, cada cual en su contexto y sin tratar de contraponer unas a otras, sean tratadas con la dignidad que merecen, será posible empezar a desactivar la maquinaria de odio que las violencias alimentan. Y para ello, y así lo afirma J.M. Fajardo, hace falta una clase de valor infrecuente: el de reconocer los propios horrores y errores.
Zapatero ha intentado dar pasos hacia la paz y hacia la normalización política, es decir hacia la sustitución de la violencia por el diálogo, pero, y desgraciadamente, ni el resentimiento del PP, ni la intransigencia criminal de ETA, han consentido por ahora al menos, que la iniciativa termine de cuajar. Las cartas siguen sobre la mesa. Habrá que esperar el desarrollo de la siguiente mano de la partida. Pero en todo caso, creo yo, la cuestión vasca, la relación amable de Euskadi con España, en palabras del mismo lehendakari, el encaje histórico vasco con la España Constitucional seguirá siendo la piedra de toque de la Democracia.