En los últimos 15 meses ha habido 12 elecciones presidenciales democráticas en una región que hace aproximadamente 20-25 años, en un contexto de guerra fría, los comicios democráticos constituían una excepción. Actualmente, la democracia electoral, la competencia por el poder, es un fenómeno que se extiende por toda la región. No obstante, la fortaleza institucional está lejos de consolidarse por la debilidad del Estado para ejercer una autoridad que alcance a todos y por las derivas autoritarias que se vislumbran en algunos países.
En una zona donde la desigualdad, la exclusión étnica y el machismo son factores discriminatorios de carácter estructural el acceso a la Presidencia del sindicalista Lula en Brasil, de Evo Morales en Bolivia y Michele Bachelet en Chile, al margen de la consideración individual que nos merezcan sus políticas, son evoluciones positivas, desde una perspectiva histórica.
El crecimiento económico en los últimos 3 años, de alrededor al 4%-5%, superior al europeo pero inferior al asiático, es una fotografía estimulante que no se traduce en el desarrollo económico necesario para disminuir los niveles de pobreza e inequidad que atenazan a la región.
La actual bonanza económica está sustentada en el alto precio de las materias primas, de las "commodities", además de en las exportaciones de productos agrícolas. Es una región productora de actividades extractivas de recursos naturales no renovables, favorecida por una demanda creciente proveniente de las potencias emergentes, especialmente China. Ante la voracidad del gigante asiático por las materias primas, su presencia en la región se revela como un factor estratégico de primera magnitud para el crecimiento y la inversión directa en la mejora de las infraestructuras básicas. Las materias primas se elevan a más del 75% de las exportaciones extra-zona. Mientras tanto, la región se ha desindustrializado y la participación relativa de la industria en la economía se ha reducido en 11 puntos desde 1970. La región que representaba en 1950 el 12% del comercio internacional, hoy sólo llega al 3%.
Lamentablemente gobiernos, como el Venezuela, no han utilizado este incremento de los ingresos públicos para incentivar las fuentes de producción y empleo, sino para otorgar donativos y dádivas a la población con ingresos más bajos haciendo cautivos del gobierno a miles de de ciudadanos, mientras los más capaces emigran. Para ser justos, nunca los más menesterosos de la población venezolana han visto tanto personal sanitario y educativo, aun cubano, tan cerca de sus viviendas, constituyendo este fenómeno una interpelación permanente al anterior sistema que se ahogó en su ensimismamiento elitista, despreciando las aspiraciones de los más desfavorecidos.
Pero una economía que fía totalmente su destino a sus recursos naturales tiene bases malsanas porque no hay una impregnación de los avances técnico-científicos en los procesos productivos y hay una tendencia a ignorar al capital humano, históricamente el principal productor de riqueza.
Uno de los factores más sangrantes y que retardan el crecimiento en la región es la exclusión social, provocada por una escandalosa desigualdad. La desigualdad en el país de América Latina con mejor distribución del ingreso, Uruguay, es mayor que la que presenta el país con peor distribución del ingreso en Europa del Este y el peor entre los países subdesarrollados. Esta falta de cohesión social impide aprovechar las potencialidades de crecimiento.
La política fiscal redistributiva, como instrumento principal para atenuar la desigualdad social y aliviar la pobreza es ineficaz, debido a su escasa recaudación. La carga tributaria en Latinoamérica, en los ingresos fiscales de los gobiernos, oscila entre el 8% y el 24% del PIB, mientras que el europeo se sitúa entre el 35 y 45%. No hay muchos contribuyentes, la economía sumergida está muy extendida, y las grandes corporaciones y fortunas eluden el fisco, en muchas ocasiones, con la aquiescencia del gobierno de turno.
Otra de las grandes fallas que evidencia la realidad latinoamericana es la carencia de políticas de integración en una región que tiene el enorme potencial de contar con 550 millones de habitantes. Ante la parálisis de Mercosur, la CAN (Comunidad Andina de Naciones) y la Comunidad Suramericana es vital la configuración de un mercado único para hacer más atractiva la región ante unos inversores internacionales que se dirigen, en gran parte, a los mercados emergentes asiáticos. No se puede afrontar el desafío competitivo, con garantías, sin fórmulas de integración regional que alcance, al menos, a sus sectores más estratégicos.
Aunque existan denominadores comunes, las generalizaciones uniformes son erróneas también en el caso latinoamericano. Por ejemplo, en un informe sobre competitividad global de un total de 117 países, Chile se sitúa en el puesto 27, mientras que Paraguay en el 102. Chile es el país puntero, siendo Brasil la gran potencia, porque ha sabido complementar una competente gestión macroeconómica con la transparencia, la apertura comercial y estabilidad institucional. Las soluciones no residen en la aplicación de políticas de derecha e izquierda, sino en la asunción de unos renovados valores culturales con los que afrontar la competitiva inserción en la economía global, desde un modelo sostenido de crecimiento en condiciones de equidad interna.
La inversión en educación superior y formación, en infraestructuras apropiadas así como la absorción de los avances técnico-científicos del exterior para la innovación son factores clave para alcanzar una mayor productividad e implantarse en el mundo desarrollado. El mundo avanza, se transforma, los países de la zona van a conmemorar el bicentenario de su independencia en los próximos años y sería un momento excelente para subirse, esta vez, a esa ola del desarrollo humano que ya se extiende a otras regiones incluso más desheredadas que el hemisferio sur americano.