Pelotazo a la vista

Pero lejos de recapacitar y corregir esta situación, el máximo responsable de la ciudad y del Partido Popular en Álava ha decidido que ante el más que probable fin de su ciclo político, lo mejor es poner en práctica una estrategia de huída hacia delante, tomando decisiones que caducan a las pocas semanas debido a la contestación social que provocan. Ejemplos recientes son el proyecto de desdoblamiento de la calle Iturritxu o la reforma de la plaza de la Virgen Blanca. El señor Alonso ha optado también por costear con 800.000 euros de las arcas municipales campañas publicitarias del PP en forma de ostentosas carpas, así como sabotear propuestas legítimas avaladas por la mayoría de la Corporación.

Una muestra de esto último es la decisión tomada por el alcalde en el seno de la Junta Gobierno Local para convocar sendos concursos para vender tres parcelas, dos para levantar torres de oficinas y una para construir un hotel en la plaza de Euskaltzaindia del barrio de Lakua, decisión cuya consecuencia inmediata es la de hacer imposible que en ese espacio se pueda levantar en un futuro próximo un gran equipamiento cultural, como deseamos la mayoría absoluta de la Corporación. Además de actuar desde la venganza y el resentimiento con el fin de fastidiar a la oposición, se dan otros elementos que cuestionan seriamente la legalidad del procedimiento para poner en el mercado esas parcelas.

Tras un exhaustivo análisis de los expedientes y después de consultar con expertos juristas de la ciudad, podemos afirmar que nos encontramos ante un concurso manifiestamente ilegal por vulnerar artículos de hasta tres leyes diferentes: la Ley de Bases de Régimen Local, donde se establece que los ingresos obtenidos por la venta deben estar contemplados en el presupuesto municipal, no siendo el caso ya que en el de 2006 no figura esta operación y el de 2007 simplemente no existe; la Ley vasca de Suelo y Urbanismo, que fija el destino concreto de los ingresos obtenidos por la venta de patrimonio público, siendo en este caso diferentes; y la Ley estatal de Suelo y Valoraciones, que regula el método a seguir para valorar económicamente las ventas de suelo público. El texto legal señala claramente que en caso de existir valoración catastral actualizada y en vigor, como es el caso, debe ser esta referencia, y no otra, la única a tener en cuenta a la hora de fijar el precio de salida.

Pues bien, en el caso de estas tres parcelas el gobierno municipal ha recurrido a otros métodos ya que los que derivan de la valoración catastral aprobada por la Diputación Foral de Álava hace dos años le parecen excesivos. Como consecuencia de ello, en lugar de ingresar el Ayuntamiento 25 millones de euros como mínimo, se pasa a una cantidad de 9 millones. Es decir, el capricho del alcalde para resolver este concurso cuanto antes y fastidiar de paso los planes de la mayoría de la Corporación nos cuesta la friolera de 16 millones de euros (más de 2.700 millones de pesetas) que se dejan de ingresar. Una vez más, la defensa del interés público no figura en los planes de Alfonso Alonso.

Lejos de reconocer su error, el PP -en boca del señor Maroto- justifica la decisión diciendo que el valor señalado por el PNV es para suelo residencial y que somos unos ignorantes. Una de dos: o Maroto miente otra vez o desautoriza a sus compañeros de Diputación, que en Consejo de Diputados aprobaron el valor catastral de esas parcelas. Evidentemente, no dice la verdad y se escuda en un argumento rotundamente falso para justificar lo injustificable.

Por todo ello, desde el PNV hemos decidido poner en marcha una batería de iniciativas políticas y jurídicas con el propósito de parar este acuerdo rotundamente ilegal e impulsar una modificación del planeamiento de la plaza de Euskaltzaindia que posibilite distintos usos incluido, por supuesto, el de ese gran equipamiento cultural que tanto necesita Vitoria-Gasteiz: el Palacio de Congresos, de Exposiciones y de la Música. Además, si la posición mayoritaria del Pleno y el recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local no son suficientes para cambiar las intenciones del alcalde, acudiremos al Juzgado de lo contencioso-administrativo para que sea un juez el que dictamine si este concurso se ajusta o no a la legalidad.

Apelamos al sentido de la responsabilidad del alcalde para que reconsidere su postura, de lo contrario entenderemos que, una vez más, el interés privado habrá derrotado al interés público. No sería extraño, y hasta nos lo imaginamos, que en algunos despachos ya se están frotando las manos pensando que, de seguir así las cosas, un nuevo “pelotazo” acecha en la ciudad.