Las reacciones a la manifestación de apoyo al lehendakari Ibarretxe y a las instituciones vascas del día 29 y a su comparecencia ante el juez el 31, son una buena síntesis de la situación en que se encuentra el país, y la política en general, desde el atentado de ETA militar del pasado 30 de diciembre.
La derecha política, eclesiástica y mediática está rabiosa. Por un lado, han visto que no pueden sacar tajada (electoral) del atentado de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Esto explica, sin duda, que el órgano de los obispos españoles haya vuelto al otro atentado: el del 11 de marzo de 2004.
El patético intento del Foro Ermua para impedir que un grupo de ciudadanos (más o menos numeroso) ejerza un derecho democrático muestra el verdadero talante de una de las plataformas "cívicas" montadas por Mayor Oreja. El Partido Popular y los suyos llevan años tratando de marginar al PNV. José Antonio Zarzalejos llegó a acusar a Zapatero de tratar de "amnistiar" al PNV por "lo de Lizarra". ¿Quién amnistiará a la derecha? Siguiendo los criterios de la Audiencia Nacional en casos como los de Pinochet o el teniente de navío Scilingo, hay algunos dirigentes del Partido Popular que podrían ser procesados, por ejemplo, como responsables de la matanza de Vitoria de marzo de 1976. Claro que, para matanzas, las de Irak (600.000 muertos desde el comienzo del ataque propiciado por Aznar), una guerra ilegal -y unas víctimas- que no ha merecido la atención del poder judicial.
La derecha lleva presionando a los jueces y fiscales desde, por lo menos, el 14 de marzo de 2004. En la COPE, directamente se les insulta. Hace uno días Luis Herrero, europarlamentario del Partido Popular, se despachaba a gusto con el fiscal general del Estado, Cándido Pumpido. El tal Herrero es hijo de Fernándo Herrero Tejedor, un fiscal falangista que, junto a Ramón Oreja Aguirre, inventó el tenebroso Tribunal de Orden Público. El padre del tertuliano fue, además, ministro-secretario general del Movimiento, quien organizó, con Peralta España, la represión que siguió al último "estado de excepción". Federico Jiménez Losantos, directamente, se dedicó, un día a insultar al juez Baltasar Garzón mientras "entrevistaba" al portavoz del Poder Judicial (que, lógicamente, otorgaba en silencio) y, al día siguiente, hizo gala de su mejor repertorio de insultos dedicados al juez del Olmo (el del 11-M). Esto no son presiones.
El PSOE ha quedado tocado tras el atentado. Las sucesivas declaraciones de José Antonio Pastor, por ejemplo, siguen mostrando viejos tics antinacionalistas. Los encuestas que circulan (incluidas las propias) no resultan especialmente favorables. No recogen tanto voto del Partido Popular como pensaban y el PNV, sobre todo en Bizkaia, se consolida como fuerza hegemónica.
La izquierda radical en su línea. Imponiendo a los demás lo que tienen que hacer y cómo deben hacerlo. Pernando Barrena, en su última alocución, decía a los convocantes de la manifestación de Bilbao que deberían haber dirigido sus esfuerzos a sacar adelante su estrategia (la de los radicales) y, además, cómo hacerlo. No dice nada de ETA, que es la que, por ejemplo, impide que muchos no participemos en manifestaciones en las que participe Batasuna.
En medio de todo esto la huelga de hambre de Iñaki de Juana Chaos, un buen ejemplo de cómo funciona la ley del embudo. De Juana ya ha cumplido condena por sus crímenes. Ahora, se le ha juzgado por unos artículos de opinión desempolvados para impedir que saliese de la cárcel. ¿El delito? Amenazas terroristas (que no están nada claras). Y, para impedir que el reo salga de la cárcel, los magistrados de la Audiencia Nacional "hicieron piña". Eso sí, todos se olvidaron que, hace tan sólo unos días, Ricardo Sáez de Ynestrillas amenazó de muerte a un procesado que estaba siendo juzgado en la Audiencia Nacional. Yo lo ví en los informativos. Es raro que no lo haya visto ninguno de los magistrados, a pesar de que fueron amenazas en sede judicial.
Los extremos siguen tratando de aprisionar a la mayoría democrática en medio de sus filias y fobias y, al final es esto lo que, por un lado, impide el avance hacia la paz (y la prosperidad de los ciudadanos vascos) y, por otro sentar la bases, para solucionar un conflicto vivo desde por lo menos 1839.